La cúpula de Junts arropa a Gonzalo Boye en su juicio por blanqueo en la Audiencia Nacional

Un sector del independentismo catalán ha arropado este lunes a Gonzalo Boye —abogado de los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Quim Torra, entre otros— en el juicio que afronta en la Audiencia Nacional por un supuesto delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. El letrado se sienta desde esta semana en el banquillo junto al histórico narco gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco. Boye, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de casi diez años de cárcel, ha llegado al tribunal escoltado por un nutrido grupo de dirigentes de Junts per Catalunya: entre ellos, el propio Torra; Josep Rius, vicepresidente y portavoz de la formación secesionista; Jordi Turull, secretario general; Laura Borràs, expresidenta del partido y del Parlament; Miriam Nogueras, portavoz en el Congreso; y el senador Eduard Pujol. “Este es un juicio político”, ha dicho Rius antes del comienzo de la vista oral.

A finales de 2022, la Audiencia Nacional abrió juicio oral contra Boye, Miñanco y otro medio centenar de personas por la bautizada como Operación Mito, una investigación judicial sobre la presunta vuelta del narco gallego al mundo del tráfico de drogas. La jueza instructora María Tardón procesó a los implicados por su supuesta participación en una red que pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y que, además, creó “un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido”. En esa parte de la trama es donde supuestamente encaja Boye, quien ha tenido a Miñanco entre sus clientes.

El abogado de Puigdemont insiste en su inocencia y asegura que la acusación contra él se sostiene sobre el testimonio de dos sospechosos que cambiaron de versión para salir de prisión. En su defensa, esgrime una documentación —registros migratorios y un informe de geoposicionamientos de los teléfonos móviles— que “demuestran” que “nunca pudo producirse” la reunión en la que se pacta el supuesto blanqueo. Además, Boye afirma que se montó una persecución contra él por representar a políticos independentistas en otras causas.

Junts se ha manifestado en la misma línea. “Este es un montaje por motivaciones políticas”, ha incidido Rius este lunes ante la Audiencia Nacional: “Todo el mundo sabe que este juicio no se haría hoy si Boye no fuera el abogado del presidente Puigdemont. Es una nueva muestra de la falta de calidad democrática de la cúpula judicial española. Ya lo han demostrado con la no aplicación de la ley de amnistía [a Puigdemont y otros independentistas]”.

De hecho, Junts intentó hace un año, durante el proceso de elaboración de la ley de amnistía a los encausados del procés pactada entre el Gobierno y los partidos secesionistas, que causas judiciales como la de Boye fueran cubiertas por esa amnistía en un genérico concepto de lawfare (persecución judicial) contra los independentistas; pero finalmente la ley ciñe el perdón judicial a los delitos “cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña”, y por tanto no cubre una acusación por blanqueo como la de Boye.

El juicio ha comenzado este lunes en la Audiencia con la fase de cuestiones previas y está previsto que se prolongue hasta enero. Las defensas de varios procesados han pedido que se suspenda el inicio de la vista oral (al faltar dos de los acusados, uno porque se encuentra en una prisión africana y otro que no ha acudido a la Sala y ha sido puesto en busca y captura). Además de los políticos de Junts, un grupo de abogados ha recibido a Boye a su llegada al tribunal como muestra de apoyo: “Never surrender [Nunca te rindas, en inglés]”, se ha leído en una pancarta que han desplegado.

A Boye se le acusa de colaborar con Miñanco para recuperar un dinero que la policía interceptó a un “correo humano” de la banda. Según la Fiscalía, que atribuye al abogado un delito de blanqueo y otro de falsificación de documentos, este llevaba en 2017 la defensa del histórico narco y “asesoró” a la trama para “confeccionar unos contratos de compraventa de unas letras de cambio” con la idea de intentar recobrar la cantidad perdida: casi 890.000 euros: “Boye presentó dichos contratos de compraventa en el expediente administrativo a sabiendas de su falsedad y de que las operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico”.

Este movimiento se produjo después de que, según la investigación, Miñanco hubiese urdido una doble vida. En febrero de 2016, el histórico narco llevaba ya casi un año en régimen de semilibertad en Algeciras (Cádiz), donde cumplía su segunda condena. Según el sumario, de cara al público simulaba que se había reinsertado (trabajaba por las mañanas en una empresa de aparcamientos y por las tardes acudía a una ONG de asistencia a enfermos), pero en realidad seguía inmerso en el negocio del tráfico de drogas. El ministerio público pide más de 30 años de cárcel para el gallego.

La juez Tardón lo explicó así: “[Miñanco] es el principal jefe de una organización criminal que estaría dedicada a la introducción de estupefacientes, principalmente procedentes de Sudamérica”. Él lo niega: “Son mentiras”, le dijo a la magistrada desde prisión. Entre los acusados se encuentran la expareja de Miñanco, Claudia Viviana Delgado; y su antiguo lugarteniente Luis Enrique García Arango, alias El viejito.