Los municipios turísticos con alquiler desbocado quedan fuera de la regulación de precio de la nueva Ley
Viella, Naut Aran, Cadaqués, Platja d’Aro o Begur no aparecen en el listado de la Generalitat de 140 poblaciones donde se podrá topar la renta de las viviendas
En Naut Aran, en temporada alta, hay trabajadores de las estaciones de esquí viviendo en furgonetas u hoteleros que alojan a su personal en antiguos hoteles de Viella. La razón, que el precio del alquiler está imposible. En Cadaqués los jóvenes no encuentran vivienda para quedarse en el pueblo y muchos trabajadores de la restauración viven a media hora, 45 minutos… o incluso en Figueres. La razón es la misma. Y en Begur, un empresario de la hostelería optó por prescindir de algunas habitaciones de su hotel para poder alojar al personal, y los vecinos del pueblo que viven de alquiler tiemblan por si se podrán quedar en casa cuando se les acabe el contrato. De nuevo, el precio del alquiler lo explica todo. Pese a ser mercados tensionados, donde a veces hay más pisos turísticos y segundas residencias que viviendas habituales, estos municipios turísticos catalanes no aparecen en el listado de los 140 municipios que la Generalitat ha declarado zona de mercado tensionado, paso previo a la regulación de precios que prevé la Ley por el derecho a la vivienda aprobada en mayo. Cataluña ha sido la primera comunidad autónoma en enumerar esas zonas conflictivas, con la idea del Govern de ser ágil en su tramitación para poderla presentar cuanto antes al Ministerio y ser la primera comunidad en aplicar la ley.
Algunos municipios tienen previsto presentar alegaciones para conseguir la declaración, otros no se muestran preocupados ni interesados en la cuestión. Lo hará Vall de Boí, Viella lo estudiará y Camprodon ha contactado con el Departamento de Territorio. En Naut Aran no responden y en Begur su Consistorio declina hablar del tema. La alcaldesa de Cadaqués, Pia Serinyana, tampoco responde, pero en marzo pasado se mostró partidaria en un reportaje de TV-3 de que los pisos sin licencia “salgan al mercado residencial”. La primera edil de Vall de Boí, Sònia Bruguera, lamenta que el municipio “no esté incluido en el listado”. “Según un estudio de vivienda elaborado por el consejo comarcal de la Alta Ribagorça, tenemos problemas, sobre todo en verano y temporada de esquí”, explica y revela que presentarán alegaciones. La alcaldesa de Bellver de Cerdanya, Laia Serra, reconoce que desconocía la lista del Govern y explica que les interesaría ser nombrados área tensionada “según los beneficios que nos pueda reportar”. “Una persona que es propietaria de una vivienda prefiere alquilarla como uso turístico”, añade. Volviendo a la costa, desde Platja d’Aro desconocían con qué datos se han elaborado las listas y en Roses esta situación ha coincidido con un cambio de gobierno.
La secretaria de Vivienda de la Generalitat, Marina Berasategui, señala, de entrada, que los 140 municipios del listado concentran al 80% de la población catalana. Y apunta que “para atender especificidades hay el periodo de alegaciones abierto”, un plazo que finaliza el día 19. En paralelo, están atendiendo consultas de municipios interesados en ser declarados zona de mercado tensionado, aunque advierte: “Se podrán estimar las peticiones siempre con criterios objetivos, en ningún caso con discrecionalidad. La declaración no niega que haya problemas, pero no nos podemos saltar la Ley”.
En la ley catalana que frenó las subidas de alquiler entre septiembre de 2020 y marzo de 2022, cuando la tumbó el Tribunal Constitucional, eran los municipios quienes solicitaban la declaración de área de mercado tensionado a partir de una exhaustiva memoria. En la Ley de Vivienda, de ámbito español, son las comunidades autónomas las que presentan el listado al Ministerio, que debe publicar la declaración final. En Cataluña el punto de partida ha sido el Plan Territorial Sectorial de Vivienda, un documento que planifica a largo plazo, con indicadores de contexto demográfico y urbanístico parecidos a los que exige la Ley española. El Plan (que identifica municipios que pueden adoptar el compromiso de alcanzar, en 20 años, un 20% de viviendas sociales sobre el total del parque residencial) recoge 163 poblaciones con “demanda fuerte y acreditada de vivienda”.
Y de estos 163, 140 cumplen con los dos requisitos que la Ley de Vivienda fija para las declaraciones de mercado residencial tenso. Uno, que la carga media del coste del alquiler o la hipoteca supere el 30% de los ingresos medios o la renta de los hogares. Y dos, que el precio de la vivienda haya subido más de un 3% del IPC en los cinco años anteriores a la declaración. La secretaria de Vivienda insiste en que son 140 municipios (el doble de los 70 que lo solicitaron con la ley catalana). “Con las alegaciones se valorará si la lista debe contemplar más poblaciones”, insiste, al tiempo que apunta al “abordaje del control y seguimiento de la fuga de alquileres residenciales a la oferta de temporada (menos de un año) o viviendas de uso turístico”.
Fuentes jurídicas del sector inmobiliario apuntan a varias causas sobre por qué los municipios turísticos citados no aparecen en el listado: de entrada, no estaban entre los 163; tampoco solicitaron regular el alquiler cuando estuvo vigente la ley catalana de contención de rentas; y, además, añaden que las fórmulas para frenar los alquileres están pensadas más en clave urbana que turística. Otra razón, apuntan los propios municipios, puede ser que las elevadas rentas de sus habitantes impidan cumplir con la condición de que los vecinos destinen más del 30% de sus ingresos a vivienda.
En Viella (5.600 habitantes y 2.075 residencias principales y 2.288 secundarias, según los últimos datos oficiales, de 2011), el teniente de alcalde de Administración pública y Economía, Alberto López ve “sorprendente que un destino turístico” como el municipio “no aparezca”. “La vivienda de alquiler es un problema, aunque de temporada, para que familias que se quieren afincar en el territorio encuentren alquileres asequibles y dignos”, dice López, quien remacha: “La especulación no solo viene por la estacionalidad, sino porque no hay alquileres de 12 meses. El parque de viviendas es muy grande, pero en gran parte está dedicado al turismo o a segundas residencias, que no se adaptan a las necesidades de una familia, porque son pequeñas y pensadas para estancias cortas”.
El alcalde, Juan Antonio Serrano, mantiene que “el problema del precio de la vivienda en España son las viviendas turísticas” y recuerda que Viella les puso coto con una norma que fija que solo pueden ubicarse en casas unifamiliares. Asegura que han puesto solares a disposición del Govern para hacer vivienda pública, pero que la administración no construye “desde hace 20 o 25 años”.
Otro termómetro de la problemática del alquiler en estos municipios es echar un vistazo en portales inmobiliarios. En Idealista, este jueves aparecían 13 alquileres disponibles en Viella. En Naut Aran, 1. En Cadaqués, ninguno. Y en Begur, 21, la mayoría chalés, que alcanzan los 34.000 euros mensuales de alquiler (aunque hay dos por 950 euros). “En el pueblo hay hosteleros que alquilan pisos fuera de Begur para sus trabajadores y les facilitan el transporte, y para los vecinos, el mercado dificulta quedarse en el pueblo ante cualquier contratiempo, como la no renovación de un contrato o una separación”, señala una vecina, Maria Puig.
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