“Contratos chapuza” facilitaron el ‘pillaje’ con decenas de millones de mascarillas distribuidas sin la calidad suficiente

Una forma de pillaje, aunque casi siempre legal, convivió con el coronavirus durante los meses más duros de la pandemia, entre marzo y septiembre de 2020. La adjudicación de más de 6.440 millones de euros en la compra de material sanitario, sin los controles legales habituales por la situación de emergencia, permitió que empresarios sin escrúpulos lograsen enormes plusvalías por la compraventa de material de protección, especialmente de mascarillas. Un dato que refleja el saqueo: el precio de las mascarillas FPP2 en las fábricas chinas durante los primeros meses de la pandemia os...

Una forma de pillaje, aunque casi siempre legal, convivió con el coronavirus durante los meses más duros de la pandemia, entre marzo y septiembre de 2020. La adjudicación de más de 6.440 millones de euros en la compra de material sanitario, sin los controles legales habituales por la situación de emergencia, permitió que empresarios sin escrúpulos lograsen enormes plusvalías por la compraventa de material de protección, especialmente de mascarillas. Un dato que refleja el saqueo: el precio de las mascarillas FPP2 en las fábricas chinas durante los primeros meses de la pandemia osciló entre 1,3 euros y dos euros, pero los especuladores consiguieron colarlas a las Administraciones españolas hasta por ocho euros. Un 25% de muchas de estas mascarillas que se enviaron a analizar resultaron, además, defectuosas, según los análisis del laboratorio del ministerio de Trabajo habilitado para ese fin. Esta circunstancia agrava aún más el escándalo que supuso el enriquecimiento de grupos de intermediarios mientras las morgues se llenaban de muertos ante la falta de suministros para combatir el virus.

Las modalidades de enriquecimiento —en su mayoría legales— se diferenciaron según el número de intermediarios que intervenían en cada operación y los millones que se llevaron por el camino. Los casos más conocidos, además de la trama Koldo, que han sido llevados a los tribunales por posible corrupción o delito fiscal muestran cómo un comisionista podía embolsarse dos millones de euros por una llamada de teléfono, cómo otros inflaron los precios y con su parte compraron relojes, casas de lujo y hasta un yate; cómo un comerciante de vino pasó de facturar 80.000 euros al año a más de 26 millones; cómo el presidente de un club de fútbol y un exalcalde se llevaron presuntamente comisiones de nueve millones de euros sin que ni siquiera se explique cuál fue su papel en un contrato de mascarillas adjudicado por el Gobierno canario.

La negociación desde dentro

Mientras avanzaba el colosal negocio, hubo algunos que pusieron en contacto a proveedores con Administraciones públicas pero no se llevaron un euro.

Cuando se le pregunta a algunas fuentes cercanas a las operaciones de esos días, una de ellas aún contesta con estupefacción: “Fue una chapuza”. Mira atrás y piensa que todo lo que vivió aquellos días parece digno de una serie de televisión. EL PAÍS ha contactado con personas conocedoras de los procesos de compra de mascarillas chinas que hizo la empresa Soluciones de Gestión (ligada al caso Koldo, adjudicataria de los contratos millonarios de Puertos del Estado, Adif, Interior, Baleares y Canarias). Se trata de una de las tramas más escandalosas que vivió España durante la pandemia, que ha señalado a Koldo García, asesor de un ministro —José Luis Ábalos—. La red logró contratos públicos para vender mascarillas durante los meses más mortíferos de la pandemia y presuntamente pagó comisiones ilegales.

Según estas fuentes, todo giraba en torno a Víctor de Aldama, empresario y presidente del Zamora Club de Fútbol, que entraba y salía del Ministerio de Transportes “como si fuera su casa”. Algunas ofertas al Ministerio de Transportes pasaban primero por Aldama, y este era el que elegía a la empresa de turno para que vendiera mascarillas, pero no al ministerio, sino a Soluciones de Gestión, que ya tenía un acuerdo previo con el organismo y que fue quien le pagó comisiones multimillonarias por sus gestiones. Y al revés, si las empresas contactaban, se les refería a Aldama y equipo para que gestionaran la contratación, presentasen las garantías y organizasen el proceso de compra.

Los de Aldama apretaban por precios a los distribuidores, según relatan fuentes conocedoras del proceso. En un caso concreto por cinco millones de mascarillas FPP2, Soluciones de Gestión cobró al ministerio 12,5 millones de euros. Lo que equivalía a 2,5 euros por unidad, un precio moderado si se tiene en cuenta lo que llegaron a pagar otras Administraciones públicas por idéntico material.

Soluciones consiguió otros cinco contratos más. En total, facturó 44 millones de euros (más de 53 millones con IVA), de los que la empresa de Juan Carlos Cueto, propietario del grupo al que pertenece Soluciones de Gestión, se llevó un beneficio de nueve millones, y Aldama, cinco. La justicia investiga ahora si Aldama y Cueto pagaron comisiones por más de un millón de euros a Koldo García, asesor del ministro Ábalos cuando se hizo la operación.

