Tamara Carrasco, la ‘cdr’ que estuvo un año sin poder salir de su municipio, reclama una indemnización al Gobierno

Tamara Carrasco, una mujer de Viladecans que fue detenida por un delito de terrorismo y que se pasó un año sin poder salir de su municipio, reclama al Gobierno que responda patrimonialmente por ello. Carrasco fue finalmente juzgada por un delito de incitación a los desórdenes públicos y absuelta. En un escrito remitido al Ministerio de Justica, compara el agravio de la medida cautelar que le impedía salir de su ciudad con la prisión preventiva que sufren personas posteriormente absueltas. Y entendiendo que ella no fue encarcelada, sí considera que sufrió daños morales por la privación de libertad deambulatoria, y lo cifra en la mitad que se paga, según la jurisprudencia, a las personas que han estado en prisión: 60 euros por día. En total, 24.660 euros por los 411 días en los que estuvo en vigor la disposición.

En la reclamación, interpuesta por el abogado Benet Salellas, y avanzada por Vilaweb, critica la resolución judicial cautelar tomada por la Audiencia Nacional, que instruyó inicialmente la causa contra Carrasco por los delitos de terrorismo, rebelión y sedición. Carrasco era la autora de un audio, en un momento álgido del procés, donde informaba de una reunión de los CDR con medidas para provocar desórdenes. En la sentencia absolutoria, el tribunal negó que Carrasco diese consignas para alentar esos desórdenes. “Se trata de una medida con afectación clara y directa al derecho de libertad deambulatoria” en un proceso que acabó con la absolución de Carrasco, critica el escrito. Una medida que considera “indebida” y que exige una reparación por los “daños morales”. Y cita como ejemplo la denegación del tribunal de la petición de Carrasco de cuidar de su madre, que se había fracturado un pie y vivía en otro municipio.

También señala que “no existe precepto que ampare la decisión judicial de limitar la libertad deambulatoria de un ciudadano en forma de confinamiento municipal”, con la excepción de que una víctima de un delito solicite medidas de protección, que no era el caso. La disposición judicial, sigue, “ni se justifica en términos de objetivo legítimo y necesario en una sociedad democrática”.

Carrasco ha presentado la reclamación antes de que expire el año desde que devino firme su sentencia absolutoria, que confirmó el Tribunal Supremo en mayo de 2022. El Ministerio de Justicia ha notificado al abogado de Carrasco que ha recibido la reclamación, dispone de un año para tramitarla, y para responder deberá pedir un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre su expediente, informa Europa Press. En el caso de que el Ministerio considere que la activista no debe ser indemnizada, Carrasco podría recurrir a la vía judicial mediante un contencioso administrativo y elevarlo si fuera el caso al Supremo.

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