El Gobierno regularizará a 25.000 inmigrantes afectados por la dana

El Gobierno regularizará a los extranjeros afectados por la dana que, a finales de octubre, mató a 227 personas y asoló casi 80 municipios, la gran mayoría en la Comunidad Valenciana. La medida se aprobará este martes en el Consejo de Ministros como parte de un paquete de medidas con las que también se facilitarán las prórrogas y la concesión de permisos de los inmigrantes que vivían o trabajaban en las zonas devastadas, según fuentes conocedoras del proceso. La regularización, con la que se concederán autorizaciones de residencia y trabajo de un año a los afectados y sus familiares más directos, beneficiará a al menos 25.000 personas, según cálculos aproximados de la Administración. Se prevé que el conjunto de las medidas tendrá un impacto mucho mayor y que, potencialmente, puede facilitar trámites a más de 30.000 personas de los 98.000 extranjeros no comunitarios ya empadronados en la zona.

Las prórrogas automáticas ya fueron una herramienta que sirvió de colchón a los extranjeros en la pandemia, pero encontrar referentes de regularizaciones en caso de catástrofe hay que retroceder hasta 2004. Pocas horas después de la masacre terrorista del 11-M, en la que murieron casi 200 personas, el presidente José María Aznar anunció la regularización y la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a las víctimas extranjeras y sus familiares.

El texto que se aprobará este martes es ahora mucho más ambicioso de lo que se esperaba hace poco más de un mes. La regularización era parte de ese paquete de medidas que debían haberse aprobado antes de que acabase el año, pero acabó cayéndose del último borrador. Había dudas jurídicas y fuertes reticencias de ministerios, como el de Interior. Migraciones decidió, entonces, sacar adelante, primero, las prórrogas para, después, decidir, si avanzaba o no con las medidas para los inmigrantes en situación irregular. Pero todo se retrasó —se han cumplido ya 100 días desde la dana—, y el proceso solo se ha desbloqueado gracias a la presión de los sindicatos, el dictamen favorable de la Abogacía del Estado y la visita de Pedro Sánchez a Valencia el pasado 23 de enero.

La forma con la que se regularizará a los inmigrantes sin papeles es una autorización de residencia “por circunstancias excepcionales sobrevenidas” que podrán solicitar aquellos extranjeros empadronados (o con cita para hacerlo) en alguno de los municipios afectados desde el 28 de octubre. También podrán optar a ese permiso los cónyuges, hijos menores de edad del solicitante o de su pareja o hijos adultos con alguna discapacidad que limite su autonomía. En el caso de los familiares extranjeros de víctimas mortales de la dana esta autorización tendrá una vigencia de cinco años.

Fabián Leal, inmigrante colombiano de 49 años, su esposa y su hijo de 14 años serán algunos de los candidatos a obtener ese permiso de residencia, que le devolverá la certidumbre que perdió al emigrar hace tres años y permanecer en España en situación irregular. Con una autorización de trabajo, y en consecuencia, una nómina, podría acceder a todas las ayudas desplegadas por los Ayuntamientos —en su caso el de Alfafar— para las familias afectadas por la dana. “Para muchos trámites en este municipio ni siquiera existimos. Nuestros nombres no están en las listas”, lamenta. Leal, que realiza pequeñas tareas de reparación eléctrica pagadas en “negro”, podrá darse de alta como autónomo o ser contratado por una empresa si logra sus papeles. “He recibido varias ofertas que no he podido firmar en mi situación”, recalca. También podría volar a Colombia para visitar a su familia. “Es la posibilidad de ser libres. Podemos movernos libremente por este país, pero siempre tenemos la sensación de intranquilidad a cuestas”.

La concesión automática de prórrogas y renovaciones beneficiará a estudiantes, voluntarios, pero sobre todo a los titulares de autorizaciones de larga duración cuya vigencia expire entre el 30 de julio de 2024 y el 1 de abril de 2025. La instrucción pretende evitar que los inmigrantes acaben en la irregularidad porque no pueden renovar sus permisos o porque, tras el temporal, ya no cumplen los requisitos para obtenerlos. Entre los miles de afectados por la dana, los extranjeros se han encontrado con situaciones específicas que han complicado su vida laboral y familiar. Aquellos que perdieron el empleo porque su empresa se vio gravemente afectada por el temporal y están pendientes de renovar sus autorizaciones de residencia tiene un problema añadido porque han dejado de cumplir los requisitos. La flexibilidad se aplica también para aquellos que lograron su autorización gracias al alta en la Seguridad Social de un empleo que nunca se concretó por culpa del temporal. Todas las solicitudes tendrán tramitación preferente y solo se denegarán por razones de orden público, seguridad o salud pública.

Esta es la tercera iniciativa de regularización de inmigrantes que está ahora mismo sobre la mesa. El nuevo reglamento de extranjería, aprobado el pasado mes de noviembre, no es estrictamente una regularización, pero sí recoge mecanismos que permitirá conceder permisos por vías no habituales. En paralelo, aún se discute en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de cientos de miles de personas en situación irregular y que sigue atascada entre las reticencias de la derecha y la indefinición del PSOE. Es, precisamente, el Movimiento RegularizaciónYa que lideró esta iniciativa, el que viene presionando al Gobierno por varios flancos. “Todos los avances que ha hecho en materia de Migración han sido consecuencia de la presión social que hemos llevado adelante. Ahora es fundamental que los Ayuntamientos cumplan con el empadronamiento que es la principal causa de exclusión social de las personas migrantes en toda España. Y toca valentía para aprobar la ILP para poner el contador a cero en materia de irregularidad administrativa”, defiende Victoria Columba, una de sus portavoces.

Las instrucciones que se aprobarán este martes responden a demandas de empresarios, de la sociedad civil y de los dos sindicatos mayoritarios. CC OO ha señalado “la importancia” de estas medidas que el propio sindicato propuso, aunque ha lamentado que “se ha perdido mucho tiempo desde que se propusieron”. En todo caso, José Antonio Moreno, responsable confederal de Migraciones y Asilo, reclama que la Administración despliegue los medios necesarios para evitar el atasco. “Al igual que ocurrirá con el nuevo reglamento, nada tendrá eficacia sin una adecuada dotación de medios materiales y humanos para implementar las medidas”.

Con información de Luis Enrique Velasco.