Las entidades sociales critican que Colau adjudique la mitad de la atención domiciliaria a una multinacional

La Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona, la Mesa del Tercer Sector Social y la Confederación de empresas del Tercer sector han criticado la adjudicación, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, de la mitad del servicio de atención domiciliaria a la empresa Servisar, filial del grupo multinacional DomusVi, que en España gestiona de 25.000 plazas en 198 residencias y centros de atención diurna, además de tener centros privados.

Las entidades cuestionan que se haya adjudicado el contrato, el segundo mayor que convoca el consistorio, a una empresa mercantil y han alertado de los antecedentes (incluso con multas) de mala gestión en residencias geriátricas de la firma. En Cataluña, en abril pasado la Generalitat intervino la residencia Ca n’Amell de Premià (Maresme) tras registrar 24 muertos, que llegaron a ser 84. Además, las entidades, señalan que pertenece a un fondo de inversión que tiene filiales en la isla de Jersey. De los cuatro lotes que representan zonas de la ciudad, Servisar ganó dos y los otros dos se los llevó la cooperativa Suara.

El Ayuntamiento responde que el contrato se votó en el consejo rector del Instituto Municipal de Servicios Sociales y que “ningún partido votó en contra” y señala que “Jersey no es un paraíso fiscal, según la UE” (sí consta como tal en el listado de la Agencia Tributaria). Además, señala que el nuevo contrato introduce mejoras en un servicio por el que el consistorio paga 190 millones cada dos años y que presta a 24.000 personas.

La Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) se ha mostrado “preocupada” por la adjudicación y ha recordado que Domus Vi “es la principal empresa de gestión de residencias para mayores de España” y durante la primera ola de la pandemia del coronavirus fue muy cuestionada, hasta el punto que varios de sus centros tuvieron que ser intervenidos por gobiernos autonómicos: “Resulta incomprensible que con estos antecedentes se le adjudique un servicio tan como la atención domiciliaria”, lamentan.

La entidad vecinal también señala de que “su capital está controlado por un fondo financiero ubicado en el paraíso fiscal de la isla de Jersey” y reclama que se revise el sistema de contratación, además de criticar que “el problema de fondo es la externalización de un servicio esencial” como son los cuidados de personas a domicilio.

Por parte de la Confederación de empresas del Tercer Sector Social de Cataluña, su presidente, Joan Segarra, lamenta que “una vez más el Ayuntamiento haya adjudicado una parte de la atención domiciliaria a una empresa mercantil, que además parece ser que tiene vínculos con algún paraíso fiscal”. “Ya pasó en 2016 y hubo el compromiso de que no volvería a pasar”. Segarra pidió que se articulen mecanismos para que estos servicios puedan ser gestionados por el tercer sector y recordó que está parada la Ley que prevé un marco de acción concertada, “para que el tercer sector sea el aliado preferente, asegurando la máxima reinversión de los beneficios públicos y garantizar la calidad”.

En la misma línea, por parte de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, su presidenta, Francina Alsina ha reclamado que “los cuidados y atención a las personas no queden en manos de las lógicas del mercado, de fondos de inversión que lo único que quieren es conseguir beneficios para enriquecer a sus accionistas y no tienen ningún objetivo de retorno a la sociedad”.