Cataluña afronta el invierno de la crisis energética con solo 42 contadores sociales de luz

Tras un inicio de otoño más cálido de lo normal, el frío ya ha llegado a Cataluña. Y con él llega el temor sobre qué impacto puede tener este invierno la crisis energética por el contexto de subida de precios en las facturas de la luz y del gas. Cataluña cuenta con varios instrumentos para hacer frente a la pobreza energética —que, según la encuesta de las condiciones de vida del Idescat, afecta a un 15,9% de los catalanes que en 2021 no se pudo permitir mantener su casa a una temperatura adecuada, un porcentaje que las entidades pronostican que ha escalado este año—, pero mientras algunos se van desbloqueando, otros aún tienen una efectividad muy débil. Este miércoles, el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha explicado en el Parlament que las administraciones y Endesa asumirán conjuntamente en los próximos días la deuda generada en 2021 en las facturas por parte de 41.000 familias con dificultades, un monto que asciende a los 17,9 millones de euros. Esta condonación se hace en virtud del convenio que firmaron las administraciones con Endesa en marzo de 2021, un acuerdo que incluía otro punto, según el cual las familias vulnerables que viven en viviendas ocupadas pueden solicitar un contador social, para evitar que pinchen la luz. Pese a que existe este mecanismo, solo hay instalados 42 de estos contadores.

Cataluña cuenta con una legislación más avanzada que otras comunidades en materia de protección de las familias frente a la pobreza energética, pero su despliegue ha sido lento y costoso. La ley 24/2015, impulsada hace siete años por las entidades sociales, actúa en varias direcciones con respecto a la energía, siendo una de las más importantes el hecho de que prohíbe a las empresas cortar la luz, el gas o el agua a las familias que tengan un certificado de vulnerabilidad de los servicios sociales. “Afrontamos el invierno con una normativa bastante consolidada en este sentido”, explica Josep Babot, uno de los portavoces de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE). En su opinión, el problema ha sido hasta ahora la deuda que generaban las familias al no poder pagar las facturas. En base a la ley, en marzo de 2021 se firmó el acuerdo con Endesa (que tiene el 65% del mercado energético catalán y el grueso de las familias vulnerables) en el que la energética asumía toda la deuda generada por familias con dificultades entre 2015 y 2019, y el 50% de la deuda generada a partir de entonces, quedando el otro 50% a cargo de las administraciones.

Los 17,9 millones de euros de deuda contraída por familias vulnerables en 2021 representan el doble de la que contrajeron en 2019 y 2020, y pese a que Campuzano ha explicado que se asumirá en los próximos días, está por ver cómo se repartirá la mitad que tienen que condonar las administraciones (es decir, cómo queda el acuerdo entre la Generalitat y los Ayuntamientos). El compromiso para condonar la deuda de 2021 ya viene de la anterior consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera, mientras que a lo largo del primer trimestre del próximo año se conocerá la cifra de deuda contraída por las familias en 2022. “El número de familias y también las cantidades debidas seguramente subirán, porque los precios de la energía han subido”, dice Babot.

El portavoz de la APE explica que, gracias a estos mecanismos, las familias vulnerables que viven de forma regulada (con contrato de alquiler) no acostumbran a acudir a prácticas como pinchar la luz. Algo que sí puede ocurrir en los casos de familias que ocupen viviendas. En el convenio, Endesa se comprometió a instalar contadores sociales de luz en estos pisos (con los que se evita que pinchen la luz y se calcula el consumo aunque sea para generar deuda), siempre que se acredite la vulnerabilidad de la familia, se aporte el padrón, y que se certifique que la red eléctrica está en condiciones. Según los datos de Endesa, hay instalados 42 contadores temporales. Ocho de ellos están en Sallent, siete en Santa Eulàlia de Ronçana, siete en Lloret de Mar, tres en Blanes, tres más en Sant Feliu de Guíxols, mientras que otras 14 poblaciones solo tienen uno. Barcelona no tiene ninguno y en la lista solo hay un municipio metropolitano, Sant Feliu de Llobregat, que tiene un contador. “Es una cifra ridícula, porque sabemos cuál es la magnitud de esta problemática, y es que las familias, sin un contador social, tienen que escoger entre vivir a oscuras o pinchar la luz. La medida está dirigida a asegurar la dignidad de la familia pero también la seguridad, para que no haya incendios como los del año pasado”, señala Babot. Entre las causas de su baja implementación está la negativa de los Ayuntamientos a entregar un documento que, según la APE, pide Endesa, y que serviría para indicar que la solicitud del contador social viene del Ayuntamiento. “El convenio dice que la solicitud tiene que venir de la familia siempre que cumpla los requisitos”, explica Babot. Por su parte, Endesa explica que está trabajando en una campaña para promover el bono social, que tienen ya 107.700 familias con la energética (9.800 más que a finales de 2021).

Desde el colectivo de los bomberos de la Generalitat, Antonio del Río (UGT), alerta de que con la llegada del invierno aumentarán los incendios en domicilios, como ha ocurrido en los últimos años. En Barcelona, apunta, hay protocolos para detectar situaciones de peligro, pero los bomberos de la Generalitat llevan desde 2015 alertando de que la pobreza mata y piden que, como observadores privilegiados, además de dejar constancia en sus informes de que la pobreza energética está vinculada a los fuegos, las alertas lleguen a servicios sociales u otros departamentos. El Departamento de Interior de la Generalitat argumenta que “los informes de los bomberos son técnicos y determinan factores de origen posible, propagación y evolución” y que otra información “de carácter cualitativo, como las circunstancias de los residentes, debe valorarse desde otras áreas”. Del Río concreta que la pobreza energética genera “riesgos eléctricos como consecuencia de instalaciones defectuosas, tomas sin protecciones, sobrecargas de instalaciones, además de los riesgos que conlleva la utilización de braseros y estufas improvisadas de leña y gas”. “En mi vida había olido tanto a leña”, dice y admite que parte de las chimeneas pueden ser de personas con rentas medias que este año las encienden para ahorrar, pero también de familias sin recursos que se calientan con lo que encuentran”. Con la inflación, añade, “todo se agrava”, “cada vez hay más asentamientos, más bolsas de pobreza en las ciudades y gente mayor muriendo en soledad, calentándose como pueden o sin calentarse porque quedan fuera de los circuitos de asistencia”. Carles Sagués, de la plataforma Sant Roc Som Badalona, señala que, además de los incendios, en barrios con altos índices de vulnerabilidad se producen muchos cortes de luz. Como ha ocurrido en los últimos años en Sant Roc, donde la suma de luz pinchada e instalaciones obsoletas provoca constantes sobrecargas. A veces hay incendios, pero en otras ocasiones, para evitarlo, los vecinos “lo apagan todo” y se quedan sin poderse calentar.

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