La Audiencia archiva la causa sobre las supuestas presiones al abogado de Bárcenas para evitar que tirase de la manta

El magistrado Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, ha archivado la investigación abierta contra Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), y contra Eugenio Pino, jefe de la Policía en aquella época, por las supuestas maniobras desplegadas hace una década para presionar a uno de los primeros abogados de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño. El juez considera que no existen indicios suficientes que conecten a los dos antiguos altos cargos con una presunta operación activada para “perturbar o condicionar la actuación profesional de Gómez de Liaño en su [entonces] condición de letrado” del extesorero popular, con el objetivo de impedir así que Bárcenas tirara de la manta cuando la formación conservadora se encontraba cercada por el caso Gürtel.

Dentro del caso Villarejo, la Audiencia Nacional ha impulsado dos pesquisas paralelas sobre las maniobras urdidas contra Bárcenas entre 2013 y 2014. Por un lado, García-Castellón ha procesado a 11 personas por la denominada Operación Kitchen (Pieza 7 del sumario), consistente en el despliegue parapolicial organizado a partir de 2013 en el seno del Ministerio del Interior para robarle supuestamente al extesorero la posible documentación sensible que pudiera guardar sobre altos cargos del PP. Ahí, la causa sí ha prosperado contra Martínez y Pino, que se encuentran formalmente acusados por la Fiscalía Anticorrupción, que pide para ellos penas de 15 años de cárcel.

Pero, por otra parte, el juez abrió una segunda investigación (la llamada Pieza 36), que ha versado sobre las presuntas presiones a Gómez de Liaño, y a la que ahora da carpetazo. “De todas las actuaciones practicadas no cabe apreciar indicios de la conexión de los hechos objeto de investigación en la presente causa y los que han sido investigados en el seno de la pieza separada número 7. Es decir, no consta que los investigados Francisco Martínez Vázquez, Eugenio Pino Sánchez y José Manuel Villarejo hubieran participado en ninguna actuación coincidente en el tiempo con los hechos propios de la pieza separada número 7 dirigida a perturbar o condicionar la actuación profesional de Javier Gómez de Liaño”, señala el instructor en un auto fechado este martes, al que tuvo acceso EL PAÍS.

El origen de este intrincado caso se encuentra en las agendas del comisario José Manuel Villarejo, que participó en la Operación Kitchen. Al revisar sus cuadernos, los investigadores encontraron anotaciones que apuntaban a que recopiló información sobre el abogado de Bárcenas y contactó con terceras personas que supuestamente habrían tenido relación con él anteriormente. Gómez de Liaño había defendido al líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov y, según la Sala de lo Penal, el policía intentaba comprobar si el letrado recibió pagos irregulares de su cliente. Para ello, contactó supuestamente en 2014 con un presunto intermediario conectado con Kalashov, Halit Sahitaj, en cuyo domilicio encontraron cuatro archivos de audio que “pondrían de manifiesto, de manera indiciaria, un encargo realizado por terceras personas vinculadas al PP a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con el sumario de Gürtel”.

Sin embargo, esta línea de investigación no ha prosperado. “No se ha podido acreditar la indiciaria participación de ninguno de los investigados en [...] alguna actuación llevada a cabo sobre Javier Gómez de Liaño a fin de perturbarlo en su actuación como letrado de Luis Bárcenas en el conocido como caso Gurtel”, apunta García-Castellón, en línea con la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado admite que sí existen indicios de que Villarejo hizo “gestiones” para obtener información sobre el abogado, pero añade que “no constan indicios” de que esa iniciativa constituyese la “comisión de delito” y no se ha probado que la obtención de esos datos estuviese relacionado con el “papel” de Gómez de Liaño como letrado de Bárcenas.

Durante su interrogatorio como imputado, Francisco Martínez negó haber maniobrado para presionar al abogado del extesorero del PP. María Dolores de Cospedal, la ex secretaria general de los populares que declaró como testigo, también se desvinculó: “No conozco los hechos”, dijo al juez.