Cuatro detenidos del círculo de Puigdemont por desviar dinero público al ‘procés’

La Guardia Civil detuvo este miércoles a tres empresarios próximos a ERC y Junts que fueron decisivos en el referéndum ilegal del 1-O (Xavier Vendrell, David Madí y Oriol Soler), al director de la oficina del expresident (Josep Lluís Alay) y a otras 17 personas. El juez sospecha que usaron subvenciones para financiar a Tsunami Democràtic (un movimiento de respuesta a la sentencia del procés y la estancia de Puigdemont en Waterloo (Bélgica).

La Guardia Civil practicó 31 registros y 21 detenciones, la mayoría de personas vinculadas a ERC y Junts per Catalunya. Los empresarios Vendrell, Madí y Soler formaron parte de lo que se llamó “estado mayor” del procés, un grupo de personas vinculadas de manera informal al Govern de Puigdemont que trató de realizar, por la puerta de atrás, la coordinación necesaria para que el 1-O fuera realidad. Su presencia pretendía crear un espacio de acuerdo que superara las tensiones entre las dos formaciones independentistas que integraban el Ejecutivo en 2017.

Vendrell milita en ERC, donde aterrizó tras la disolución de Terra Lliure, y fue consejero de Gobernación con el tripartito de izquierdas. Más tarde, pasó a segunda línea para dedicarse a la empresa. Madí fue secretario de Comunicación de la Generalitat con Artur Mas como president y hombre de su máxima confianza. Su papel fue clave en el desarrollo de la estrategia de comunicación del referéndum ilegal. Ha sido asesor o consejero de importantes empresas como Telefónica o Endesa. La hoja de servicios de Soler a la causa soberanista también ha sido extensa, aunque prefirió quedarse entre bambalinas: intervino en la campaña para la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, en la campaña electoral de Junts pel Sí en 2015 y trabajó en la movilización de las bases independentistas.

El profesor e historiador Josep Lluís Alay, es el responsable de la oficina del expresident Puigdemont. Acompañaba al exjefe del Govern cuando este fue detenido en marzo de 2018 en la frontera alemana con Dinamarca, y acusado de un delito de encubrimiento. Ayer, quedó en libertad poco después de ser arrestado.

La operación fue dirigida por el titular del juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Parte de una investigación anterior sobre el presunto desvío millonario de subvenciones de la Diputación de Barcelona y otros organismos públicos catalanes a fines relacionados con la secesión. Una de las beneficiadas fue Catmon, entidad que busca el reconocimiento internacional de Cataluña, presidida por Víctor Terradellas. Al analizar su móvil en 2018, los agentes descubrieron que había grabado conversaciones con Vendrell y con Madí sobre sus contactos con Rusia y otras supuestas irregularidades.

La investigación del juez Aguirre está abierta por delitos de malversación, prevaricación, blanqueo y tráfico de influencias y suma muchas patas. La de mayor calado tiene que ver con el uso de dinero público para sufragar gastos del procés más allá del 1-O. Por ejemplo, Tsunami Democràtic, un movimiento popular de protesta frente a la sentencia que condenó a los líderes independentistas, pero también la estructura que mantiene Puigdemont en Bélgica, donde permanece huido de la justicia española. Una de las vías de financiación fue presuntamente la Plataforma pro Selecciones Catalanas, cuyo presidente, Xavier Vinyals, es uno de los detenidos ayer.

Otros arrestados son Antonio Fuste y Roc Aguilera (propietarios de una empresa de eventos ya registrada en 2017 por guardar material electoral del 1-O) o Pilar Contreras y Josep González-Cambray, cargos públicos del Departamento de Educación vinculados con la gestión de los colegios concertados.

Parte de la investigación tiene que ver con el enriquecimiento personal de uno de los detenidos. El juez indaga una presunta recalificación irregular —unos terrenos rústicos pasaron a ser urbanizables— por el Ayuntamiento de Cabrera de Mar (Barcelona). La recalificación benefició a su propietario, Xavier Vendrell. Los agentes indagan la construcción en esa zona de una escuela concertada, un centro de negocios y un restaurante. En una nota de prensa, la Guardia Civil explicitó sus sospechas de “irregularidades por parte del Departamento de Educación”.

Mientras el operativo policial continúa —algunos de los arrestados quedaron en libertad y otros seguirán detenidos y puestos a disposición del juez—, el independentismo no tardó en tratar de desacreditarlo. “Intentan la muerte política y civil del independentismo porque tres años después de la declaración de independencia continuamos luchando por una causa justa”, tuiteó Puigdemont. “El Estado español continúa insistiendo en su deriva represiva y autoritaria. Este es su mensaje de diálogo”, sostuvo su sucesor, Quim Torra. Artur Mas reaccionó en TVE quitándole hierro: “Ya estamos acostumbrados a este tipo de operaciones espectáculo. A la hora de la verdad ¿qué están investigando?”.