El reto del voto extranjero en Barcelona: “Muy poca gente de origen inmigrante participará”

La participación de una parte sustancial de los votantes en las próximas municipales de Barcelona se decide este mes: en concreto, unos 138.000 residentes extranjeros en la ciudad. Los nacidos en la Unión Europea (UE) tienen hasta el 31 de enero para inscribirse en el Centro de Extranjeros Residentes (CERE); los de países extracomunitarios con acuerdos con España, hasta este lunes. Los llamamientos de las administraciones y algunos partidos contrastan con el sentimiento de desafección y la baja participación de este colectivo.

En las municipales de 2019 solo se censó un 21% de la ciudadanía europea y un 4,2% de los extracomunitarios con derecho a voto en Barcelona, una ligera mejora respecto a la anterior cita electoral en 2015 (14,9 y 2,5% respectivamente). Si se hubieran inscrito el total de 105.000 potenciales votantes extranjeros, según cálculos elaborados por ERC con datos del Ayuntamiento, en vez de los 22.914 finales, los residentes extranjeros hubieran representado un 8,57% del censo.

Para inscribirse en el CERE, un vecino extranjero debe cumplir tres requisitos: tener una nacionalidad de la UE o de alguno de los 13 países que tiene un acuerdo de reciprocidad con España; estar empadronado en Barcelona y tener un permiso de residencia de al menos cinco años (para los extracomunitarios). La mayoría de países con estos convenios son latinoamericanos (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago), frente a tres europeos (Reino Unido, Noruega e Islandia) y tres del resto de continentes (Corea, Cabo Verde y Nueva Zelanda).

El 20% de la población barcelonesa es extranjera, según los últimos datos del padrón disponibles (enero de 2022). De estos 363.566 residentes, hay 84.520 vecinos de la UE mayores de 20 años y 54.096 ciudadanos de esa franja de edad de países con convenio. De esos 138.616 votantes potenciales, hay que descontar a los extracomunitarios con un permiso de residencia de hace menos de cinco años y los que ni lo tienen. ERC denuncia que esa cifra excluye a muchos migrantes porque en este colectivo muchos presentan una situación administrativa irregular. El INE publicará en abril el censo electoral con la cifra oficial de cuántos extranjeros votarán en mayo.

Muchos de estos acuerdos se ratificaron en el Congreso de los Diputados antes de las elecciones generales de mayo de 2011. Tres años antes, Javier Bonomi se manifestaba en la plaza Sant Jaume del Ayuntamiento de Barcelona para exigirlo con sus compañeros. El activista italo-argentino preside la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña (Fedelatina), que fundó hace 18 años poco después de instalarse en España. Celebra la administración se ha tomado “más en serio” la campaña para ejercer este derecho “por la televisión y otros canales”, aparte de la simplificación de algunos trámites. Según el Consistorio, se han realizado carteles, anuncios en redes sociales, sesiones informativas y hasta una carta de la alcaldesa por correo postal.

Sin embargo, Bonomi lamenta que “el desinterés por votar es muy grande”: “Muchos nos sentimos como el último escalafón de las prioridades de un gobierno municipal cuando nuestros problemas del día a día son los mismos de toda la gente: vivienda, trabajo, trámites... Me parece espectacular que se animen a votar, pero nuestra realidad es que muy poca gente de origen inmigrante participará”.

Señala que uno de los factores detrás de esta desafección es la falta de representatividad. “En proporción a la población, hay muy pocas personas de origen inmigrante en cargos políticos y otros puestos de responsabilidad”. Ilustra las repercusiones de este fenómeno con una anécdota: “El personal de seguridad decía a una amiga mía que comenzó a trabajar en una oficina del Ayuntamiento cuando entraba que el personal de limpieza entrara por la otra puerta”.

En los comienzos de Fedelatina también estaba Carmen Bermúdez, que ahora participa en el Consell Municipal d’Immigració como presidenta de la Federación de Asociaciones de Colombianos en Catalunya. Se alegra de que, una generación después, existan centros de acogida y de referencia como los suyos. “No quiero que la gente pase lo que pasé yo con mis dos niños pequeños”, comenta mientras recuerda que trabajó varios años en el sector servicios sin contrato para sacar adelante a su familia monoparental. Lo primero que hizo Bermúdez al obtener sus papeles hace 22 años fue inscribirse en el censo: “Fue la mejor forma de decir ‘aquí estoy’”. Admite que cuesta que muchos de sus compatriotas hagan el mismo trámite, pero defiende que es un paso decisivo para integrarse: “Hay que darles caña”.

“Las personas migrantes están condenadas a trabajos precarizados por la Ley de Extranjería y las políticas públicas donde no pueden participar”, denuncia Victoria Columba, coordinadora estatal del Movimiento ‘RegularizacionYa’. Señala que estas dificultades laborales “no permiten acceder a información”, además de añadir vías burocráticas donde “todo es citas y pagos” que confluyen en la sensación sensación de “nadie” les representa. Aunque “hay personas que se han colado en esas grietas y hacen más amables los espacios antirracistas en los ayuntamientos”, Columba concluye: “Las personas migrantes no vamos a sentir que alguien defienda esos derechos sin un discurso sobre la migración como un avance de las sociedades diversas”. Su entidad consiguió en diciembre 700.000 firmas para tramitar una Iniciativa Legislativa Popular que facilite los trámites para que cerca de medio millón de migrantes que viven y trabajan en España formalicen su situación administrativa.

Para hacer el trámite existen tres vías: por correo postal, en las Oficinas de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona o a través de la web www.ine.es. Más información en https://www.barcelona.cat/comvotar/ca/

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