Existieron esos días otros modelos de intermediarios. El caso más escandaloso estalló en abril de 2022 e involucraba a dos empresarios, uno de ellos más conocido por sus apariciones en la prensa rosa que por importar material sanitario. Eran Luis Medina, hermano del duque de Feria e hijo de Naty Abascal, y un amigo suyo, Alberto Luceño. Los dos fueron procesados por estafar al Ayuntamiento de Madrid y a la hacienda pública por más de seis millones de euros —Luceño se llevó cinco millones y Medina, uno— que cobraron de comisión por facilitar unos lotes de mascarillas, guantes y test anticovid. Fue la compra más cara y descontrolada que hizo un municipio español en lo peor de la pandemia, finales de marzo de 2020. Con la comisión lograda, Luceño compró coches de lujo (desde un Ferrari hasta un Lamborghini), un yate y un piso en Pozuelo de Alarcón, al noroeste de la capital, valorado en más de un millón de euros.

La manera en que operaron incluía a un primo hermano del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que contactó a Medina con el Ayuntamiento; Luceño se hizo pasar por agente exclusivo de la compañía vendedora, una cadena de bazares radicada en Malasia y llamada Leno, que disponía de material sanitario fabricado en China y fijó el precio de los productos para asegurarse las comisiones; y el Ayuntamiento pagó a la empresa malaya a principios de abril por una orden de una alto cargo de Hacienda, Elena Collado, a través de la empresa de servicios funerarios municipal. Collado aprobó la compra millonaria antes de darse cuenta de que los guantes que le habían vendido esta pareja de empresarios estaban más baratos en el supermercado de debajo de su casa. El Ayuntamiento de Madrid pagó 15,8 millones de euros por el material, del cual casi el 40% se iba a ir en comisiones para Luceño y Medina.

Otro modelo de intermediarios que sacudió también a Madrid fue el que involucraba al hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Tomás, y a un amigo de la familia, Daniel Alcázar. En este caso, la Comunidad de Madrid pagó un millón y medio de euros a la empresa Priviet Sportive (propiedad de Alcázar) por la compra de 250.000 mascarillas, a 6 euros la unidad, de las más caras de la pandemia. El papel de Tomás Díaz Ayuso en aquella operación provocó una crisis interna en el Partido Popular. Priviet compró las mascarillas a una empresa china a 2,2 euros la unidad (gastos de transporte aéreo, terrestre y entrega incluidos) y las vendió a Madrid por seis. La diferencia fue todo el dinero que se embolsó la compañía: casi un millón de euros, casi el 70% de lo que pagó la Comunidad por las mascarillas. La Fiscalía Anticorrupción señaló que Tomás Díaz Ayuso se llevó una comisión por este trabajo de algo más de 234.000 euros. El caso quedó archivado porque los fiscales no consideraron que estuviera acreditado un “precio desproporcionado”, tampoco que la presidenta hubiera intermediado en esa adjudicación.

Uno de los últimos casos de posible corrupción se ha destapado este año. Involucra al presidente y propietario de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y un ex alto cargo del PP canario, Lucas Bravo de Laguna, exalcalde del municipio Santa Brígida y exconsejero del Cabildo de Gran Canaria. La Fiscalía Provincial de las Palmas inició contra ellos una querella por malversación y blanqueo de capitales, derivados de los “cuantiosos ingresos” no justificados obtenidos por la venta de material sanitario. El ministerio sostiene que Damco Trading Services, SA y Tanoja Services, SL, ambas con domicilio fiscal en Madrid y sin actividad hasta ese año, fueron adjudicatarias del Servicio Canario de Salud. Damco, de esta manera, facturó al Servicio Canario de Salud (SCS) un total de 15,8 millones de euros en 2020 y 2,7 millones en 2021. Tanoja Services facturó en el año 2021 al SCS la cantidad total de 4,2 millones. Una parte de estas cantidades desembolsadas por el Gobierno de Canarias (hasta 9,1 millones) se transfirió a otras dos sociedades mercantiles. Una de ellas estaba dirigida por Miguel Ángel Ramírez como socio y administrador único. En el segundo caso, fue transferido a una sociedad cuyo administrador único es Lucas Bravo de Laguna.

Una de cada cuatro mascarillas analizadas eran ‘fake’

España sólo contaba al comienzo de la pandemia con un laboratorio oficial equipado para verificar la calidad de las mascarillas, algo vital en esos primeros meses en lo que se compraba prácticamente a ciegas. Era el Centro Nacional de Medios de Protección del ministerio de Trabajo, situado en Sevilla, y el único que tenía el músculo tecnológico para ejecutar estos procedimientos. Ante la grave situación, se dio prioridad a revisar los modelos que enviaban el Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias de las 17 comunidades autónomas, las únicas responsables de garantizar que las mascarillas sin marcado CE suministradas al personal sanitario tuvieran una capacidad de filtración igual o superior a las FFP2. La mayoría de entidades, tanto públicas como privadas, que quisieran comercializar mascarillas no accedieron a estos controles durante los cuatro primeros meses de la pandemia, momento en el que al menos otro laboratorio español compró un equipo de verificación.

