El Consejo Fiscal se opone a la creación de una de las fiscalías contra la corrupción que preveía el Gobierno

La mayoría del Consejo Fiscal se ha opuesto este miércoles a la creación de una de las dos unidades especializadas para reforzar la lucha contra la corrupción que propone el Plan de Acción por la Democracia anunciado por el Gobierno, al considerar que supone crear una “estructura paralela” a la Fiscalía Anticorrupción, según informan fuentes fiscales a Europa Press.

El objetivo del cónclave era emitir informe sobre “el proyecto de real decreto por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes”. Se trata, en concreto, de 79 plazas que incluyen 6 para las dos nuevas unidades especializadas: una de Delitos Económicos contra la Hacienda Pública y otra de Delitos contra la Administración Pública.

El informe propuesto por la Inspección Fiscal ha valorado positivamente la creación de ambas unidades, pero los seis vocales electos de la Asociación de Fiscales (AF) y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) —siete de los doce miembros del Consejo Fiscal— se han mostrado en contra de la unidad especializada de Delitos contra la Administración Pública, según ha avanzado elDiario y han confirmado fuentes fiscales a Europa Press.

Los vocales consideran que hay un “solapamiento de competencias” con la Fiscalía Anticorrupción. Así, han planteado que si el objetivo es fortalecer la lucha contra la corrupción, lo que debe hacerse es dotar de más medios materiales y humanos a la fiscalía especial que dirige Alejandro Luzón.

Los demás vocales —los dos electos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y las dos vocales natas— han apoyado la creación de ambas unidades especializadas al entender que cualquier ampliación de la estructura del Ministerio Fiscal es positiva porque supone un refuerzo de sus actuaciones.

Además, a su juicio no hay “ningún solapamiento” con Anticorrupción porque esta fiscalía especial sí tiene funciones jurisdiccionales, referidas a los asuntos de “especial relevancia”, mientras que las dos nuevas unidades carecerían de dichas funciones y se dedicarían a casos de menor entidad.

Con todo, las fuentes consultadas avanzan que el Consejo Fiscal emitirá dos informes, el firmado por la mayoría que representan esos siete vocales y otro en forma de voto particular rubricado por los otros cuatro vocales. No obstante, cabe recordar que ninguno será vinculante.

En cambio, en lo tocante a la unidad especializada de Delitos Económicos contra la Hacienda Pública, el consenso ha sido mayoritario porque únicamente se ha opuesto el vocal electo de la APIF.

Según recoge el Plan de Acción, el objetivo es “avanzar en la lucha contra el fenómeno de la corrupción pública y privada” mejorando “la eficacia en la respuesta penal frente a hechos delictivos que socavan el patrimonio público y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas, principalmente frente al fraude a la Hacienda Pública y a la corrupción pública”.

“Estas dos nuevas unidades de la Fiscalía General del Estado tendrán su reflejo en todo el Estado a través del despliegue territorial del Ministerio Fiscal mediante los fiscales delegados de ambas unidades especializadas”, lo que “supondrá una mayor especialización en la investigación y enjuiciamiento de esta lacra criminal, cuyo combate constituye una prioridad absoluta”, señala el documento.