Caen a la mitad las empresas que aspiraban a las 7.000 licencias de moto compartida de Barcelona

El culebrón del concurso de 7.000 licencias municipales para empresas de motos y bicis compartidas en Barcelona está llegando a los últimos capítulos. El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este martes, en plena desescalada de la crisis del coronavirus, la adjudicación definitiva de 4.000 licencias a 12 de las 21 empresas que se presentaron. La cifra final de adjudicatarios, supone que la mitad de los aspirantes han caído de la lista en un proceso marcado por la controversia. Y es que los operadores actuales, que figuran todos en el listado definitivo y ahora operan en un limbo legal, aseguraron al conocer las firmas que optaban al concurso, que una decena tenían algún tipo de vínculo con la marca Reby de patinetes de alquiler.

La concejal de Movilidad, Rosa Alarcón, ha explicado que las empresas aspirantes que no tendrán licencia se han caído en el proceso bien porque se han retirado, por falta de documentación o porque la que presentaron estaba incorrecta. La responsable de movilidad no ha hecho ninguna alusión a posibles irregularidades. Además, ha anunciado lo que era una petición del sector: que las 3.000 licencias vacantes, serán repartidas de forma equitativa entre las nueve adjudicatarias. Los operadores, sin embargo, a través de la patronal Smart Mobility piden paso y desde hace semanas se reivindican como alternativa de movilidad sostenible, individual y que permite respetar las distancias durante la desescalada. Según sus cálculos, aseguran que la ciudad podría asumir más de 10.000 licencias.

En un notable cambio de discurso, afirmando que en la ciudad post-covid las motos compartidas son “una buena alternativa en la nueva movilidad”, Alarcón ha puesto en valor que “el sharing es una alternativa sostenible, más económica que tener vehículo privado, con vehículos que ocupan poco espacio público”. En el mandato anterior, cuando la cartera de Movilidad estaba en manos de los comunes, hubo cierta hostilidad con el sector del sharing; en éste, y con el área en manos del PSC tras el gobierno de coalición, el discurso comenzó cambiando y la crisis del coronavirus ha virado todavía más el discurso municipal sobre el sector.

Las nueve empresas seleccionadas finalmente son las cinco que ya operan (Yego, Scoot, Acciona, eCooltra y Mobilitas-Movo, que actualmente tienen unas flotas que oscilan entre 2.300 y 500 motos) y Respiro (vinculada a Seat), Talban (a CityScoot) y Tucycle, Avant, Tirkil, Eco-logia, Oiz, que según fuentes del sector tienen alguna relación con la firma Reby de patinetes. De entrada han sido adjudicatarias de 348 licencias para moto cada una, pero cuando acabe el reparto de las 7.000, les tocará 580 a cada empresa. Algunas salen perdiendo, porque ya actualmente gestionan flotas mayores (eCooltra tiene 2.300); y otras ganando, porque tienen menos motos (Scoot tiene 500) o logran entrar en el pastel.

Las empresas tienen un mes para desplegar sus nuevas flotas, un periodo que se amplía a un mes más si pueden acreditar que no cuentan con las motos por razones de producción, debido al parón económico durante la crisis de la covid-19. El sharing será un nuevo ingreso para la ciudad, porque cada vehículo pagará 70 euros al año, que supondrá casi medio millón de euros para las arcas municipales.

En la adjudicación hecha pública, también se han repartido entre siete empresas las licencias para bicicletas compartidas. De diez empresas que se presentaron han obtenido licencias siete: de entrada obtendrán 3.000, a razón de 472 cada una, a excepción de Yego Urban Movility, que recibirá 200. Igual que en las motos, las licencias sobrantes hasta llegar a las 4.000, se adjudicarán de forma proporcional y con carácter temporal, hasta un máximo de 630 bicis a cada empresa. El resto de firmas adjudicatarias son Smart Cyles, Scoot, Boltest, Jump, Cooltra y Idribk.