Una veintena de familias de víctimas de la dana se unen a la demanda colectiva contra el Gobierno y la Generalitat: “Iremos a por todos”

Joaquín Amills, presidente de la asociación SOS Desaparecidos, está convencido de que si las autoridades hubieran ejercido sus competencias el martes 29 de octubre, la cifra de muertos por la dana en la provincia de Valencia hubiera sido considerablemente menor que las 222 que perdieron la vida. Con esta certeza, durante los días siguientes a la debacle se propuso elaborar una demanda para que los que tenían responsabilidades ese día y los siguientes en la gestión de la emergencia sean sancionados según corresponda. “Por la vía penal estamos convencidos de que no va a prosperar, pero a nivel administrativo podemos probar los fallos, la irresponsabilidad, la negligencia, la falta de cumplimiento de protocolos ya existentes y otros que ni siquiera se han activado”, sostiene Amills.

La asociación ha destinado un equipo de tres abogados y tres técnicos especialistas en emergencias y peritos judiciales para la construcción de la demanda. Una veintena de familias ya se ha sumado y ha aportado la documentación necesaria de cada caso. Amills insiste en que no se cobrará nada a ninguna familia que quiera adherirse. Tampoco estarán amparados por ninguna formación política. El número de cargos contra los que se presentará el recurso todavía está por cerrar, puesto que el equipo está identificando las responsabilidades concretas de cada uno durante la catástrofe, pero apuntará a todos aquellos que tenían que ordenar, avisar y prevenir sobre lo que ocurriría, tanto en el gobierno autonómico como en el central. “Cómo se entiende que hubo universidades, escuelas, que cerraron al mediodía y parte de esa gente murió en la carretera, en los atascos, porque nadie les previno”, se pregunta Amills. Y añade: “Cómo se entiende que la gente llamaba al 112 y salía que no existía el 112 porque estaba colapsado”.

Encarna Martínez Toral es una de las familiares que ya forma parte de la demanda. Es la hermana de José Martínez Toral, director del Centro Educativo de Cheste y quien falleció por la riada. Ese día, José salía del instituto sobre las seis de la tarde hacia su casa en Valencia, a no más de 20 minutos. Emprendió su camino, cuenta ella, sin saber lo que estaba pasando, ni cómo estaban las carreteras. “Nadie le había avisado nada”, afirma. De haber tenido una alerta que lo previniera, se lamenta hoy, no habría andado por la vía ni se habría pillado el atasco que lo llevó a tomar por una carretera en la que finalmente se lo terminó llevando con fuerza el torrente de agua al barranco de Sechara, donde fue hallado el coche. Esa alerta a los móviles llegó a las 20.11. Demasiado tarde para decenas de víctimas.

“Nos sumamos a la demanda porque pensamos que esto se podía haber evitado”, resume Encarna. Le parece increíble que en pleno 2024, cuando los fenómenos climatológicos se alertan a la población con días de antelación, las autoridades no hubieran visto venir lo que ocurría cuando estaba lloviendo en unos niveles de litros por metro cuadrado sin precedentes. “¿Cuántas veces nos han dicho por televisión “el lunes va a haber chubascos?”, se pregunta. “Hemos pasado un volcán, una pandemia, el accidente del metro en Valencia (43 muertos) y se siguen cometiendo los mismos errores”, enfatiza.

Y se refiere, no solo a que no se previno a nadie antes de la emergencia, sino a la actuación de las autoridades los días que le siguieron. Tuvo que ver durante semanas cómo se pasaban las responsabilidades entre la Generalitat encabezada por Carlos Mazón y el Gobierno de Pedro Sánchez. “No se ponen de acuerdo en cómo tienen que responder ante situaciones de este calibre; no saben qué tienen que hacer”. Su indignación se ha ido profundizando a medida que se ha ido revelando la descoordinación entre las autoridades. 10 días después de la tragedia se supo que Salomé Pradas, la consejera de Justicia e Interior de la Generalitat, no sabía que se podían enviar alertas a los móviles. Le indigna también que efectivos militares y de otras fuerzas le decían que tenían que acudir a las localidades afectadas en sus días libres, porque oficialmente no contaban con autorización para desplazarse hasta allí. “Son días en los que no tendrían que hacer falta todas esas autorizaciones”, reclama.

Amills no se atreve a dar una fecha estimada de presentación de la demanda porque van a tomarse el tiempo que sea necesario para construirla con solidez. “Un mínimo error nos puede costar que nos rechacen o nos la tumben”, sostiene. “Yo entiendo que las familias, la sociedad, el pueblo, está indignado con toda la razón, pero tener prisa en un tema como este es equivocarnos; tenemos que hacer las cosas bien si queremos prosperar y llegarle a toda esa gente que a día de hoy todavía no ha demostrado dolor, empatía, rasgarse las vestiduras pidiendo perdón, porque ni uno lo ha hecho”.

Encarna lo dice sin rodeos: “Vamos a ir a por todos”. Preguntada por qué espera de la demanda, responde: “Que se haga una limpieza de Gobierno, que se depuren responsabilidades. Que uno por uno vengan a Valencia y pidan perdón, así como vinieron para hacerse la foto. Quiero que en adelante estén preparados, que todo aquel que tenga un cargo con responsabilidad sepa lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, a quién tiene que avisar y cómo se tienen que organizar. Porque esto ha sido un desastre tremendo.”