Barcelona detecta 17 nuevas promociones donde no se cumple con el 30% de pisos para vivienda social

El Ayuntamiento de Barcelona ha detectado que en 17 nuevas obras donde los constructores han incumplido la obligación de destinar a vivienda social el 30% de los pisos de sus promociones. Estos empresarios, según denuncia el Consistorio de Ada Colau, presentaron pequeños comunicados a la administración anunciando multitud de obras menores en un mismo edificio para así, al no constar una rehabilitación integral, no tener la obligación de destinar el 30% de los pisos a vivienda asequible (a un precio de venta de cerca de 200.000 euros o alquiler de unos 800 euros). La teniente de alcalde de urbanismo, Janet Sanz, ha calificado de “estafa” la técnica de estos empresarios que deberán restituir los 70 pisos sociales que no realizaron y pagar multas de entre 90.000 y 900.000 euros.

Desde diciembre de 2018 está en vigor el planteamiento urbanismo que obliga a las promociones de nueva construcción o a las reformas integrales de más de 600 metros cuadrados de techo a destinar el 30% de pisos a viviendas asequibles. Unos pisos que el constructor vende a un precio estipulado y que el Ayuntamiento gestiona con los compradores o los inquilinos de una bolsa pública. La medida ya funciona en ciudades como Nueva York, París o Londres.

Después de la pandemia, el consistorio ha inspeccionado los comunicados y licencias de las obras realizadas en Barcelona. Sanz asegura que se han revisado 1.368 fincas con permisos de obras entregados entre enero de 2019 y abril de este año. Fruto de esas revisiones localizaron 138 casos de obras no ajustables a la normativa vigente y, entre ellas, 17 donde “las constructoras presentaron diferentes comunicados de pequeñas obras que al sumarlas se constataba que era una gran reforma”, según Sanz. En total, estas 17 promociones sumaban 222 viviendas de las que 70 tenían que ser destinadas a pisos asequibles. Las promociones denunciadas se ubican una en Ciutat Vella, ocho en el Eixample, dos en Sants-Montjuïc, tres en Sarrià-Sant Gervasi y tres en Gràcia.

“Los promotores que han incumplido la norma, deberán restablecer la legalidad urbanística. Si ya no se puede restablecer como pisos sociales se les obligará a que construyan o compran otros pisos y los destinen a pisos sociales. Además el Ayuntamiento aplicará la Ley del Derecho a la Vivienda en Cataluña y se les sancionará con multas por infracciones muy graves que van de 90.000 a 900.000 euros”, ha concluido la teniente de alcalde de Urbanismo.

El Ayuntamiento mantendrá activo el dispositivo de inspección para detectar este tipo de irregularidades y incoará de forma automática un expediente disciplinario para que los inspectores puedan verificar el cumplimiento de la normativa antes de que las obras finalicen.

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