Inquilinos que afrontan una subida repentina del alquiler: afloran las ‘cláusulas Berlín’

Han pasado dos meses desde que el Tribunal Constitucional (TC) anuló la Ley catalana de contención de rentas, que impedía subidas del precio del alquiler y obligaba a ajustarlo al índice oficial de la Generalitat. Y afloran casos de inquilinos que afrontan subidas repentinas del precio. Es porque firmaron la cláusula Berlín, que se conoce así porque en la ciudad alemana también se tumbó judicialmente el tope a los alquileres. Durante la vigencia de la regulación, y a la espera de que el TC respondiera sobre los recursos presentados por el PP y el Gobierno a la Ley catalana, algunos propietarios que alquilaban pisos introdujeron esta cláusula en los contratos: especificaba que, si la Ley acababa anulada, el precio sería otro, más elevado.

En el caso de Paula, 100 euros más al mes. En el de Eva y Jose, pareja, 400 euros. Y en el de Miriam y Pau, compañeros de piso, 300 más. Suponen hasta un 30% de subida. Son nombres falsos de casos reales de inquilinos de Barcelona: firmaron estas cláusulas y el propietario les ha comunicado (en persona, por carta o por burofax) que, al tumbarse la regulación, ha llegado la hora del aumento de precio. No quieren dar sus nombres porque están asustados ante aumentos que, dicen, no pueden pagar. Y no saben cómo actuar.

Miriam y Pau ingresan la renta el día 1 de cada mes y el domingo pasado, primero de mayo, hicieron una transferencia por la cantidad original del contrato. Reconocen que no estaban bien informados: no se enteraron ni de la ley ni de que el TC la tumbara. Su cláusula Berlín indica incluso que el aumento se podría aplicar con carácter retroactivo, desde septiembre de 2021. “Leímos algo de que si una ley resultaba anulada… pero pensamos que sería muy mala suerte”, admite Miriam, que escribió al propietario considerando ilegal la subida. Teme recibir “un burofax en cualquier momento”.

En los otros casos, la semana pasada les cobraron el recibo domiciliado, por el nuevo importe. Se debaten entre retornar el recibo e ingresar el importe anterior; o intentar negociar con los dueños. También les pasa por la cabeza denunciar, pero cuesta dinero. “Sí. Sabíamos lo que firmábamos, pero llevábamos tiempo buscando, habíamos visto diez pisos y estábamos desesperados. Cruzamos los dedos para que no se anulara la ley: era lo tomas o lo dejas”, se defiende Eva. La propiedad es una empresa conocida que prefiere no revelar. “Para ellos 400 euros no es nada; para nosotros, un mundo”, suspira.

Los tres casos llegaron a la asamblea del Sindicato de Inquilinos, cuyos servicios jurídicos sostienen que la cláusula es “nula, ilegal e injusta”. La organización estudia qué estrategia aconsejar a los afectados. El viernes pasado, al encuentro semanal explicaron su caso los inquilinos de un edificio de 11 viviendas donde todos tienen la cláusula.

La Cámara de la Propiedad Urbana encargó un informe al bufete Uría que indica que “nada impide que el pacto sea válido y conforme a la ley” y la cláusula “superaría el doble control de transparencia y abusividad”. Al resultar “suspendida o declarada inconstitucional”, razonaba el informe, “las partes recuperarían su autonomía de la voluntad” para pactar el precio. La Cámara recomendó a los propietarios introducirla en los casos donde la aplicación de la Ley suponía una rebaja sustancial de precio, explica su gerente, Oscar Gorgues.

Por el contrario, el abogado Pablo Feu, del Observatorio Metropolitano de la Vivienda, que señala que la cláusula “es nula de pleno derecho, aunque los inquilinos la hayan firmado”. “La Ley de Arrendamientos Urbanos tiene un artículo que dice que las cláusulas contrarias a la propia ley se tendrán por no incluidas”, defiende y admite que muchos casos llegarán a la justicia. “Los afectados deberían consignar en el juzgado la cantidad del aumento, para no ser acusados de impago, y demandar por cláusula abusiva”, recomienda.

La jurista del Colegio de API, Montse Junyent, asegura que no recomendaron la cláusula “de forma expresa, no veíamos viable que fuera efectivo, pese a los dictámenes favorables”. Los inquilinos podrían argumentar que fue una “imposición en los contratos”, entiende, y vaticina que se resolverá en negociaciones entre las partes o en los juzgados.

La gran incógnita, además de saber qué recorrido tendrán estas cláusulas, es cuántas se pueden haber firmado. El sector inmobiliario sostiene que pocas. El Sindicato de Inquilinos, que “miles”. Solo en 2021 (la Ley estuvo vigente de septiembre de 2020 a marzo de 2022) se firmaron 168.000 contratos (habría que restar el 33% de la población que vive en municipios que no fueron regulados). En cualquier caso, se firmaron decenas de miles de contratos con las rentas limitadas. A todo esto, la Generalitat ha eludido valorar la situación: la Secretaría de Vivienda considera que debería analizar la cláusula el departamento de Justicia, redactor de la Ley de contención de rentas. Y Justicia remite a Vivienda.

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