La favela del Besòs desborda a las administraciones: solucionarlo “no será fácil ni rápido”

Hace un año moría una pareja en un incendio, al intentar calentarse, en la barraca que acababan de estrenar en el poblado de Montcada i Reixac situado entre el río Besòs y la carretera de La Roca. Muchos en el pueblo ya lo llaman la favela: las chabolas se extienden a lo largo de más de un kilómetro y en una zona inundable. El suceso situó en la agenda pública un enclave en tierra de nadie, en la periferia de un municipio periférico de la gran Barcelona. Las entidades vecinales y ambientalistas de la zona llevan casi una década alertando de un fenómeno que ahora la propia Generalitat admite que no será “fácil ni rápido” solucionar. En la zona hay 400 parcelas con huertos (cada vez menos), barracas y actividades económicas sin licencia, como desguaces o talleres. El enclave no se ha extendido el último año pero es de más difícil acceso: se han cerrado con cadenas algunas de las calles que lo cruzan y los cierres perimetrales levantados con planchas o plásticos han crecido en altura.

Después del incendio de hace un año, la alcaldesa de Montcada, Laura Campos (En Comú Podem), pidió, por enésima vez, ayuda para gestionar un enclave que definió de “olla a presión”. Igual que han hecho, cuando la pobreza más intensa que expulsa Barcelona les ha estallado en la cara, todos los alcaldes a orillas de tramo final del río Besòs, que concentra y bate récords de vulnerabilidad. Este núcleo de chabolas no es el único de Montcada, pero sí el mayor. Esta vez las administraciones se arremangaron ante el clamor de la alcaldesa y crearon la Comisión Técnica para la Gestión del Barraquismo en el cauce del río Besòs. La coordina y preside la delegación del Govern en Barcelona y la integran diferentes departamentos de la Generalitat, el Consorcio del Besòs, el Ayuntamiento de Montcada, la Diputación y el Área Metropolitana de Barcelona.

La comisión encargó en mayo pasado una diagnosis del poblado que sea punto de partida para desmantelarlo y dar alternativa a sus habitantes. No estará listo hasta febrero o marzo. El delegado del Govern, Joan Borràs (también alcalde de El Papiol, de ERC), recuerda que son cinco estudios: sobre la situación social, la medioambiental (hay una laguna de gran valor ecológico), un análisis de riesgos, sobre seguridad ciudadana y un informe jurídico (el suelo tiene varios propietarios). “Con el resultado crearemos tres grupos de trabajo para ver como afrontamos el problema, pero la situación es muy compleja y poliédrica, no será fácil ni rápido”, admite.

Borràs avanza que los resultados preliminares apuntan a que en la zona malviven 100 personas, el doble de lo que se dijo hace un año. Sin agua y sin luz. O con agua captada de una laguna o depósitos y la luz pinchada o de generadores. Y confirma que en el poblado hay menores. “Por su tamaño es como un pueblo, hay situaciones variadas: de mucha vulnerabilidad, personas que viven allí y tienen empleo fuera, niños escolarizados, actividades económicas [al margen de la ley], huertos con uso de fin de semana…”, concreta y defiende que la situación sea “definitiva”. Porque la experiencia demuestra que si no se dan alternativas de vivienda cuando se desmantelan barracas, sus habitantes buscan otros espacios libres. “Es un tema de país importante, hemos de pensar que a 12 kilómetros río abajo habrá el hub del audiovisual Cataluña Media City”, en las Tres Chimeneas.

La alcaldesa de Montcada asegura, esperanzada, que la comisión “está trabajando muy bien”, pero también sabe que “el problema es muy complejo y requiere abordar la vertiente social, que es la prioritaria, pero también la de seguridad, gestión de residuos o ambiental”. Campos señala el “hermetismo” del enclave, donde hay “personas que malviven de forma permanente, algunos empadronados en Montcada y usuarios de servicios sociales, pero otros no”. “Cuesta mucho acceder a las parcelas y a las familias”, advierte. El Consorcio del Besòs cuantificó en tres millones de euros lo que costaría gestionar solo los residuos del asentamiento.

Sergi Argelès, activista de entidades locales como el Observatorio Territorio y Medioambiente o La Màquia, recuerda que llevan una década “denunciando la problemática ambiental” que las barracas y actividades económicas generan en un entorno de gran valor natural como es el Pla del Besòs. “Cuando no se encaran los problemas, crecen, se enquistan y se agravan hasta provocar situaciones de enorme vulnerabilidad y necesitar una bestialidad de recursos que se hubieran podido frenar”.

El veterano presidente de la asociación de vecinos de Can Sant Joan y representante de Montcada en la Coordinadora vecinal del Baix Besòs, José Luis Conejero, recuerda que la pasada Nochebuena hubo otro incendio, sin víctimas. Suele avisar del enorme daño que un fuego podría causar en el enclave. “Está bien que se hayan puesto a estudiar la situación, pero tardan tanto que podría ocurrir que cuando acaben haya ocurrido una desgracia. Si las actuaciones no son rápidas, la realidad nos pasará por encima, nadie de los que están allí es por gusto”. Antonio Alcántara, también de la asociación vecinal, suele insistir en la idea de que “un índice de vulnerabilidad tan alto, tan concentrado y de tan larga duración, es pobreza y es una injusticia”. “Los indicadores son brutales y es precisa una política global y con mirada larga”, considera.

La directora general de Servicios Sociales de la Generalitat, Mariona Homs, apunta también que “la problemática es compleja y hay que abordarla de forma transversal” y mantiene que su área “está comprometida en la lucha contra el sinhogarismo y la infravivienda”. “Apoyaremos al Ayuntamiento y traduciremos esta voluntad en acciones concretas para dar soluciones a estas personas”, asegura. El último censo oficial sobre personas viviendo en infraviviendas en Cataluña data de 2016.

En diciembre, la coordinadora vecinal y los alcaldes del Baix Besòs (Barcelona, Montcada, Sant Adrià, Santa Coloma y Badalona) firmaron una hoja de ruta con compromisos de mejora medioambiental, urbanística, de políticas de vivienda y de las infraestructuras, del tejido productivo, y de reducción de la vulnerabilidad social. Es un avance, pero de nuevo sin presupuestos ni calendarios para una agenda, la Besòs, cuya carpeta nunca es la primera de la pila.

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