No obstante, el laboratorio también era un termómetro de la situación que vivía España sobre el avituallamiento. “Los teléfonos no paraban de sonar y en muchas ocasiones eran empresarios que nos pedían por favor que certificásemos las mascarillas que querían distribuir”, señala a EL PAÍS una responsable del equipo del centro. Algunos de estos hombres de negocios, añade esta fuente, suplicaban, ya que habían invertido grandes sumas de dinero y sin ese sello de calidad no podrían vender para obtener beneficios. “Decían que se iban a arruinar, pero lo cierto es que no actuaron con responsabilidad. Comercializar equipos de protección individual no es como vender bolígrafos. Uno no puede convertirse de la noche a la mañana en fabricante de EPI”, añade.

El laboratorio examinó entre marzo y diciembre de aquel año 590 modelos de mascarillas —más de 2.000 ensayos— y los resultados arrojan que una de cada cuatro mascarillas era “un producto malo o muy malo”, es decir, no aportaban la protección necesaria para frenar el coronavirus. Además, solo el 55% disponía de la eficacia de filtración superior al 92%. Este porcentaje solo hace referencia a las mascarillas enviadas por el Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, por lo que muchas de las mascarillas que se compraron con dinero público jamás pasaron por un laboratorio.

Puertos del Estado es un ejemplo. Dirigentes de ese organismo admiten que nunca se certificó la calidad de los ocho millones de mascarillas que compró por 20 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, recomendada por Koldo García y que de manera ilegal se llevó supuestamente una comisión por ello. Esos dirigentes de Puertos del Estado justifican que el uso de este material no iba destinado a uso sanitario —que requiere que sea de máxima protección— y que no estaba obligado a enviar al laboratorio de Sevilla el producto, que además llegaba con los certificados de calidad chinos.

El Gobierno de las Islas Baleares, gobernado entonces por la socialista Francina Armengol, también compró a esa misma empresa 1,4 millones de mascarillas y mandó muestras a analizar a Sevilla con resultado negativo: no cumplían con la calidad contratada. Junto a las cuatro muestras de mascarillas compradas a Soluciones de Gestión, Baleares envió otras 12 muestras al laboratorio de Sevilla. De esa docena, solo cinco cumplían los estándares de los modelos por los que pagó Baleares (FPP2), tres disponían de una eficacia de filtración compatible a las FPP1 y las cuatro restantes no cumplían ninguna de la exigencias recomendadas. Cuando Baleares conoció los resultados, guardó las mascarillas de Soluciones de Gestión y no las repartió, pero tampoco informó del incidente.

Las Administraciones públicas actuaron de manera dispar en relación a las mascarillas que compraron y que sabían que eran defectuosas: mientras algunas las escondieron sin informar públicamente de lo sucedido, otras entidades las repartieron entre la ciudadanía. Castilla y León, por ejemplo, afirma a través del que fuera durante la pandemia su vicepresidente, Francisco Igea, de Ciudadanos, que su Gobierno apartó siempre el material defectuoso e informó públicamente de ello. La verificación de este material no solo sirvió para conocer lo que habían comprado, sino también para reclamar a estas empresas el coste de los cubrebocas que no cumplían con lo que habían comprado (conocidas en los medios como mascarillas fake).

Un análisis del laboratorio de Sevilla reveló que las mascarillas que repartía Madrid en 2020 con su bandera en farmacias eran de baja calidad y no filtraban hasta el 40% de gotas pequeñas, según desveló elDiario.es. La Comunidad de Madrid repartió al menos cuatro millones de estas unidades sin que las hubiera enviado previamente a analizar. El análisis se hizo a petición de la asociación de consumidores Facua. “El resultado de las pruebas destaca que en algunas de las muestras del fabricante chino Wenzhou Haoshuo Home Textile Co. el filtrado es tan deficiente que deja pasar casi un 40% de las gotas más pequeñas o aerosoles”, señalaba el artículo. Las 250.000 mascarillas vendidas por Priviet, la empresa del amigo de la presidenta madrileña que contrató como intermediario a Tomás Díaz Ayuso, tampoco pasaron un control de calidad en el laboratorio del ministerio. La Fiscalía Europea escribió en su decreto de archivo de las diligencias abiertas por esta operación: “La Comunidad de Madrid no hizo ningún control de calidad de las mascarillas suministradas, al considerar que el control era innecesario por estar amparadas en un certificado de calidad [chino]”.

Hubo más casos. Según la querella contra Luceño y Medina, parte del material sanitario que vendieron al Ayuntamiento de Madrid con unos precios inflados para asegurar sus comisiones no servía o no era el que habían acordado. Los test de antígenos no cumplían un mínimo de calidad. El Consistorio comunicó a la Fiscalía otra presunta estafa que señala como supuesto autor del timo al empresario Philippe Haim Solomon, al que la Policía dio por ilocalizable tras esfumarse y al que llegaron a situar en Reino Unido. El sumario señala que este empresario, que se encontraba al frente de la compañía Sinclair and Wilde, engañó presuntamente al Consistorio y le suministró 500.000 tapabocas deficientes a cambio de 2,5 millones de euros, como reveló EL PAÍS.