La jueza mantiene en prisión al piloto de la primera narcolancha investigada por el asesinato de los guardias civiles de Barbate

El piloto de narcolancha que fue inicialmente investigado y después eximido policialmente del asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) el pasado febrero seguirá en prisión preventiva. La jueza María Eulalia Chanfreut ha denegado su puesta en libertad con un auto en el que, entre otros argumentos, incide en la gravedad de los otros delitos por los que continúa investigado ―contrabando y pertenencia a organización criminal—, que supondrían penas de hasta siete años y medio de cárcel. También remarca sus antecedentes penales y judiciales, como una pena de seis meses de cárcel que fue suspendida en septiembre de 2022 con la condición de que no volviera a delinquir durante dos años, según ha adelantado el Diario de Cádiz y han confirmado a EL PAÍS fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La jueza hace referencia al informe aportado por la Guardia Civil que descarta que los seis encarcelados fueran los responsables de la muerte de los dos agentes, pero se alinea con el criterio de la Fiscal Antidroga, Ana Villagómez, que ya se mostró contraria a la liberación de los primeros detenidos por la gravedad de los otros hechos por los que se les investiga. Las últimas peticiones de libertad planteadas la semana pasada por las defensas no se han resuelto todavía, según las mismas fuentes.

Esta es la primera decisión judicial sobre la situación personal de uno de los seis encarcelados desde que, la semana pasada, la Guardia Civil cambió el rumbo de la investigación con un informe en el que se analizaba el vídeo grabado por uno de los detenidos y se concluía que fue otra narcolancha la que embistió y mató a los dos agentes del instituto armado. La jueza, que está destinada como refuerzo en los juzgados de Barbate y que ya intervino en las diligencias al comienzo de esta causa, ha dado respuesta a un recurso que planteó el abogado defensor del piloto, identificado como Francisco Javier M. P. El letrado, Álvaro Aznar, había recurrido un auto del pasado 24 de abril —previo al informe de la Guardia Civil— en el que se rechazaba la puesta en libertad de su defendido, y recibió el 10 de mayo la respuesta judicial, que es la que se ha conocido este miércoles y que se insiste en mantener al piloto en prisión. Las peticiones de libertad presentadas después están aún pendientes de ser respondidas por la magistrada.

El informe de la Guardia Civil, remitido el 7 de mayo al juzgado de primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate y al que tuvo acceso EL PAÍS, apunta a otra embarcación de alta velocidad en la que viajaban tres personas no identificadas como la verdadera responsable del trágico abordaje y, por tanto, considera que “es posible descartar la participación de los actualmente investigados” en el asesinato de los guardias civiles. En sus declaraciones ante la jueza que inició la instrucción, los seis detenidos ya negaron su participación en los hechos y señalaron a otra embarcación como causante del suceso. Uno de ellos, Mustafá C., llegó a afirmar que él conocía al piloto de la narcolancha que atacó a los agentes, al que identificó como un tal Khaled, y que tanto este como el resto de ocupantes ―él asegura que eran cuatro en total― “eran marroquíes”.

En su primera petición de ingreso en prisión, el pasado 12 de febrero, la Fiscalía Antidroga señaló que todos los investigados se encontraban en una embarcación con eslora y potencia superior a la establecida por el Real Decreto de 2018. Este decreto se aprobó para perseguir el uso de grandes embarcaciones neumáticas y semirrígidas empleadas en el tráfico de drogas, de forma que la simple tenencia de las mismas en las condiciones que marcaba el documento (que establece dimensiones máximas y potencia) se considera un delito de contrabando. También apuntaba la Fiscalía que este tipo de embarcaciones son utilizadas habitualmente en esa zona para el tráfico de drogas o personas migrantes, o para el suministro de gasolina a otras embarcaciones de este tipo, y que los seis investigados por el asesinato de los guardias civiles no tenían capacidad económica para adquirir y mantener una embarcación como la que estaban ocupando.

Estas circunstancias hacían que el ministerio público considerara que estaban “al servicio de organizaciones criminales” que actúan en estas zonas, y por eso se les investiga por pertenencia a organización o grupo criminal. Las penas del delito de contrabando oscilan entre los tres y los cinco años de prisión, mientras que las de pertenencia a organización criminal o grupo delictivo conllevan castigos que van de los dos a cinco años de prisión en el caso de organización criminal y de 6 meses a dos años si se considera que pertenecían a un grupo criminal.

Las diligencias por esta causa continúan. El pasado viernes declararon en sede judicial algunos de los guardias civiles que ocupaban la pequeña zódiac de la Guardia Civil atacada por una narcolancha de gran envergadura. También se ha abierto una nueva causa en el mismo juzgado tras recibir una denuncia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) por las condiciones laborales de los guardias civiles que participaron en el operativo. La asociación reclama que se investigue a los mandos responsables de organizar el operativo en cuyo desarrollo fueron asesinados los dos agentes, y que se depuren responsabilidades. En su escrito de petición al juzgado, la asociación incide en que los medios de los que disponían los agentes eran “notoriamente insuficientes e inadecuados”, especialmente para enfrentarse a las conocidas como narcolanchas, de mayor potencia y dimensiones, y a personas muy peligrosas, dedicadas a actividades de carácter criminal.