PP y Vox presentan este martes un decreto de Concordia en Castilla y León tras dos años de negociación

El decreto de Concordia ha tardado casi dos años en hacerse realidad en Castilla y León. Esta exigencia normativa de Vox en la comunidad, pionera en los acuerdos de gobierno del PP con la ultraderecha, se ejecutará por fin este martes con la presentación de sus contenidos en las Cortes autonómicas. Ambos partidos contaban con esta medida en su pacto de legislatura en detrimento del actual decreto de Memoria Histórica, aprobado por el PP cuando gobernaba en solitario. Los ultras habían protestado en varias ocasiones por la tardanza en establecerse esta nueva instrucción autonómica, cuyo contenido se revelará en el Parlamento en una rueda de prensa a cargo de Raúl de la Liga (PP) y Carlos Menéndez (Vox), portavoces de ambos partidos en el hemiciclo.

La noticia se ha producido mediante un escueto comunicado de prensa difundido a los medios este lunes, en pleno inicio de Semana Santa, un festejo particularmente celebrado en Castilla y León y que difumina el efecto de la noticia entre las procesiones y las escapadas vacacionales. Este contenido de Concordia se adscribe a las líneas ideológicas de la extrema derecha, pues reniegan de la Memoria Histórica por entender que solo alude a las víctimas del bando republicano tras el alzamiento militar. La comunidad se convirtió en abril de 2022 en la primera donde se forjó la alianza entre ambas formaciones de derechas en lo que el presidente de Vox, Santiago Abascal, bautizó como “piso piloto”.

La derogación de la Memoria Histórica en favor de la Concordia fue una de las principales exigencias de los ultras para facilitar el mando a Alfonso Fernández Mañueco, quien a finales de 2021 despachó a Ciudadanos como socio, convocó elecciones para gobernar en solitario pero quedó forzado a cambiar de aliado por su derecha. Así llegó a la vicepresidencia Juan García-Gallardo, el controvertido líder de Vox en el territorio y frecuentemente envuelto en polémicas de toda condición. El mantra de “dos partidos distintos unidos para dar estabilidad a los ciudadanos de Castilla y León” se repetía a ambos lados de la alianza, argumento igualmente utilizado por Vox para explicar a su electorado la tardanza en legislar sobre esa Concordia reclamada desde el primer momento en las negociaciones de gobernabilidad.

Gallardo apelaba a establecer esta ideologizada normativa autonómica en aras de “no dividir” a los españoles, pues la Memoria Histórica según él ofrece una “visión sesgada”. De la Hoz, portavoz del PP en las Cortes y encargado de explicar la medida este martes junto a su homólogo de Vox, trataba de justificar el viraje asegurando que no iba a “restar derechos”.

Castilla y León tiene registradas más de 500 fosas comunes que albergan a unos 7.000 represaliados por el franquismo tras la Guerra Civil. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), afirmaba durante esos meses de negociación que el decreto servirá para “combatir que se utilice la Historia para dividir a los españoles”, pues la ley de Memoria Histórica del Gobierno central “compra el relato y pretensiones de Bildu”, frases comunes en el argumentario de Vox. La normativa sustituida la aprobó el predecesor de Mañueco, Juan Vicente Herrera, cuando gobernaba en solitario en 2018. Pese a la tardanza, Castilla y León se suma a otras regiones como Aragón o la Comunidad Valenciana, donde el pasado jueves se presentó una nueva norma que amplía su marco hasta 1931, año en que fue instaurada la Segunda República.