Una petición de perdón a los presos del ‘procés’ “para pacificar Cataluña”

Nadie le pidió que lo hiciera. No fue presionado ni empujado por el independentismo. Tampoco lo consultó con los interesados ni les visitó en la cárcel de Lledoners: no le hacía falta. El veterano abogado Francesc Jufresa, considerado en su día una de las togas de oro de Barcelona, presentó la primera de las peticiones de indulto para los 12 dirigentes independentistas condenados por el procés. El texto, cinco folios, entró en el registro de la División de Derechos de Gracia del Ministerio de Justicia el 24 de diciembre de 2019 y ahora el Gobierno anuncia que tramitará el expediente.

Jufresa cree que, en realidad, el expediente ya está en marcha y que el Consejo de Ministros dará a conocer su decisión más temprano que tarde. Asegura que tiene buenas vibraciones e insiste en que no le mueven la fama ni el prestigio; tampoco una causa política —el independentismo— que no comparte. “Lo hice porque tengo conciencia y porque me preocupa mi país. Creo que el indulto puede pacificar Cataluña”, afirma en una conversación con EL PAÍS.

A los 67 años, Jufresa ha recuperado con el procés parte del tirón mediático del que gozó en los años 90, cuando codirigía uno de los despachos más potentes de Barcelona. Fue abogado de Javier de la Rosa —el financiero alabado por Jordi Pujol y luego caído en desgracia— y estuvo presente, como defensor, en los casos más sonados de corrupción económica. Más tarde llegaron las divisiones en el bufete, la pérdida de clientes VIP y un cierto “decaimiento profesional” que, dicen sus colegas, le ha llevado a tener una “trayectoria más discreta”.

Tras la condena del Tribunal Supremo por el procés, se sucedieron los anuncios de peticiones de indulto pese a que algunos de los presos no quieren explorar esa vía. La primera, y también la de mayor alcance porque afecta a todos los condenados, fue la del abogado Jufresa. Este julio, el sindicato UGT pidió el perdón para la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa, condenada a 12 años de cárcel por sedición y malversación. La iniciativa cuenta con la adhesión de líderes de otros sindicatos como CC OO y de numerosos alcaldes catalanes. En agosto, tres expresidentes del Parlamento catalán —Joan Rigol, Núria de Gispert y Ernest Benach— solicitaron el indulto para la también expresidenta Carme Forcadell, que cumple una pena de 11 años y medio por sedición. Explicaron que lo hacían por “sentido institucional”. La Lliga Democràtica, una de las formaciones surgidas de la implosión de la extinta CiU, también dará el paso de pedir la libertad de todos los políticos presos para contribuir a la “reconciliación entre catalanes”.

Esa idea de “pacificación” de la vida social y política es también lo que mueve a Jufresa, que ve en el indulto una de las escasas vías para resolver “una situación insostenible”. Cree que la pena impuesta a los dirigentes —de nueve a 13 años de cárcel— es excesiva y opina que el proceso judicial estuvo salpicado de incidencias que, como abogado penalista, le chocan. “Todo se hizo bastante mal”, resume de viva voz lo que detalla en su escrito.

La competencia del Supremo para enjuiciar el otoño catalán de 2017 (la jornada de protestas del 20-S y el referéndum del 1-O) es “discutible”; existen “dudas sobre la imparcialidad” del presidente de la sala, Manuel Marchena; los más de dos años en prisión provisional fueron “excesivos”. Jufresa reproduce así algunos de los argumentos de las defensas de los presos, pero incide sobre todo en otro punto: las penas son “desproporcionadas”. La sedición —la petición de indulto no discute los hechos probados— “no llegó a entorpecer gravemente el ejercicio de la autoridad pública”.

Jufresa pide al Gobierno un indulto total o, si no lo concede, uno parcial, de modo que se rebaje (a un máximo de cuatro años) la pena. El abogado, que ha comentado su iniciativa y ha hablado sobre otros temas vinculados al procés en programas de TV-3, está relativamente satisfecho y a la expectativa. En los últimos tiempos ha promovido otros indultos sonados: por ejemplo, para el FC Barcelona, que fue condenado como entidad deportiva por dos delitos fiscales a propósito del caso Neymar. Por ahora, sigue esperando.