Preguntas y respuestas tras vencer el plazo del 25% de castellano en las escuelas catalanas

Este martes vence el plazo de 15 días que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) había dado a la Generalitat para cumplir la sentencia que fija que al menos el 25% del tiempo lectivo debe ser en castellano. El plazo fue fijado después de que la Asamblea por una Escuela Bilingüe pidiera a los magistrados que se aplicara el fallo de manera forzosa tras la decisión de la Generalitat de obviar el mandato judicial y no tocar una coma del modelo de inmersión lingüística. De momento, el Departamento de Educación desobedece los términos de la orden judicial y no ha dado ninguna instrucción a los colegios para que impartan en castellano una asignatura troncal adicional a la de Lengua Castellana o análoga. El Gobierno catalán cree que, con el paquete legal que impulsa y que está a medio aprobar, responde a la sentencia, pero de otra manera: mostrando que ya legisla sobre la política lingüística y, por tanto, no es necesario que la justicia fije una proporción concreta. Estas son algunas preguntas y respuestas sobre qué puede pasar a partir de ahora. La última palabra la tiene ahora el TSJC.

¿La Generalitat está desobedeciendo la sentencia del 25% de horas lectivas en castellano?

Será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que determinará si su fallo se cumple o no y en qué medida. Hace 15 días, los magistrados dieron un ultimátum a la Generalitat para ajustar la política lingüística y encargó a la Alta Inspección de Educación que le informara sobre las acciones que ha tomado el Departamento de Educación a fin de cumplir la sentencia. Desde el Ministerio de Educación explican que el Govern aún no ha respondido sus requerimientos (el plazo vence este martes) y, una vez lo haga, reenviará ese escrito al TSJC, que evaluará y tendrá que sentar posición.

¿Qué harán los centros educativos este martes?

De momento, el Departamento de Educación no ha dado ningún tipo de orden a los centros para implementar el 25% de horas lectivas en castellano. El Govern ha anunciado que lo hará este martes en forma de instrucciones, pero no ha hecho públicos los detalles, más allá de asegurar que serán “muy claras”. Las instrucciones, según la interlocutoria, deberían indicar cómo aplicar dicho porcentaje de castellano. En la práctica, esto implicaría que una asignatura troncal se impartiera en ese mismo idioma, sumándose a la de Lengua y Literatura Castellanas. El Ejecutivo defiende que la batería legal (que incluye el decreto ley aprobado este lunes) responde a la sentencia, en tanto que va al origen del problema que buscaba resolver el TSJC al fijar el 25%: solventar la inacción legislativa sobre lengua.

¿Cómo justifica la Generalitat ese cumplimiento?

Muy posiblemente la Generalitat argumente ante la Alta Inspección que ya tiene en marcha la aprobación de la batería legal que, aunque rechaza los porcentajes, certificaría que abandona la “inacción” legislativa que motivó la sentencia del TSJC. Ese desarrollo está a medio camino. Vox, Ciudadanos y PP pararon, con su petición de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), la aprobación en el Parlament de la ley de lenguas que promueven ERC, Junts, PSC y En Comú Podem. Al margen de esta nueva ley en la Cámara catalana, el Govern ha movido ficha y ha adelantado la aprobación de un decreto que desarrolla la Ley de Educación en lo que respecta a los proyectos lingüísticos. Fuentes del Ejecutivo creen que el dictamen del CGE, que están seguros de que les será favorable, dará sustento jurídico a su fórmula de cara al TSJC.

¿Qué permite la fórmula de los proyectos lingüísticos?

Tanto los dos partidos socios del Govern como el PSC y los comunes creen que la proporción de las lenguas debe responder solo a criterios pedagógicos. Los socialistas, sin embargo, no mantienen un rechazo frontal a la sentencia, como el resto de partidos, y defiende que la nueva batería legal hace más fácil cumplirla, algo que en ERC o Junts no contemplan. Eso sí, las cuatro formaciones coinciden en el fondo: no puede haber una respuesta homogénea y lineal en todo el sistema educativo y cada centro debe recoger la singularidad sociolingüística de su entorno a la hora de fijar las proporciones de las lenguas en el aula. El decreto ley establece que Educación debe aprobar esos proyectos lingüísticos y será el último responsable de su legalidad en el caso de nuevas acciones judiciales. La idea es que estén todos en marcha a partir del próximo curso. También se enviará este martes una instrucción a los centros sobre cómo adecuar esos proyectos a la nueva normativa.

¿Cómo se elaboran estos proyectos y qué blindaje dan?

Los proyectos lingüísticos forman parte del proyecto educativo de un centro, donde se recogen los objetivos pedagógicos que se plantea el equipo directivo y la metodología para lograrlos. El proyecto lingüístico concreta, aparte del uso del catalán como lengua vehicular, qué otros idiomas se van a potenciar. Estos documentos los elaboran los docentes, pero son aprobados por el consejo escolar del centro, donde están representados profesores, personal administrativo y familias. Posteriormente, se envían al Departamento de Educación para dejar constancia, pero no los valida. A raíz de la sentencia, la intención de Educación es validar los proyectos de las 4.500 escuelas e institutos para presentarse ante la justicia como responsable último de dichos documentos, y así evitar a los docentes reclamaciones judiciales.

¿Qué hará el TSJC a partir de ahora?

Una vez llegue la información que vehicula la Alta Inspección, que depende del Ministerio de Educación, los magistrados han de evaluarla y decidir con base en ella si lo que determina su sentencia se cumple o no. Para eso no hay un plazo determinado, algo relevante si se tiene en cuenta que estamos a menos de un mes de que acabe el curso escolar.

¿Se puede llevar a la Generalitat a los tribunales por un delito de desobediencia?

La vía contenciosa, en la que se inscribe la actual sentencia, es más lenta y menos punitiva que la penal. Los magistrados, tras evaluar el informe de la Alta Inspección, podrían darse por satisfechos, o pedir más información antes de tomar una decisión o advertir al consejero de Educación, Josep Gonzàlez Cambray, de la posibilidad de adoptar mecanismos coercitivos que pueden acabar en multas diarias. La última estación, que tampoco tiene plazos definidos, sí puede ser la de abrir la vía penal por desobediencia, si el tribunal cree que no se están ejecutando las medidas. También, explican fuentes jurídicas, podría llegar a acabar dando instrucciones de manera directa a los centros para que apliquen el 25% de castellano, aunque tampoco haya un plazo para llegar a ese supuesto en concreto.

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