Acusaciones de partidismo en la elección del nuevo regulador audiovisual de Cataluña

La excepcional alianza entre los partidos del Govern y el PSC materializó este jueves el desbloqueo institucional en Cataluña. Esquerra Republicana (ERC), Junts y los socialistas, que suman más del 70% de los escaños, aprobaron en el Parlament el nombramiento de los nuevos componentes de la Sindicatura de Comptes, del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) y de la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. El resto de los grupos cargaron contra el rodillo que forman las tres mayores formaciones parlamentarias. “Han imperado los criterios políticos, han primado los intereses de partido”, afirmó la diputada de En Comú Podem Susanna Segovia.

Los grupos del Gobierno y el PSC coincidieron en defender una nueva época de consensos después de la década de trincheras del frustrado proceso de independencia. El choque entre los bloques del independentismo y del constitucionalismo había dejado sin renovar un centenar de cargos de elección por mayoría parlamentaria cualificada. ERC, Junts y el PSC suscribieron el pasado diciembre un acuerdo de renovación en instituciones clave.

La elección de los cinco consejeros del CAC ha sido el punto más caliente de la sesión parlamentaria. Es el paso previo para la futura elección del consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el órgano gestor de TV3 y de Catalunya Ràdio. Para la presidencia del CAC, propuesto por Junts, fue nombrado Xevi Xirgo, exdirector de El Punt Avui y conocido por su amistad con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; ERC ha situado en el CAC a la periodista Laura Pinyol, exjefa de prensa del líder republicano Josep Lluís Carod-Rovira, y al directivo de radio Miquel Miralles; el PSC, por su parte, ha seleccionado a la periodista Rosa Maria Molló y a un veterano responsable de comunicación del partido, Enric Casas.

“El acuerdo contamina la valoración de su valía profesional”, dijo a los consejeros del CAC Dolors Sabater, diputada de la CUP: “Era necesario desencallar instituciones imprescindibles, pero la manera de acordarlo ha sido por cuotas de partido”. Sabater recordó que tanto los comités profesionales de la CCMA como el Sindicato de Periodistas de Cataluña han criticado que los componentes del CAC hayan sido elegidos según criterios políticos. Lorena Roldán, del Partido Popular, denunció que las organizaciones profesionales del sector no fueran consultadas.

“Un gran equipo”

Roldán recordó que Xirgo había sido sancionado en 2016 por el CAC porque la televisión de El Punt Avui no cumplió con las horas requeridas de programación local. “Me preocupa que se sitúe en el CAC a alguien sancionado por el CAC, me sorprenden las tragaderas de los socialistas”, afirmó el pasado lunes en la comisión de Asuntos Institucionales la diputada de Ciudadanos Anna Grau. Los socialistas defendieron a capa y espada el pacto con el nacionalismo catalán en el CAC. “Son profesionales con una gran experiencia. Pensamos sinceramente que es un gran equipo”, afirmó David Pérez, diputado del PSC, que también elogió al nuevo presidente del organismo: “Xevi Xirgo se comprometió a garantizar la pluralidad, la libertad informativa. Su compromiso solemne ante el Parlamento tiene para nuestro grupo un valor muy relevante”.

Pérez subrayó que el acuerdo con ERC y Junts en el CAC y en la CCMA incluye un documento de renovación de TV3 y Catalunya para que vuelvan a ser “medios para todo el mundo”. Segovia vaticinó que en el nuevo CAC sucederá como en el saliente, en el que la mayoría independentista aprobará los informes del organismo con los votos particulares de los no independentistas. La diputada de los Comunes reclamó en concreto que el CAC ponga coto a “los chistes misóginos, de pederastia y contra el pueblo gitano”, en referencia a las polémicas del programa de TV3 Bricoheroes. En la comisión de Asuntos Institucionales, Grau subrayó la necesidad de que el CAC sea severo con la publicidad encubierta en la televisión pública catalana —otro punto de crítica a Bricoheroes—.

El pacto entre los grupos del Govern y el principal partido de la oposición permitió también la renovación de los siete miembros de la Sindicatura de Comptes, con el candidato del PSC Miquel Salazar como síndico mayor. El resto de los partidos fueron especialmente severos porque consideran que los nombramientos ponen en cuestión la independencia de la institución encargada de monitorizar las cuentas de las administraciones públicas catalanas. Se hizo especial mención a que uno de los síndicos será el hasta ahora diputado de Junts Ferran Roquer. Para la dirección de la Agencia Catalana de Protección de Datos fue elegida Meritxell Borràs, consejera en el Gobierno de Carles Puigdemont que organizó el referéndum ilegal de independencia de 2017. La derecha representada por Vox, Ciudadanos y PP atacó al PSC por apoyar el nombramiento de una de las condenadas por el Tribunal Supremo en 2019.