La memoria que no fue

Las fuerzas que forman el Gobierno de la Generalitat se vigilan de reojo y van exhibiendo crecientemente sus discrepancias. Todo ello, al acecho y en preparación de unas elecciones al Parlamento anunciadas en el mes de enero por un Quim Torra que se decía entonces desautorizado y veía a su propio gobierno divido y sin proyecto. No parece que el primero haya ganado autoridad ni que el segundo se encuentre en mejor forma. Las elecciones no terminan de llegar, pero mientras tanto, debe hacerse balance del mandato, también en el ámbito de la memoria histórica.

Cataluña cuenta hoy con tres leyes en materia de memoria histórica. Abordan distintos aspectos de las políticas de memoria, y se puede decir que, cada una a su modo, fueron pioneras. En primer lugar, la Ley del Memorial Democrático (2007), seguida de la conocida como Ley de Fosas (2009), y finalmente la Ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo (2017).

Se hacía necesario poner fin a la dispersión normativa, regular los vacíos existentes, introducir las mejoras que se estiman necesarias luego de experimentar las dificultades en la aplicación de la Ley de Fosas, reforzar el Memorial Democrático después del hachazo de los recortes de Artur Mas en 2011, y hacer, en definitiva, una ley completa y coherente en materia de memoria.

Durante el mes de junio de 2018, el PSC anunció y registró una iniciativa legislativa en este sentido, la proposición de Ley de Memoria Democrática de Cataluña. En julio de 2018, la Consellera de Justicia, Esther Capella (ERC), anunció que su Departamento estaba trabajando en un proyecto de Ley Integral de Memoria Democrática.

El caso es que la proposición socialista superó, en noviembre de 2018, el debate a la totalidad ante el Pleno del Parlamento. Es decir, que la cámara decidió iniciar su trámite legislativo. El acuerdo que lo hizo posible, con pragmatismo y buena fe, pasaba por ralentizar la tramitación de la iniciativa socialista para esperar al texto del Gobierno de la Generalitat, del que nos decían que llegaría pronto al Parlamento, y tramitar ambos textos conjuntamente, buscando amplios consensos.

Aún lo esperamos. Sí, el Gobierno aprobó el anteproyecto e impulsó el correspondiente proceso participativo. En junio de 2019 —¡hace más de un año!— el Departamento de Justicia decía que el proyecto de ley se estaba ultimando. Pero estamos en agosto de 2020, más de dos años después del primer anuncio, y seguimos sin disponer de él.

Por su exasperante dejadez, aunque hoy mismo tuviera entrada en el registro del Parlamento el esperado proyecto de ley, todo apunta a que sería imposible que la cámara pudiera aprobar una nueva Ley de Memoria Democrática antes del fin de esta desdichada legislatura.

La lentitud del Gobierno, y en concreto del Departamento de Justicia, arroja dudas. Elijan ustedes si dudar sobre su capacidad de impulsar los cambios, o sobre su voluntad real de hacerlo.

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