¿Dos Andalucías?

Hace treinta años se inauguraba una Exposición en Sevilla que, más allá de su carácter de universal, tenía una lectura en clave interna para la ciudadanía de Andalucía. Simbolizaba la integración de un pueblo castigado por la indiferencia del viejo poder político, secularmente tan autoritario como centralizador en el reparto de los bienes y servicios públicos. Parecía que se estaba abriendo un camino real para alcanzar al fin una verdadera igualdad territorial con el resto de España. Daba comienzo una inédita época, destinada a la modernización de una región esquilmada por endemismos insuperables, como el latifundismo o la desertización industrial.

Sin incurrir en catastrofismos ni apreciaciones desfiguradas, la situación a estas alturas de siglo XXI es que queda todavía un gran objetivo por cumplir en el seno de la comunidad. Se encuentra doblemente marcado en la Constitución y en los dos Estatutos de autonomía aprobados hasta el momento. Entre los buenos propósitos que sanciona el texto constitucional, el mismo que algunos pretenden apropiarse de forma exclusiva y excluyente, hay uno que parece pensado especialmente para Andalucía. Enunciado con sustantivo y adjetivos diáfanos; sin embargo, su materialización efectiva solo puede conseguirse con una elevada dosis de solidaridad y sensibilidad políticas. Así, el equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio(artículo 138), representa una fórmula difícil de articular cuando se trata de repartir las inversiones públicas y ordenar los servicios del estado del bienestar.

Las dos Andalucías no son parte de un imaginario colectivo, infundado o mediatizado. Porque hay suficientes testimonios de que esa igualdad entre territorios y provincias de la comunidad no es más que una hoja de papel de nuestro Estatuto. Bajo el estereotipo, eliminado convenientemente en el lenguaje institucional, se oculta una realidad incómoda para quienes han tenido la responsabilidad de ejercer el autogobierno durante demasiado tiempo; pero también de aquellos que habrían podido cambiar el rumbo de las cosas cuando lideraban y disponían del poder del Estado.

Si focalizamos la atención en las infraestructuras, existen demasiadas evidencias de un abandono sistemático, y sin matices ideológicos, de una parte de Andalucía; principalmente, pero no siempre, de una Andalucía todavía rural, que sobrevive dependiente de las ayudas europeas.

La vertebración territorial se resume probablemente desde aquel fastuoso 92, en una autovía cuya ejecución costó décadas. El otro gran proyecto del momento —el AVE― ha servido para encubrir el desmantelamiento permanente del ferrocarril en la mayor parte de Andalucía oriental. Granada se ha tenido que conformar con una alta velocidad relativa y con un trazado incomprensible. En este punto, la comunidad está obligada a mirar solo hacia el Norte, sin atender a una transversalidad ferroviaria que sumaría puntos al equilibrio territorial.

Hay provincias, como Jaén y Almería, donde la desafección ciudadana por la Autonomía reclamada y conquistada en los años ochenta, empieza a cundir y a manifestarse en esos nuevos movimientos sociales, generados por los errores de los grandes partidos que han gobernado esta tierra, tanto de forma sucesiva desde el Estado, como de forma monolítica y casi intemporal desde el Gobierno de la Junta.

La nueva versión de centralismo autonómico no tiene visos de desaparecer tras la —imprescindible en términos de democracia parlamentaria― alternancia política que se ha producido en la actual legislatura. No hace falta ejercer de nigromante para adivinar que el fracaso, como gran proyecto constitucional y estatutario, de la igualdad entre territorios y provincias sea el germen de un sistema de partidos demasiado fragmentado como para poder construir gobiernos mínimamente estables. Con ellos seguramente desaparecerá la idea de interés general del conjunto de la población; para dar paso a un localismo político, legítimo sin duda, que pone a subasta sus apoyos parlamentarios a cambio de favorecer las necesidades de unas minorías territorializadas.

En una comunidad tan extensa como Andalucía siempre surgirán motivos suficientes para justificar ese nuevo municipalismo o provincialismo de demandas. Para algunos se tratará solo de un localismo egoísta, como ideología que puede condicionar el liderazgo político de los grandes partidos en declive. Para otros, será solo el resultado lógico, e inevitable, de una estrategia o políticas que no han sabido mirar más allá de la capitalidad, o las capitalidades económicas de la comunidad.

Gerardo Ruiz-Rico Ruiz y Nicolás Pérez Sola son catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén