Las comunidades del PP aceptan un reparto voluntario de menores insuficiente para Canarias del que se descuelga Cataluña

Las comunidades del PP se han comprometido en la noche de este miércoles a asumir la acogida de 347 menores en el marco de un reparto voluntario que estaba pendiente de aprobación. Se trata de un cupo anual que se aprueba desde 2022 y que está dotado con 20 millones de euros en un sistema que se ha demostrado ineficaz. Reunidas en la Conferencia Sectorial de Infancia, que se ha celebrado en Tenerife, las consejeras de infancia populares han seguido una estrategia en bloque: la de desatascar esta acogida puntual, totalmente insuficiente para resolver la situación de Canarias, y posponer el debate sobre la reforma de la ley de extranjería con el que el Gobierno central y el de Canarias quieren imponer un reparto obligatorio. Cataluña ha sido la única en descolgarse del acuerdo de reparto voluntario y ha decidido abstenerse.

La emergencia, por tanto, sigue sin solución a la vista y queda a la espera de que la propuesta de modificación llegue al Congreso y obligue a los populares, necesarios para que salga adelante, a posicionarse con su voto. Canarias, con 6.000 menores acogidos, ve lejana la posibilidad de poder distribuir los 3.000 menores que le facilitaría la ley. También Ceuta, que se ha declarado con una sobreocupación del 365%.

“Si las comunidades del PP son capaces de aceptar la distribución voluntaria de 400 menores, ¿por qué no aceptan y apoyan una modificación legislativa que lo que pretende es precisamente que esa distribución se haga de forma obligatoria, reglada, más ágil y con seguridad jurídica?”, han cuestionado fuentes del Ministerio de Política Territorial, impulsor de la propuesta.

La reunión, presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha prolongado durante más de cuatro horas y, según han contado a EL PAÍS fuentes presentes en el encuentro, ha estado cargada de reproches. Las representantes de las comunidades gobernadas por el PP han manifestado su malestar por haber recibido el texto de la reforma legal el mismo martes por la tarde. “Nos damos por informados y lo estudiaremos en profundidad”, han ido repitiendo los consejeros de los Gobiernos populares, según han asegurado a EL PAÍS fuentes presentes en el encuentro, celebrado a puerta cerrada. En su intervención, el ministro de Política territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido que los grupos parlamentarios, incluido el PP, disponen del borrador desde el 25 de junio.

Las consejeras populares también han mostrado indignación por que se les haya achacado la ineficiencia de los repartos voluntarios que rigen actualmente. “No se nos puede reprochar que seamos insolidarios”, han reivindicado una tras otra. Ante los datos que muestran que apenas se ha cumplido con un 20% de los traslados desde 2022 desde Ceuta y Canarias, las consejeras han incidido en que si no se han completado los cupos no es por insolidaridad. Entre los ejemplos que se han planteado para explicar las limitaciones de este modelo, se ha señalado a la propia comunidad autónoma de Canarias que, debido a su saturación, ha tardado meses en firmar documentos tan relevantes como el traspaso de tutelas de los niños.

Según fuentes presentes en la reunión, el presidente Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, ha asumido su responsabilidad, aunque también ha calificado de “engorroso” el sistema actual. “El mecanismo voluntario no está siendo suficiente”, ha terciado la ministra de Juventud, Sira Rego. Fuentes del ministerio de Política Territorial han señalado que en estos repartos voluntarios las comunidades aceptaron la acogida de menores, pero que esa acogida ha significado para Canarias que, desde 2023 hasta hoy, solo hayan sido derivados una treintena de menores frente a los 7.000 que han llegado.

Las intervenciones de las autonomías populares, según ha podido saber EL PAÍS, han llevado a la reunión una posición común de no entrar en el detalle de la reforma legal protagonista del encuentro. A pesar de ello, el debate estuvo servido y hasta las comunidades socialistas han reivindicado medidas más estructurales para abordar lo que muchos han llamado de “crisis humanitaria”. Tanto el presidente canario Clavijo, como el ministro Torres, se mostraron abiertos a incluir modificaciones, que ya tendrán que tratarse en el trámite parlamentario en el Congreso.

Las quejas más recurrentes han estado relacionadas con la financiación. Quieren más concreción y garantías de que la acogida de los niños tendrá apoyo económico a lo largo de los años. Esta es una reivindicación propia de Cataluña, que mantiene su singularidad, por ser una comunidad que acompaña a los menores migrantes hasta los 25 años para garantizar su integración sociolaboral y evitar el sinhogarismo. Algunas, como la Comunidad Valenciana, advirtieron de que los 145 euros por menor y día que contempla la reforma están lejos de los 200 euros de media que ellos invierten en los menores acogidos. La mayoría han reclamado un plan de contigencia más estructural que aborde las problemáticas derivadas de la acogida de los menores en todas las comunidades.

Madrid y la Comunidad Valenciana han sido las más beligerantes y, según varios participantes, han tachado la propuesta del Gobierno central y de Canarias de “parche” y “despropósito”. Ambas se han mostrado preocupadas por la posibilidad de que el texto invada competencias autonómicas, algo que ya han advertido ONG como Fundación Raíces, especializada en el derecho de a infancia. Varias comunidades del PP han pedido también que se convoque una Conferencia de Presidentes para abordar el asunto y que se tenga en cuenta el esfuerzo de acogida de aquellos menores que llegan trasladados desde Canarias como adultos, una reivindicación que ha compartido Cataluña.

Clavijo, que gobierna en coalición con el PP, ha hecho varias apelaciones a la solidaridad y a la situación crítica de las islas, según las fuentes consultadas. Ha descrito la situación como “extraordinaria” para argumentar que se necesita una solución “extraordinaria” para resolver el colapso. El presidente canario se ha mostrado abierto a aceptar que la modificación sea temporal y revisable, para convencer a sus interlocutores. No lo ha logrado porque solo ha encontrado el apoyo de las autonomías socialistas, de Ceuta, un tibio respaldo de Melilla y parcial del País Vasco.