La jueza mantiene en prisión a otros dos tripulantes de la primera narcolancha investigada por el asesinato de dos guardias civiles
El auto recalca que, pese a no estar ya acusados por la muerte de los agentes, existe riesgo de fuga porque pesan sobre ellos delitos graves de contrabando y organización criminal
Otros dos tripulantes de la narcolancha que en un primer momento fue señalada por el asesinato de los agentes Miguel Ángel González y David Pérez en el puerto de Barbate (Cádiz) el 9 de febrero y que después fueron eximidos por un informe de la Guardia Civil del 7 de mayo seguirán pes...
Otros dos tripulantes de la narcolancha que en un primer momento fue señalada por el asesinato de los agentes Miguel Ángel González y David Pérez en el puerto de Barbate (Cádiz) el 9 de febrero y que después fueron eximidos por un informe de la Guardia Civil del 7 de mayo seguirán pese a ello en prisión preventiva. La jueza María Eulalia Chanfreut ha rechazado los recursos de sus defensas en el que reclamaban su puesta en libertad con el argumento de que, si bien sobre ambos no recae ya la acusación de asesinato tras el documento policial, siguen acusados de otros delitos de gravedad ―contrabando cometido en el seno de organización criminal y resistencia a agente de la autoridad—, que pueden suponer penas de hasta ocho años y medio de cárcel, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La jueza, que sigue así la posición defendida por la Fiscalía Antidroga, ya rechazó el 15 de mayo excarcelar a un tercer integrante del grupo, el piloto de la embarcación, Francisco Javier M. P., alias Kiko el Cabra. La magistrada aún tiene pendiente pronunciarse sobre los recursos de los otros tres ocupantes de la narcolancha que ingresaron en prisión por estos hechos. La Audiencia Provincial de Cádiz también tiene que resolver los recursos de apelación presentados por los investigados en el mismo sentido.
Los dos tripulantes cuya puesta en libertad ha rechazado ahora la jueza son Mustafá C. y David N. G. Ambos negaron desde el primer momento estar a bordo de la embarcación que arrolló a la patrullera de la Guardia Civil que ocupaban los dos fallecidos y otros cuatro agentes, que resultaron heridos. Sí admitieron que aquel día estaban en el puerto de Barbate refugiándose del temporal a bordo de otra narcolancha y que, tras el suceso, huyeron del lugar y terminaron abandonándola en una playa de La Línea de Concepción. Mustafá C., afirmó en el juzgado que él conocía al piloto de la narcolancha que atacó a los agentes, al que identificó como un tal “Khaled”, y que tanto este como el resto de ocupantes ―él asegura que eran cuatro en total― “eran marroquíes”.
El segundo tripulante, que descendió de la embarcación en la localidad de Sotogrande antes de que fuera abandonada, apuntó en el mismo sentido en su testimonio, al afirmar que la narcolancha que finalmente embistió de los guardias civiles estaba ocupada por cuatro personas que “hablaban todos en marroquí [sic] entre ellos”. La investigación policial se centra ahora, precisamente, en identificar plenamente quiénes eran los ocupantes de esta otra narcolancha de los que se sospecha que, efectivamente, son de esta nacionalidad.
Las defensas de ambos pidieron su puesta en libertad provisional tras conocerse el contenido del informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) y la Comandancia de Cádiz que concluyó, tras el análisis de las imágenes de vídeo grabadas por ocho cámaras, que la embarcación en la que estos viajaban junto con los cuatro investigados no fue la que embistió a la zódiac del Instituto armado. Sin embargo, la jueza insiste en que, pese a ello, sigue existiendo el riesgo de que ambos se fuguen al considerar que las penas que pueden recibir por los delitos por los que siguen estando acusados son elevadas.
La jueza Chanfreut, que está destinada como refuerzo en los juzgados de Barbate y que ya intervino en las diligencias al comienzo de esta causa, señala que el supuesto arraigo de los detenidos en la provincia de Cádiz que habían alegado para argumentar que no existía riesgo de fuga no es suficiente. En este sentido, recuerda que uno de ellos, David N., tiene antecedentes policiales y está siendo investigado en otros dos procedimientos judiciales. Cuando decidió no poner en libertad a Kiko el Cabra, la jueza también tuvo en cuenta que este contaba con antecedentes judiciales ―había sido condenado por un delito de violencia de género poco antes― y que tenía pendiente otra causa por un presunto de narcotráfico en un juzgado de otra localidad gaditana.