Un edil, cesado tras denunciar pagos irregulares al hijo de la secretaria del alcalde de Pozoblanco

Cuando a Gerardo Arévalo lo llamó el PP para que entrara a formar parte de las listas municipales para el Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba, 17.102 habitantes), él, que todavía no se había afiliado al partido, puso dos condiciones: que si constataba algún caso de corrupción no iba a silenciarlo y que lo dejaran trabajar. Arévalo sabía que el alcalde, Santiago Cabello, había tenido roces con otros concejales. En sus escasos nueve meses como concejal de Personal ha tratado de cumplir con su primera premisa y ha visto cómo era cesado el pasado lunes.

En este tiempo, había denunciado que el hijo de la secretaria del regidor había estado cobrando por un puesto de trabajo otorgado por el Consistorio para el que no había sido designado y que nunca desempeñó, y pidió a Cabello en enero que iniciara las acciones pertinentes para que el joven devolviera las cantidades percibidas, casi 7.000 euros. La respuesta: una comisión de investigación que dirige el propio alcalde tras haber evitado el viernes, gracias a la mayoría absoluta de la que goza, la petición de recusación por parte de la oposición, y solo después de que Cordópolis y Radio Córdoba de la Cadena SER desvelaron la ristra de presuntas irregularidades del que se conoce ya como caso del joven intruso.

Arévalo tomó posesión de su cargo como concejal a mediados de junio de 2023, casi a la par que finalizaba el presunto contrato fantasma del hijo de la secretaria del alcalde, de entre 26 y 27 años. “Era un secreto a voces que este chico estaba cobrando sin trabajar”, explica a este diario una fuente del entorno de Arévalo, abogado de profesión. El joven había sido contratado por el Ayuntamiento de Pozoblanco para un puesto como integrador social dentro del plan Joven Ahora, financiado por la Junta de Andalucía con fondos europeos. Estuvo empleado entre el 23 de diciembre de 2022 y el 22 de junio de 2023 y percibió al menos 6.733 euros, aunque nunca pisó su puesto de trabajo en el centro municipal de la mujer.

Pero es que el hijo de la secretaria no fue el único contratado para ese puesto. Aunque él era quien tenía más puntos y fue designado por ello el candidato óptimo, la entonces concejal de Personal, Inmaculada Reyes, constató que si se le concedía superaría en 52 días el máximo legal previsto en el Estatuto de Trabajadores para la concatenación de contratos municipales, cuya duración máxima es de 545 días. Por eso ella propuso a una segunda candidata. Pese a todo, el Consistorio también le concedió el mismo contrato al joven.

Arévalo se dedicó a recabar testimonios e informes de empleados, técnicos y responsables del centro de la mujer donde se supone que estaba destinado el joven e incluso se dirigió a otro centro social, pero en todos recibió la confirmación de que nunca había estado allí. “Él le comunicó esta situación anómala al alcalde verbalmente y por escrito, sin recibir ninguna respuesta expresa por parte del regidor”, explican las fuentes consultadas. El 21 de noviembre, el edil le envió un requerimiento al chico para que explicara por qué había percibido esa remuneración y para que procediera a devolverla. También le pidió al alcalde que denunciara el caso ante la justicia. El regidor tuvo que admitir que se había iniciado una investigación interna y anunciar una comisión de investigación en el Ayuntamiento que presidirá él mismo, después de que no haya prosperado la recusación presentada por PSOE e IU, que entendían que existe un interés personal por parte del regidor, puesto que se van a investigar sus actuaciones relacionadas con el caso, y por tener una amistad manifiesta con la madre del joven que cobró sin trabajar.

La mayoría absoluta de la que goza el PP permitió que la recusación no saliera adelante, después de que se leyera un informe de los servicios jurídicos municipales en el que se citaba jurisprudencia que avalaba la participación del alcalde en comisiones de investigación, lo que refutaba los argumentos de la oposición. Esa mayoría absoluta es la que hace sospechar a la oposición y a Arévalo —explican en su entorno― que la comisión de investigación no va a llegar a conclusiones relevantes.

“Desasosiego y desesperación” por cobrar sin trabajar

En todo este tiempo, el alcalde ha defendido la legalidad del contrato del hijo de su secretaria y su idoneidad para desempeñar el puesto. También ha justificado que ni su contrato ni el de la chica a la que finalmente se le adjudicó los hubiera firmado él personalmente, como es preceptivo, porque los procesos de contratación se realizaron un mes y medio antes de las elecciones municipales.

Más allá de lo que arroje la investigación municipal, hay dos hechos probados claros, que la contratación del joven es irregular y que él nunca fue a trabajar. Lo primero fue puesto en evidencia por la propia Junta de Andalucía, que a principios de enero reclamó al Ayuntamiento de Pozoblanco el reintegro de la subvención de 252.000 euros concedida para el programa de empleo juvenil por el que se contrató al hijo de la secretaria porque había varios contratos que “no se habían justificado correctamente”, entre ellos ese, que no constaba, y el de la chica a la que se le había asignado el puesto. Finalmente, el Consistorio devolvió 30.000 euros tras revisar el procedimiento con la Delegación territorial de Empleo, Empresa y Trabajo autónomo.

La segunda evidencia la ha reconocido el propio joven, que ha demandado al Ayuntamiento por “vulneración de sus derechos fundamentales y libertades públicas”, tal y como adelantó el digital local Hoy en Día. El hijo de la empleada municipal señala que haber estado cobrando sin trabajar le generó una “situación de desasosiego y desesperación” al no haber podido acceder a ese puesto “ni poder ejercer otro distinto durante esos meses”.

También defiende que él era el que había ganado el puesto para ese contrato. No se queda allí y asegura que nunca recibió su contrato laboral ni se le indicó “el inicio” de su prestación laboral, a pesar de sus “múltiples intentos y requerimientos”. El chico reclama el derecho a la ocupación efectiva, a los correspondientes daños morales y a la improcedencia del despido, por lo que solicita del Consistorio un total de 9.505,94 euros.

El asunto ha quedado varado en la comisión de investigación. Quien denunció los hechos no solo ha sido apartado de su cargo como concejal, sino que ha sido señalado por su partido, que le ha pedido que dimita en varias ocasiones. “Está planteándose acciones legales y tampoco descarta abandonar el partido. Este es un pueblo pequeño y su honor está por encima de todas las cosas”, señalan las fuentes consultadas.