El Constitucional admitirá el recurso del PP contra la ley de amnistía y rechazará la recusación del magistrado José María Macías
El tribunal analizará las declaraciones de Macías contra el perdón de los líderes del ‘procés’ cuando la Abogacía del Estado replantee su petición de apartarle del caso
El Tribunal Constitucional va a celebrar esta semana un pleno en el que admitirá a trámite el recurso presentado por el PP contra la ley de amnistía. Previamente, el tribunal analizará la recusación planteada por la Abogacía del Estado contra el magistrado José María Macías, exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ahora miembro del grupo conservador del órgano de garantías. Esta primera iniciativa para apartar a Macías de los debates sobre el encaje de dicha ley en la Constitución será rechazada, lo que permitirá que el propio recusado defienda a renglón seguido la admisión de la impugnación del PP contra la ley de amnistía, en su condición de ponente del caso. El motivo por el que esta recusación no prosperará en primera instancia reside en que el tribunal estima que la Abogacía del Estado la presentó con excesiva anticipación, ya que debió esperar a que el procedimiento relativo al recurso del PP estuviera iniciado, cosa que no sucede cuando la impugnación de una ley ni siquiera ha sido admitida aún a trámite.
La de Macías es la tercera recusación que el tribunal va a resolver en relación con la ley de amnistía. Previamente, en los dos plenos anteriores, el Constitucional ha rechazado las presentadas contra el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y contra la magistrada Laura Díez, ambos del sector progresista del tribunal. Ambas iniciativas han sido rechazadas, al apreciar el tribunal falta de fundamentación sobre la supuesta carencia de imparcialidad de ambos magistrados. El pleno va a rechazar esta semana los últimos recursos relativos a Laura Díez, presentados por varias comunidades autónomas gobernadas por el PP. El tribunal reiterará que el anterior cargo de esta magistrada como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia no permite cuestionar su imparcialidad, sobre todo teniendo en cuenta que no participó en la elaboración de la ley de amnistía ni se pronunció sobre su encaje con la Constitución en informes o declaraciones públicas.
Caso distinto es el del magistrado José María Macías, quien en su anterior condición de vocal del Poder Judicial sí se pronunció de forma rotunda en contra de la citada ley en dos informes oficiales, encargados por el Senado con el apoyo de la mayoría absoluta de la que el PP dispone en dicha cámara. De ahí que fuentes del Constitucional estimen muy posible que esta recusación prospere si la Abogacía del Estado la vuelve a presentar en tiempo y forma. Por otra parte, la Fiscalía también ha recusado a Macías, pero no en relación con el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la ley de amnistía, sino en la cuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal Supremo ha planteado al Constitucional sobre el encaje de la ley de amnistía con derechos fundamentales y principios básicos de la Constitución.
El primer informe del Poder Judicial sobre la amnistía, emitido el 6 de noviembre de 2023, criticaba que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hubiera “pactado una ley de amnistía con partidos políticos que incluye, entre otros, el dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida”, en alusión a Carles Puigdemont. Añadía que la norma debería haberse tramitado como proyecto de ley (de tramitación más larga y sometida a consultas e informes) y mantenía que su aprobación convertía la independencia judicial en “una quimera”. También exponía que la concesión de una amnistía “constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes” en que se inspira la Constitución y sobre el que se asienta el Estado de derecho.
Si la recusación contra Macías prospera, el tribunal iniciará sus debates sobre la ley de amnistía con un pleno compuesto por 6 magistrados del sector progresista –tras la abstención de Juan Carlos Campo, exministro de Justicia- y cuatro del bloque conservador. En cambio, si Macías permanece en el pleno porque se rechacen las tesis de la Abogacía del Estado, este magistrado conservará la ponencia sobre el recurso del PP y el pleno quedará compuesto por seis magistrados progresistas y cinco conservadores.
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