La escuela concertada reduce las cuotas para evitar una oleada de impagos
Las patronales defienden que las mensualidades son necesarias para asegurar la continuidad de sus centros
El cierre de las escuelas ha llevado a muchas familias de centros concertados a preguntarse si deben continuar pagando las cuotas mensuales, e incluso a plantearse no hacerlo. Las patronales del sector defienden que las mensualidades son necesarias para asegurar la continuidad de sus centros, pero han dado directrices para ser flexibles por la delicada situación económica. Y admiten que ofrecer descuentos en las cuotas ha aplacado las quejas de los padres. “Indiscutiblemente las bonificaciones han ayudado a calmar los ánimos. Si no lo hubiéramos hecho, podríamos haber tenido una oleada de devoluciones”, admite Carles Camí, presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza.
Antes del estallido de la pandemia, Judit pagaba 650 euros mensuales en una escuela concertada de Berga, donde estudian sus tres hijas de 7, 12 y 14 años. Con el cierre de los colegios, la dirección informó a los padres, explica Judit, que las cuotas se mantendrían en secundaria y que en primaria se pagaría el 75%. “Al principio del confinamiento no estaban haciendo clases, solo colgaban documentos en la web, pero yo era quien ayudaba a mis hijas y les corregía lo que hacían. No me podían cobrar una cuota si no están yendo a escuela ni usando las instalaciones. Les dije, ¿es una broma?”. Un grupo de padres se empezó a organizar y acordó devolver los recibos de abril masivamente. Entonces, prosigue la madre, la escuela anunció fuertes bonificaciones —de más del 60%— y las aguas volvieron a su cauce, también con el inicio del nuevo trimestre. “Ahora es diferente, porque tienen un horario, hacen clases en línea y los profes evalúan. Hay que pagar lo adecuado a lo que te ofrecen”.
En la escuela de Belén, en el barrio de Gràcia de Barcelona, también hubo mucho revuelo entre los padres por la misma razón: cuestionaban el tener que cumplir con los pagos si no se impartían las clases. “Entonces la escuela explicó en qué se invertía el dinero de las cuotas y ofreció descuentos de entre el 20 y el 40%”, comenta. Ella defiende continuar pagando, si se puede. “Las reglas de juego de la concertada son estas. Tienes que hacerte cargo de parte de los gastos y asumir la corresponsabilidad para que el sistema continúe funcionando”.
Las escuelas concertadas (704 centros con 365.000 alumnos, un 27% del total) son de titularidad privada (detrás hay una orden religiosa, una fundación o una cooperativa, entre otros), pero que reciben financiación de la Generalitat: la Administración paga los sueldos del profesorado y otorga una subvención —el conocido como concierto— para gastos de mantenimiento. Pero el sector denuncia una infrafinanciación —perciben unos 2.000 euros anuales por alumno, mientras la pública cuenta con 6.000, según sus cifras— y por eso defienden que las cuotas de las familias son “imprescindibles”. Asimismo, admiten que una parte —las aportaciones a fundaciones— son voluntarias (solo son obligatorias las relacionadas con la prestación de un servicio, como la sexta hora, el comedor, las excursiones...).
De hecho, las patronales confiesan que hubieran preferido no tocar los recibos. Miquel Mateo, secretario general adjunto de la Fundación Escuela Cristiana (la mayoritaria, que agrupa 400 centros), considera que las aportaciones a fundaciones o congregaciones, a pesar de ser voluntarias, “no deben tocarse mucho”. Tampoco la de la sexta hora, “porque se está haciendo la docencia”. No obstante, la crisis generada por la pandemia y las quejas de muchos padres han obligado al sector a mover ficha y han acabado enviando directrices a sus centros para que sean flexibles con las cuotas. “Pedimos que las aportaciones se mantengan, pero también que las escuelas sean receptivas ante los problemas económicos que puedan estar atravesando las familias”, tercia Mateo.
La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza asegura que prácticamente todas las escuelas han acabado aplicando bonificaciones, que en el caso de sus asociados oscila entre el 15 y el 30%, y que a las familias afectadas por un ERTE no se les cobra la aportación voluntaria, aunque sí la sexta hora. Esta flexibilidad, admite su presidente, ha ayudado a aplacar los ánimos. “No es tanto por la cantidad, porque son cifras pequeñas, sino por el gesto de solidaridad de las escuelas hacia la situación de los padres”, admite Camí. Y parece que ha surtido efecto. Asegura que las devoluciones de recibos de abril se han mantenido prácticamente igual respecto a meses anteriores, aunque matiza: “Puede que unos pocos más sí, de padres rebotados”
El ERTE también llega
Las patronales temen que el parón educativo pueda afectar a la salud económica de sus centros, especialmente a los pequeños y vinculados a una entidad sin ánimo de lucro. Con todo, la concertada no se ha salvado de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que se han focalizado en el personal de los comedores y las actividades extraescolares. Aunque también, en algún caso, en trabajadores de administración y servicios, según la Fapel, una de las asociaciones de familias de la concertada. Su presidente, Josep Manuel Prats, defiende seguir pagando las cuotas si la economía familiar lo permite y asegura que muchos padres así lo han hecho porque han entendido su utilidad. “Toda esta situación ha servido para explicar, y que las familias conozcan, qué es el concierto y para qué sirven las cuotas”.
