Los Mossos multan a 30 activistas con 600 euros a cada uno por intentar impedir un desahucio

Los Mossos d’Esquadra identificaron y denunciaron a comienzos de octubre a por lo menos 30 activistas que intentaban impedir un desahucio en Barcelona. Los denunciados, de diferentes sindicatos de inquilinos de la ciudad, han sido sancionados con multas de 601 euros por desobediencia, en aplicación de la Ley Mordaza [de seguridad ciudadana], según denunciaron ayer las entidades, que advirtieron de que las sanciones “no detendrán al movimiento por la vivienda”. Los sindicatos señalaron, además, que el desahucio fue ilegal, porque la familia tenía derecho a un alquiler social.

Fuentes policiales explicaron que las personas identificadas y denunciadas “fueron advertidas de que estaban desobedeciendo, se les pidió que permitieran el paso a la comitiva judicial y, al no hacerlo, se les denunció”.

El desahucio en el que ocurrieron los hechos se materializó finalmente, pese a la numerosa presencia de activistas. La familia afectada la componían una mujer, su hija y su nieto, que habían sido denunciados por impago. “La paradoja es que según el decreto 17/2019 el desahucio habría sido ilegal, porque se trataba de un impago en el alquiler por parte de una familia vulnerable en un hogar propiedad de un gran tenedor, obligado a ofrecer un alquiler social a Estela [el nombre de la mujer desahuciada]”, informaron el Sindicato de Inquilinos y la Red de Vivienda del Eixample Esquerra. Las mismas organizaciones tacharon de “desproporcionado” el dispositivo policial de aquel día. “En vez de hacer cumplir la ley, la Generalitat envió a los Mossos para desahuciar y reprimir”.

Desde la Asociación de Vecinos del barrio y la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), el lunes ya se criticaron las multas. “No multéis la solidaridad vecinal”, pedía un comunicado de la FAVB, que recordaba que los desahucios se han multiplicado en las últimas semanas en Barcelona. La Federación señalaba como “si los servicios municipales se esfuerzan en mediar con los propietarios y evitar escenarios traumáticos, son las acciones solidarias del vecindario y los sindicatos y redes de vivienda las que en muchos casos acaban siendo decisivas para parar los desahucios”.

El gobierno de la alcaldesa Ada Colau informó la semana pasada de que desde el 14 de septiembre —fecha en que los juzgados reemprendieron la actividad judicial tras la primera ola de la covid— hasta el 23 de octubre el consistorio tuvo conocimiento de 443 órdenes judiciales de desalojo en la ciudad. Colau ha pedido reiteradamente al Gobierno español, en el que participa su partido, una ampliación de las moratorias para impedir desalojos. Hace dos semanas la actuación policial también fue polémica en un desahucio ejecutado de noche en Ciutat Meridiana.