Félix Millet, investigado otra vez por ocultar ingresos para no indemnizar al Palau de la Música

Un juzgado de Barcelona ha abierto otra investigación al expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet y a quien fuera su mano derecha Jordi Montull, por ocultar ingresos del alquiler de sus inmuebles embargados para evitar indemnizar a la entidad cultural por los 23 millones expoliados. En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 12 de Barcelona ha citado a declarar como imputados para el próximo mes a Millet y a Montull, quienes cumplen sendas condenas de 9 años y 8 meses y de 7 años y medio por saquear el Palau de la Música, que debe ser resarcido por los 23 millones de euros desviados, aunque hasta ahora solo ha recuperado nueve.

Esta es la segunda causa que se abre a los exresponsables del Palau por intentar burlar presuntamente su obligación de indemnizar al Palau de la Música: a Millet lo investiga un juzgado de Granollers (Barcelona) por la desaparición de bienes embargados en su casa —un piano de cola y unos colmillos de marfil, entre otros— y Montull ya espera juicio por ocultar los ingresos que cobraba por el alquiler de una finca embargada. En la causa contra Montull y su esposa Mercè Mir —condenada también por lucrarse con el expolio del Palau e investigada junto a él por ocultar que cobraba los alquileres—, la Fiscalía ha presentado ya su escrito de acusación, en el que les pide dos años de cárcel por un delito de frustración a la ejecución. En su escrito, la Fiscalía sostiene que el matrimonio arrendó en diciembre de 2019 un inmueble de El Masnou (Barcelona) que tenía embargado, por el que cobraron 31.500 euros en total durante un año hasta que se descubrió el engaño, mientras Montull manifestaba a la Audiencia de Barcelona que sus únicos ingresos eran los 2.000 euros de su pensión de jubilación.

El pasado mes de julio, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música presentó una nueva denuncia tras constatar que los saqueadores del Palau de la Música estaban ocultando además a la Audiencia de Barcelona, encargada de ejecutar la sentencia, los ingresos que perciben por el alquiler de otros inmuebles embargados por la justicia. Y no solo los exresponsables del Palau, también la exdirectora financiera Gemma Montull —hija de Montull y a quien la justicia suspendió su ingreso en prisión pese a haber sido condenada a cuatro años por el expolio—, Mercè Mir y Clara y Laila Millet, hijas del expresidente del Palau que fueron condenadas como partícipes a título lucrativo a devolver los 112.782 euros que se embolsaron de la entidad. Por ese motivo, el juez también las ha citado a declarar junto a Millet y Montull a raíz de la denuncia del Palau, que les acusa de dos delitos de frustración de la ejecución en concurso con otro de contrato simulado por sus “maniobras” para frustrar la ejecución de la sentencia que les obliga a devolver el dinero expoliado.

Según han informado fuentes jurídicas, de los 23 millones en que la justicia valoró el saqueo perpetrado por Millet y Montull, el Palau de la Música ha recuperado hasta ahora 9 millones de euros, a los que se suman otras cantidades que se están obteniendo en la ejecución de la sentencia mediante la liquidación de bienes embargados a los condenados, un proceso que sigue aún abierto.

En paralelo, la Fundació Palau de la Música se ha personado en el procedimiento por el concurso de acreedores que presentó la extinta CDC —que está en manos del juzgado mercantil número 9 de Barcelona—, con la intención de recuperar los 6,6 millones de euros que el partido reembolsó mediante el pago de comisiones de Ferrovial a través de la entidad cultural.

Durante la instrucción del caso Palau, el juez embargó 22 fincas a CDC —cuyo tesorero Daniel Osàcar fue condenado a tres años y medio de cárcel— para cubrir las responsabilidades civiles derivadas del desfalco, pero el Supremo resolvió que esas propiedades deben destinarse a los acreedores en el concurso que lleva el juzgado mercantil antes que a los perjudicados por el saqueo. En consecuencia, las fincas embargadas han pasado a formar parte de la masa concursal, lo que reduce drásticamente las posibilidades del Palau de resarcirse del expolio a través del proceso mercantil, dado que otros acreedores pueden ser considerados prioritarios.

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