Los ocupantes de la nave de Badalona piden a la propiedad que se aplace el desalojo tres meses

Los ocupantes que malviven en la nave de la calle de Progrés de Badalona (Barcelona), junto con miembros de la red de entidades sociales que les apoyan, han acordado solicitar que el desalojo previsto para este jueves se aplace tres meses. En un comunicado, los firmantes han pedido al Ayuntamiento de Badalona que interceda ante Sareb, la entidad con mayoría de capital público que se quedó los activos tóxicos tras el rescate a la banca. Fuentes de Sareb han afirmado a este diario que no van a paralizar el lanzamiento. A esta nave se trasladaron parte de los afectados del incendio en otra nave ocupada de la población en diciembre de 2020.

El comunicado anuncia el “compromiso de abandonar la nave” donde viven más de un centenar de personas, la inmensa mayoría migrantes, en un período de tres meses, “una vez pasado el invierno”. El texto argumenta que “en estos momentos es inviable marcharse”. Por las bajas temperaturas del invierno, argumenta el comunicado, que “incrementan enormemente la ya extrema vulnerabilidad de las personas afectadas”; pero también por las altas tasas de contagios por covid derivadas de la variante ómicron. Estos elementos, defienden, se suman a “la falta de alternativa habitacional”.

Las entidades sociales que siguen el proceso han solicitado una reunión con la nueva administración del Ayuntamiento de Badalona, que desde el pasado noviembre aglutina a cuatro partidos (PSC, ERC, En Comú Podem y Junts) liderados por Rubén Guijarro (PSC), tras la moción de censura a Xavier García Albiol (PP). La cita tendrá lugar este martes por la tarde con el responsable de los servicios sociales en Badalona, David Torrents (Junts), según fuentes de la Plataforma San Roc Som Badalona. Durante el encuentro se celebrará una concentración de solidaridad con los ocupantes.

Tanto los ocupantes como los miembros de las entidades sociales han propuesto crear una comisión de trabajo con “el objetivo de buscar alternativas sociales para cuando se produzca la salida” de la nave. Esta comisión, han añadido, “debería” de estar formada por dos administraciones (Ayuntamiento de Badalona y Generalitat), además de representantes de las personas que residen en la nave y las plataformas que los apoyan.

Los firmantes consideran que las propuestas realizadas son “plenamente asumibles” por las administraciones y por la Sareb. Y con ello esperan encontrar una salida lo “menos lesiva posible” para la población que ocupa la nave. Sin embargo, la sociedad ya ha avanzado que no va a paralizar el lanzamiento. “Es una nave que no tiene ningún tipo de licencia de habitabilidad y no es seguro vivir allí. Cualquier cosa que ocurra es responsabilidad nuestra. Como propietarios no podemos facilitar que nadie pueda vivir ahí”, responden. Y recuerdan el caso de la nave industrial incendiada en diciembre de 2020 en el barrio de El Gorg (Badalona), que se saldó con cuatro víctimas mortales. Según han agregado las fuentes de Sareb, el Ayuntamiento y los servicios sociales “son los que tienen que ver qué solución puede haber” al respecto.

La gran cantidad de desahucios que vive Badalona ha hecho que los servicios sociales se vean desbordados. Estos siguen un proceso de “degradación” desde hace varios años, según lamentaron plataformas de la localidad en una rueda de prensa el pasado viernes. Esto después de que el jueves una trabajadora social, miembro de Servicio Básico de Atención Social de distrito de Sant Roc, Artigas i El Remei, haya hecho pública una carta en la que denunciaba la situación crítica del servicio. El responsable del área social en Badalona, David Torrents (Junts), afirmó a este diario que la alta cantidad de desahucios “acaba repercutiendo en el trabajo normalizado de los servicios sociales”. Hay “21 desahucios registrados” para este mes en la zona, según denunció en la rueda de prensa Enric Marín, de la Plataforma San Roc Som Badalona.

El desalojo de la nave en la calle de Progrés se ha pospuesto ya en dos ocasiones: la primera vez en julio del 2021, y la última a comienzos de diciembre pasado. Según las entidades sociales, la defensa jurídica de los habitantes de la nave ha requerido la nulidad del desalojo “por vulneración de derechos fundamentales”. También han presentado otro escrito en el que solicitan la prórroga de un mes “por la situación de vulnerabilidad” derivada de la situación epidemiológica y las bajas temperaturas, además de “la enfermedad de uno de los habitantes” de la nave. De acuerdo con estas fuentes, la defensa ha solicitado “la suspensión urgente del desahucio”.