Historiadores, catedráticos y abogados forman la comisión que estudiará las vulneraciones de derechos entre 1978 y 1983

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la constitución de tres comisiones para desarrollar la Ley de Memoria Democrática de 2022. Una para estudiar las vulneraciones de derechos humanos sufridas, entre 1978 y 1983, por personas que luchaban por consolidar la democracia; otra para analizar posibles deficiencias en las indemnizaciones económicas concedidas hasta ahora a víctimas de la Guerra Civil y la dictadura; y la tercera, para la memoria y reconciliación con el pueblo gitano. Tenían que haber estado listas en octubre del año pasado, pero las sucesivas convocatorias electorales retrasaron los planes del Gobierno.

La primera comisión obedece a la obligación establecida en la disposición adicional decimosexta de la norma. La presidirá el secretario de Estado de memoria, Fernando Martínez, y tendrá otros 12 miembros: Nicolás Sartorius, abogado y cofundador del sindicato CC OO que fue encarcelado en la dictadura; Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la Unesco; los historiadores José Álvarez Junco, Carme Molinero, Antonio Rivera, Sophie Gaby y Encarnación Lemus; los catedráticos de Derecho Penal Araceli Manjón, Jon-Mirena Landa y Paz Mercedes de la Cuesta; la abogada laboralista, exdiputada del PSOE y fundadora de la ONG Movimiento por la Paz Francisca Sauquillo; y el periodista José Antonio Martínez Soler.

Durante el debate de la ley, la previsión de crear esta comisión generó una gran polémica porque, al abarcar hechos sucedidos hasta diciembre de 1983, la derecha aseguró que se trataba de una concesión a EH Bildu para incluir los crímenes de los GAL. El expresidente del Gobierno José María Aznar sostuvo que era una norma “hecha por terroristas y pactada con terroristas”. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, la presentó como el proyecto “infame” de “los hijos de ETA”. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ya aclaró en su momento cómo se había negociado esa disposición adicional y cuáles eran sus objetivos: “Una asociación de víctimas de la Transición nos había planteado esa extensión temporal. También lo hicieron casi todos los grupos nacionalistas y de izquierdas. Bildu quería llevarla prácticamente hasta la actualidad. El PSOE y Unidas Podemos planteamos en una enmienda que esa comisión técnica abarcara hasta 1982, nos pidieron hasta 1983 y dijimos que sí. Fue una propuesta nuestra, para que nadie pudiera acusarnos de que solo se estudiarían violaciones de derechos humanos de la época de UCD. Y a esa propuesta se sumaron otros grupos, entre ellos, Bildu”.

La disposición adicional está pensada “para reconocer a víctimas de violaciones de derechos humanos que trabajaron por la consolidación de la democracia y la defensa de los valores democráticos a partir de 1978 y que no podían acogerse a la ley [que comprende los hechos ocurridos entre el golpe de Estado de 1936 y la promulgación de la Constitución]”, explicó Martínez. Por ejemplo, Yolanda González, del Partido Socialista de los Trabajadores, que fue asesinada por la extrema derecha en 1980, o el líder vecinal Arturo Pajuelo, asesinado a puñaladas ese mismo año. El secretario de Estado subrayó que la ley “de ninguna manera” incluye a los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala como víctimas del franquismo. “Fueron víctimas de los GAL, [y esos crímenes] se juzgaron y fueron condenados. La sentencia los reconoce [a Lasa y Zabala] como miembros de ETA. No caben en esta ley porque ETA no luchaba por la consolidación de la democracia, sino para desestabilizarla”.

Reparaciones económicas

La segunda comisión derivada de la ley de memoria estará integrada por representantes de varios ministerios, aunque sus nombres aún no han sido elegidos. Obedece a la disposición adicional decimoquinta de la ley, que obliga a estudiar las medidas de carácter económico para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura reconocidas tanto en la normativa estatal como en las autonómicas (que el PP y Vox han pactado derogar en sus gobiernos regionales). Se trata de comprobar el grado de cobertura alcanzado con esas indemnizaciones desde la Transición hasta ahora, y detectar posibles deficiencias para subsanarlas.

La ley reconoce como víctimas, entre otras, a “las personas que padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes, multas, inhabilitación y extrañamiento”, y sobre esas incautaciones está prevista también una auditoría específica. En aquellos años era frecuente multar al fusilado, de forma que sus familiares, que en la mayoría de ocasiones no podían ni recuperar el cuerpo para enterrarlo, debían, además, cuantiosas cantidades de dinero. Es lo que le ocurrió, por ejemplo, a la familia de Antonio Cañadas, alcalde de Guadalajara al inicio de la Guerra Civil. “A mi padre”, relató a EL PAÍS su hija, Emilia Cañadas, “lo fusilaron el 20 de junio de 1939 y después le pusieron una multa de 14.000 pesetas por responsabilidades políticas”. “Como no las teníamos, nos embargaron. Vinieron a casa y se lo llevaron todo. Con la colcha de novia de mi madre hicieron un palio para el cura; rasgaron los colchones por si teníamos dinero. Nos dejaron en la calle”.

La tercera comisión creada este martes por el Consejo de Ministros responde a la disposición adicional duodécima de la ley de memoria y sigue una resolución del Parlamento Europeo de 2017 sobre los “aspectos de la integración de los gitanos en la Unión relacionados con los derechos fundamentales”. Esta comisión, presidida también por Fernando Martínez, contará con representantes de varios ministerios, del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que elegirá a dos de sus miembros, y con otros dos nombrados por las comunidades autónomas en el consejo territorial del próximo mes de mayo, además de dos expertos elegidos por el secretario de Estado de Memoria. Esta comisión elaborará un informe “sobre las medidas para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España”.