Los alquileres y la mano invisible

Este mes se ha cumplido un año de la entrada en vigor de la ley 11/2020 que de hecho congela los alquileres en Cataluña. Junts per Catalunya —que con Esquerra, CUP y comuns aprobó el texto— votó a favor más por populismo procesista que por convencimiento, ya que entre sus dirigentes figuran reputados ultraliberales que ven innecesario corregir los trazos magistrales de la mano invisible del mercado de Adam Smith. El Consejo de Garantías Estatutarias advirtió a la Generalitat de que la ley invadía competencias del Gobierno central. Y el Ejecutivo de Pedro Sánchez —que en su programa incumplido se compromete a poner topes a la vivienda de alquiler— recurrió al Tribunal Constitucional, aunque no pidió la suspensión del texto legislativo catalán como tenía potestad de hacer. El PP también se dirigió a la más alta instancia por lo que consideró un atropello a la propiedad privada.

Desde la derecha tronaron muchas voces contra esa suerte de colectivismo que iba a poner en peligro los ahorros de tantas familias de clase media. Quizás impresionado por ello, el entonces ministro José Luis Ábalos esbozó la idea de bonificar hasta en un 90% los alquileres en zonas de mercado tensionadas si el propietario rebajaba el precio al menos un 10%. La propuesta no pasó de la semana de gestación. La oposición de los socios de Unidas Podemos, que reclamó cumplir el pacto de Gobierno, aconsejó al PSOE guardarla en el cajón. Mientras, a la espera de la sentencia del Constitucional, la ley catalana ha seguido su andadura. Cumplido su primer año y tal como era preceptivo, unos sesenta municipios han aprobado o solicitado la declaración de área de mercado tenso por cinco años más para mantener congelados los precios de los alquileres. Ayuntamientos socialistas —como el de Gavà, todavía siendo alcaldesa la actual ministra de encargada de vivienda, Raquel Sánchez, o el de l’Hospitalet— han decidido acogerse al plan quinquenal. Incluso lo ha hecho el partido que veía la ley como un atentado a la propiedad privada, pues también se aplicará cinco años más en la Badalona de Xavier García Albiol.

Como proponía la Libertas Praestantissimum de León XIII a los fieles católicos que vivían en países en los que la Iglesia había perdido sus privilegios, socialistas y populares han optado por aprovechar la polémica ley contra la que votaron (situación de hipótesis, según la encíclica) por entender que ayuda a sus ciudadanos. En la práctica la nueva ley afecta a 5 de los 7,5 millones de habitantes de Cataluña.

Contaba Clara Blanchar hace unos días en estas páginas que tanto defensores como detractores de la ley —impulsada por el Sindicato de Inquilinos y combatida por el sector inmobiliario y los grandes portales— señalan que la coincidencia de la segunda ola de la pandemia y la crisis económica dificulta discernir qué efectos pueden atribuirse a la norma y cuáles a la crisis global. Pero hay datos para reflexionar a los que también refería la citada periodista: en Barcelona se han suscrito de enero a junio de este año un 66% de contratos de alquiler más que en 2020, porcentaje que en el conjunto de Cataluña es del 49%. Las rentas han caído un 7,1% en Barcelona y 2,7% en todo el territorio catalán.

Más allá de dogmas y principios, regular el mercado es fundamental. De acuerdo con el Sindicato de Inquilinos, los alquileres han subido un 40% en los últimos cuatro años. Una encuesta realizada por el Ayuntamiento de Barcelona a 1.400 ciudadanos era también elocuente: los jóvenes de entre 18 y 35 años de la capital catalana tenían en 2020 unos ingresos medios de 888 euros mensuales, inferiores a los 893,8 que cuesta el alquiler medio de una vivienda en la ciudad.

Llueve sobre mojado, porque en Cataluña el parque de viviendas públicas supone el 1,8% del total, muy lejos del 15% fijado por la ley de derecho a la vivienda de 2007. El decenio de procés ha perpetuado esa situación de déficit al negar el presente en nombre un futuro óptimo. Ayuntamientos como el de Barcelona se han puesto manos a la obra en la tarea de suplencia de las administraciones autonómica y central en la construcción de vivienda pública.

Resulta paradójico que el papel de esa mano invisible del mercado que tanto suele evocarse para oponerse a la intervención en los alquileres se soslaya cuando las arcas públicas deben cubrir los agujeros de la crisis bancaria, el déficit tarifario o las ayudas a la competitividad de las eléctricas.

Ahora que las previsiones de crecimiento invitan al optimismo, es hora de lograr lo propio de un constitucional estado social y democrático de derecho: que el bienestar llegue a todo el mundo. A la espera de lo mejor, congelar los alquileres no se antoja un mal parche.