El Congreso rechaza el intento del PP de que el Gobierno cese al Fiscal General del Estado

El Congreso rechaza con el apoyo de la mayoría de investidura de Pedro Sánchez el intento del PP de provocar el cese del actual Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, acosado también por varios frentes y encausado por el Tribunal Supremo por una supuesta revelación de secretos en el proceso contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, e imputado por fraude fiscal. La proposición no de ley del PP solo recogió en el debate el apoyo expreso de Vox, pero se votará este miércoles. Los populares volvieron a cuestionar que el perfil del Fiscal General del Estado no era “idóneo” para el cargo, desde su nombramiento pero sobre todo por sus decisiones en el caso de la investigación fiscal al novio de Ayuso. El PP considera a García Ortiz un “community manager” o un ministro más de Sánchez y un ejemplo de la “colonización” de todas las instituciones por “el sanchismo” para tapar presuntos casos de corrupción y escándalos con la idea solo de resistir en La Moncloa. El PSOE defendió la trayectoria del Fiscal General y esgrimió que la competencia para su nombramiento o destitución corresponde solo al Gobierno. Los socios habituales del Ejecutivo se manifestaron en contra de las intenciones del PP.

La dirección parlamentaria del PP va registrando, periódicamente, ruedas de prensa, mociones y proposiciones para reprobar y cuestionar en los plenos del Congreso la competencia y capacidad de gestión de distintos ministros del Gabinete, así como de máximos responsables de distintas instituciones, como la presidenta de las Cortes, la socialista Francina Armengol, y en esa estrategia incluyen desde su nombramiento al actual Fiscal General del Estado. En la proposición no de ley registrada hace cinco meses y discutida este martes el objetivo de entrada era Álvaro García Ortiz ya por su mera nominación, primero en agosto de 2022 y luego en diciembre de 2023, que los populares interpretan como un premio por su apoyo en su momento a su antecesora en el cargo, la fiscal y exministra de Justicia, Dolores Delgado.

El PP no ocultó en su propuesta que han puesto entre sus objetivos al Fiscal General por lo que tildan de “bochornoso” intento de entrometerse en la investigación del caso del novio de Ayuso, que ha confesado incluso con su propio abogado haber cometido varios delitos y fraudes con Hacienda. El debate transcurrió así por esos derroteros, pero el PP no logró sumar adhesiones más allá de hacia su derecha. La portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, empezó su defensa numantina de Ayuso por interpelar a toda la Cámara: “¿Vale todo para destruir a un rival político, incluso violar la ley?”. La diputada popular llegó incluso a anticipar que el Tribunal Supremo ya ha condenado a García Ortiz por ese caso cuando solo ha iniciado una investigación por la supuesta revelación de secretos con una filtración de un correo electrónico remitido a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador. Álvarez de Toledo confeccionó ahí una cronología con algunas fechas y horas a su conveniencia para sustentar la tesis de que fue el Fiscal General el que vulneró con sus actuaciones “el derecho al honor y la presunción de inocencia” del novio de Ayuso para poder atacarla a ella “porque es una mujer que detestan porque les planta cara”. Y acabó aludiendo al auto de este martes del juez Juan Carlos Peinado en el que incorpora sus indagaciones sobre dos nuevos presuntos delitos contra Begoña Gómez, la esposa del presidente Sánchez, para reescribir las palabras usadas por el líder del PSOE para salir al paso de esa noticia: “Tiene razón Sánchez, el tiempo pondrá las cosas en su sitio, también a él”.

Unas posiciones que solo refrendó el portavoz de Vox, Jesús del Valle. Los socios del Ejecutivo, sin embargo, no tuvieron dudas en este caso. Noemí Santana, de Podemos, reprochó al PP el uso político de las instituciones para justificar sus ataques al Ejecutivo. Mikel Legarda, del PNV, dejó claro que “por el momento” no ven “la suficiente densidad” en el auto del Supremo para encausar al fiscal Ortiz por unos correos que pudieron manejar una docena de fiscales. Josep Pagés, de Junts, despachó el intento del PP como “otro capítulo más de lawfare” o persecución judicial como los que ellos creen haber sufrido durante el procés independentista. Gerardo Pisarello, de Sumar, arrambló contra el nuevo “intento de dinamitar todas las instituciones que no controlan o no pueden poner a su servicio” los populares y apuntó contra numerosos fiscales de otras épocas y gobiernos del PP y muy en especial contra el juez Manuel Marchena y sus actuaciones al frente de la sala penal del Supremo. Francisco Aranda, del PSOE, enumeró en esa línea “el patrón” histórico seguido del PP, desde la etapa de José María Aznar hasta la actual, en su “estrategia de persecución política y mediática de bulos, de deshumanización, de esparcir barro y ensuciarlo todo” cuando son el partido que tiene más de 20 causas pendientes de corrupción en la Audiencia Nacional.

La sesión acabó con la reedición de otro debate, planteado por el PP para la reprobación del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre su responsabilidad “en los múltiples casos de corrupción que involucran al Presidente Sánchez y a más de la mitad de su Gobierno”. Tampoco recogió más adhesiones que las de Vox.