El Congreso da un paso más hacia la disolución de asociaciones franquistas

La comisión constitucional del Congreso ha aprobado este martes, con el único voto en contra de Vox y la abstención del PP, el dictamen sobre la proposición de ley presentada por el PSOE para modificar la ley de asociaciones de forma que sea causa de disolución la apología del franquismo que cause menosprecio o humillación a las víctimas de la Guerra Civil o la dictadura. La decisión final quedará en manos de un juez.

Durante el debate, tanto el PP, como UPN y Vox han rechazado la ley de memoria democrática ―de la que deriva el compromiso de modificar la ley de asociaciones― y han criticado que no se incluya en la reforma la apología del terrorismo. “Es repugnante”, ha llegado a decir el diputado Alberto Catalán. “¿Por qué solo la apología del franquismo y no la de ETA?”, ha insistido durante su intervención María Jesús Moro Alcaraz, del grupo parlamentario popular. En realidad, como les ha recordado el diputado de Sumar Nahuel González, “ya existe en el ordenamiento jurídico la condena por apología del terrorismo, que se ha aplicado y se aplica”.

Carlos Flores Juberías, de Vox, tachó la medida de “limitación inaceptable” de los derechos de asociación, expresión y libertad ideológica para tratar de disolver a aquellas asociaciones que muestren “simpatía hacia ciertos personajes del pasado”. El diputado de la extrema derecha afirmó que conoce a asociaciones que realizan “actividades más o menos susceptibles de apología del franquismo”, pero a su juicio, ninguna de ellas lo hace “con menosprecio a las víctimas o incitando al odio contra ellas”.

El socialista Artemi Rallo presentó la modificación legal como una “exigencia ineludible para los represaliados, para hacer pedagogía social y como moral colectiva frente al blanqueamiento del franquismo por parte de la extrema derecha”. “La democracia”, añadió, replicando a Vox, “sí debe militar contra sus enemigos y defenderse de ellos. La apología del franquismo no puede ampararse ni en la libertad de expresión, ni en la de asociación, ni en la ideológica, y la Constitución no les va a servir como burladero”. Rallo también lamentó que el PP, que se abstuvo en la votación, perdiese “la oportunidad de estar en el lado decente de la historia”.

Mientras, el Gobierno trabaja desde junio del año pasado en los informes para promover la ilegalización de la Fundación Franco en cumplimiento de la disposición adicional quinta de la ley de memoria democrática (2022), que establece como causa de extinción perseguir fines contrarios al interés general, entre los que se incluye la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra ellas.

Recurso ante el Tribunal Constitucional

Por otro lado, como había anunciado, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la modificación legal impulsada por el Gobierno madrileño el pasado diciembre para tratar de impedir la declaración de la Real Casa de Correos de Madrid, sede de la Dirección General de Seguridad durante la dictadura franquista, como lugar de memoria. “Fue un centro de represión, de torturas e incluso de muerte”, ha recordado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. La modificación legal del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso trató de “blindar” el edificio bajo unos preceptos que, según el ministro, “son inconstitucionales”. “Leyes autonómicas”, ha añadido, “no pueden ir en contra de una ley superior”.