Pere Aragonès: “Las explicaciones del Gobierno sobre el espionaje deben llegar en cuestión de días, máximo una semana”

La revelación del espionaje a más de 60 políticos independentistas, sus abogados y activistas por la secesión se ha convertido en un frente de máxima tensión entre el Gobierno y la Generalitat catalana. El jefe del Govern, Pere Aragonès (Pineda de Mar, Barcelona, 39 años) está entre los monitorizados por Pegasus, un programa informático israelí que solo pueden comprar los Estados, e insiste en que todos los indicios señalan a España como la responsable. Anuncia que la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, que se reúne este domingo con el ministro Félix Bolaños, le transmitirá que las explicaciones tienen que llegar antes de una semana y que no use la mesa de diálogo como una “cortina de humo”. La entrevista tuvo lugar el viernes en Barcelona, y se ha actualizado este sábado con el anuncio de la reunión entre el Gobierno y la Generalitat.

Pregunta. ¿Cuándo tuvo la certeza de que estaba siendo espiado?

Respuesta. A finales de 2021. En julio de 2020, cuando se hace público que el expresidente del Parlament, Roger Torrent, había sido espiado, se nos explicó la tarea que había llevado a cabo [el grupo de expertos en ciberseguridad canadiense] Citizen Lab, y se nos ofreció poder contrastar si, ante determinados mensajes sospechosos, podíamos también haber sido espiados.

P. ¿Está convencido de que es el Gobierno o algún organismo del Estado quién está detrás de todo ello?

R. Lo que constatamos es que se trata del caso de espionaje masivo más importante de la democracia. El uso de Pegasus para infiltrar móviles requiere disponer de recursos económicos y humanos suficientes, y también tiempo. Todos los indicios, todas las circunstancias, apuntan claramente a organismos vinculados al Estado español.

P. Tras una semana de tensiones, este domingo se reunirán el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños y la consejera de ese mismo ramo, Laura Vilagrà. ¿Qué pedirán en ese encuentro?

R. Que se sea absolutamente transparente, mediante una investigación de carácter interno en los propios organismos del Estado, con una supervisión independiente. Que también se responda políticamente en el Congreso con una comisión de investigación. Y que después se depuren responsabilidades y se garantice que esto no se repita.

P. ¿Qué características debería tener esa investigación?

R. Eso corresponde al Gobierno determinarlo, debe ser proactivo, y por el propio interés de mantener los mínimos de un Estado democrático, se debería ir hasta el final y hacer públicas las decisiones que se tomen.

P. ¿Se puede evitar que la reunión no se quede en una simple foto?

R. Queremos que se den explicaciones acerca de a quién se ha espiado, quién lo ha ordenado, quién lo sabía, quién lo autorizó y también qué uso se está haciendo de la información obtenida. Estamos hablando de un software pensado para que los servicios de inteligencia controlen a organizaciones terroristas o de crimen organizado a nivel internacional, y que se ha usado para seguir a las instituciones de Cataluña y activistas. La ciudadanía merece una explicación y merece conocer qué ha pasado.

P. Pero no habría mucho de qué hablar si el Gobierno insiste en que no tiene nada que ver con ello.

R. Veremos qué nos explican en esa reunión. Si esto hubiera pasado no con dirigentes independentistas, no con presidentes de Cataluña, sino con dirigentes del PP y por ejemplo, con presidentes de la Comunidad de Madrid o de la Xunta de Galicia, estaríamos hablando de otra dimensión.

P. Ha pedido cabezas. ¿A qué nivel dentro de la estructura del Gobierno cree que se debe llegar?

R. Primero deberemos saber todos los detalles, y a partir de aquí se tendrá que determinar el nivel de responsabilidad. Pero un esquema de estas características supone una movilización de recursos tal que no puede pasar desapercibida, no puede ser ocultada a los responsables, y por lo tanto, aquí en la dirección del CNI, que depende del Ministerio de Defensa. Tendrán que explicar también hasta qué punto sabían. Y si no, es absolutamente preocupante que hubiera organismos del Estado que nadie controla.

P. ¿En qué plazo cree que deben comenzar a darse explicaciones?

R. No es que hayamos roto la interlocución, pero la confianza está bajo mínimos. Debe ser una cuestión de días, máximo la próxima semana. Si se quiere restaurar la confianza ante un caso extraordinariamente grave, certificado por un organismo como Citizen Lab, el simple paso del tiempo no es la solución, sino que solo serviría para agrandar las sospechas y realmente impedir que esta confianza se pueda restaurar.

P. ¿Y si no se cumple ese plazo? ¿Habría consecuencias, por ejemplo, en la convalidación del decreto ley de medidas ante la guerra en Ucrania que se vota el próximo jueves en el Congreso?

R. Quien tiene la responsabilidad ahora no es ERC, o los partidos del Congreso en cuyas filas hay espiados. Es del Gobierno. Después de las respuestas, veremos. Hay cuestiones que se llevan a votación en el Congreso de los Diputados que son muy importantes para la ciudadanía. Pero también lo es que se preserven los aspectos mínimos de un Estado democrático de derecho, como la garantía del derecho a la privacidad o la no intromisión en la actividad política de forma no consentida. No es solo cuestión de los independentistas, sino de todos aquellos que creen que los derechos fundamentales de la ciudadanía deben ser protegidos y preservados.

P. ¿Ahora está más cerca del no o de la abstención?

R. No entraré en especulaciones. Quedan días y el Gobierno tiene la oportunidad de aportar la transparencia que hasta el momento no ha aportado.

P. ¿La Comisión de Secretos del Congreso de Diputados, aún sin constituir por el intercambio de vetos, es un espacio plausible para dar explicaciones?

R. Dirigir el escándalo a una comisión que no está ni constituida no es la mejor muestra de realmente tener la voluntad de resolver y de aclarar las cosas.

P. El viernes la portavoz del PP, Cuca Gamarra, se abrió a desbloquearla. ¿Usarán esa ventana de oportunidad?

R. Comprenderán ustedes que todo lo que pueda decidir el Partido Popular para mí no tiene ninguna credibilidad.

P. ¿Convocar la mesa de diálogo debería formar parte del paquete de medidas que ofrezca el Gobierno para descongelar las relaciones?

R. La mesa de negociación es suficientemente relevante para que se ponga en marcha, pero una vez restaurada la confianza. No puede ser utilizada como una cortina de humo con una foto y ya está para eludir la asunción de responsabilidades.

P. La semana pasada aseguró que en las estructuras del Estado hay elementos que están activamente en contra del proceso de negociación. ¿A quién señala?

R. Esta legislatura se inició gracias a un acuerdo de investidura que se basaba en iniciar este proceso de negociación y vimos cómo la Junta Electoral Central, en medio de la negociación de la investidura, cuando por Navidad acostumbra a hacer unas vacaciones largas, pues se activa para quitar el escaño a Quim Torra, evidentemente, con una clara voluntad política. Por lo tanto, sí, hay organismos del Estado que, o bien han sido capturados por la extrema derecha o bien capturados por aquellos que creen que su función es defender una posición política independientemente del voto de la ciudadanía.

P. ¿Su visión sobre qué hacer con este caso es compartida por todo su Govern?

R. El martes pasado, tanto yo como el vicepresidente Jordi Puigneró dejamos claro que, mientras no se produzca esta transparencia y esta asunción de responsabilidades, no podremos normalizar las relaciones con el Gobierno.

P. Pero, por ejemplo, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, va más allá y pide que frene en otros ámbitos, como la candidatura olímpica de 2030.

R. Se trata de dos cuestiones absolutamente diferentes. Los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 son buenos tanto para Cataluña como para Aragón. Lo que no tendría ningún sentido es que por el hecho de que hemos sido espiados, vamos a hacer perder oportunidades al Pirineo. No tendría ningún sentido.

P. Lo mismo podría decirse del decreto ley sobre las crisis de la guerra. Muchos ciudadanos pueden querer, por ejemplo, que se les rebaje el precio de la gasolina, independientemente de si el Govern ha sido o no espiado.

R. Es un decreto que en muchos aspectos tiene un alcance insuficiente, que tampoco ha ido acompañado de dotaciones adicionales que ayuden a las administraciones que estamos haciendo frente también a todas las consecuencias sociales, económicas y humanitarias derivadas de la crisis

P. ¿Usted puede garantizar que agotará la legislatura pese a las discrepancias constantes con sus socios de Junts?

R. Estamos trabajando para que esta legislatura no solo se sostenga lo normal, que es la continuidad de cuatro años, sino también para que sea altamente productiva. Había mucha gente que decía que no seríamos capaces de aprobar presupuestos. Aprobamos presupuestos, vamos aprobando las iniciativas que se presentan en el Parlament. Ciertamente con una geometría que puede variar, pero hay una mayoría que va, se va construyendo y que permite avanzar.

P. ¿El próximo curso, la mayoría de niños y niñas de Cataluña notarán algún cambio en el modelo lingüístico de sus escuelas por la sentencia sobre el 25% de castellano?

R. No se puede generalizar. Vamos a trabajar para que el modelo actual se siga fortaleciendo y adaptando a la nueva realidad. El acuerdo al que hemos llegado se basa en adecuar las características lingüísticas de los proyectos de centro a las necesidades relacionadas con el contexto sociolingüístico, con el objetivo de que todos los alumnos de Cataluña, cuando acaben la enseñanza obligatoria, tengan pleno dominio de las lenguas oficiales catalán, castellano y también el aranés.

P. ¿Y están dispuestos a asumir una posible responsabilidad por desobediencia si los jueces certifican que no se está aplicando de manera matemática ese 25%?

R. Siempre hemos dicho que la escuela no va de porcentajes, va de pedagogía.

P. Pero hay una sentencia.

R. La sentencia fija un porcentaje porque considera que en el pasado la Generalitat había tenido una inactividad en regular el uso de las lenguas. Lo que hacemos ahora es regularlo mediante la modificación de la ley de política lingüística y con el trámite del decreto de desarrollo de la Ley de Educación de Cataluña, del ámbito lingüístico. No nos situamos en escenarios de desobediencia.

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