El teletrabajo como instrumento federalizante

Fuera de Madrid se siguen escuchando quejas de que, en la administración central del Estado, en sus órganos e instituciones, trabajan, mayoritariamente, personas que viven habitualmente en Madrid. Lo cierto es que la movilidad de carácter temporal de personal público no es sencilla. Esto es, aceptar un contrato o designación por tiempo determinado en una de las citadas instituciones puede ser complicado para las personas que residen fuera de la capital o en las comunidades llamadas periféricas. Los sueldos y demás condiciones laborales están pensadas para las personas que tienen su residencia habitual fijada en Madrid (o alrededores). Sin embargo, cuando se convocan puestos para la Administración o instituciones estatales no está previsto, en la mayoría de los casos, una compensación económica para aquellos que tienen su residencia a varios cientos de kilómetros del puesto de trabajo, y que, dado el carácter temporal de la posición, no están dispuestos a o en disposición de abandonar su lugar de residencia, en la que desarrollan su vida profesional y cotidiana, cónyuges, hijos o familiares dependientes.

Así, o bien no compensa económicamente irse a trabajar a Madrid temporalmente o bien se hace una apuesta en estrictos términos profesionales. La persona en cuestión debe valorar los costes de vivir en dos ciudades, incluidos los de no estar presente en la vida familiar durante un número considerable de días de la semana. Esto complica, desde el punto de vista institucional, que personas que residen habitualmente en otras Comunidades Autónomas, durante un determinado tiempo, decidan prestar servicios en la administración e instituciones centrales. Ello supone que, independientemente del color del Gobierno de turno o de las mayorías de los órganos en cuestión, la sensibilidad autonómica sea, en su caso, indirecta, esto es, por convicción, pero sin que exista un entendimiento directo, sobre el terreno, de las realidades de cada territorio. De nuevo, independientemente de los posicionamientos ideológicos de cada cual.

Durante la pandemia, al igual que en el sector privado, muchas administraciones y organismos públicos del Estado han optado por el teletrabajo, más o menos formalizado. Evidentemente, no es lo mismo prestar asistencia sanitaria, dar clases en colegios y universidades, celebrar un juicio o hacer informes o tramitar expedientes de entidad diversa. Algunas actividades, por su propia naturaleza, exigen —todavía— la presencialidad. Otras, en cambio, pueden realizarse a distancia a través del teletrabajo. Algunos estudios, como el de Luz Rodríguez, Empleo tecnológico y teletrabajo en el empleo público, señalan que los y las trabajadoras que están en casa dicen poder organizar mejor su tiempo, conciliar de forma más razonable y, en general, mejorar su calidad de vida. Los estudios y encuestas revelan, igualmente, que muchas personas valoran positivamente asistir con una cierta regularidad al puesto de trabajo físico, a la oficina; en ella, además de socializar con otros, se pueden llevar a cabo actividades de carácter deliberativo que, vía digital, no funcionan igual. Debates políticos, académicos o profesionales, discusiones en grupo, acuerdos, resolución de conflictos son actividades que todavía somos capaces de desarrollar mejor y de forma más rápida y eficiente presencialmente.

Así, ahora que existen iniciativas normativas reguladoras del teletrabajo y que en determinados sectores se ha demostrado cómo esta nueva forma de trabajar no supone una dejación de actividad, funciones o responsabilidad, sino que, más bien, han supuesto una igual o mejor productividad (especialmente finalizado el confinamiento), sería el momento de que la administración del Estado, en sentido amplio, hiciera una verdadera apuesta por un sistema de trabajo nuevo, más o menos mixto, que permitiera a las personas compaginar el teletrabajo con la presencialidad. En algunas instituciones se ha hecho una apuesta por ello, aunque sea incipiente, y los resultados son positivos.

Más allá de los beneficios que se apuntaban más arriba, las instituciones centrales serían una apuesta realista para personas de la periferia que no se verían obligadas a aumentar el coste de su vida por razones profesionales y asumir una serie de renuncias para poder aprovechar una oportunidad laboral en Madrid. Las administraciones, por su parte, mejorarían la empleabilidad de la fuerza de trabajo al poder acceder a un mayor número de perfiles. Además, a los intereses generales a los que el teletrabajo en el sector público podría contribuir según Luz Rodríguez (contribuir al combate contra el cambio climático, facilitar la corresponsabilidad familiar, entre otros), cabría sumar la posibilidad de que la sensibilidad autonómica permeara de forma regular, directa y continuada en las administraciones e instituciones del Estado. Quién sabe, la pandemia y el teletrabajo, en un principio impuesto por la situación sanitaria, podrían haberse convertido en una oportunidad para profundizar en la cultura autonómica o federal en España.