Uno de los acusados de la trama que comerciaba con cadáveres de inmigrantes asegura que se valía de la información que le daba la Guardia Civil
Francisco Clemente, el único de los detenidos que ha declarado ante el juez, presumía de sus contactos con el Instituto Armado y la Policía
Uno de los detenidos por integrar la trama que comerciaba con la identificación y repatriación de cadáveres de inmigrantes que intentaban llegar a España en patera ha señalado a la Guardia Civil en su declaración ante el juez que instruye la causa. Según dos fuentes cercanas al caso, Francisco Clemente aseguró este lunes que la información que recibía y que, supuestamente, usaba después para cobrar a las familias provenía de agentes del Instituto Armado. Clemente, que fue el único de los 14 detenidos que ha declarado, dijo que tenía contactos con agentes de la Guardia Civil de varias provincias y que estos le proporcionaban imágenes de los cadáveres por WhatsApp para que él pudiese identificarlos.
El acusado fue detenido el pasado fin de semana en una operación de la propia Guardia Civil. Los agentes investigan una especie de cártel de funerarias que, en aparente alianza con Clemente, se lucraba con la supuesta venta de información confidencial y la adjudicación de todos los trámites funerarios para identificar y repatriar cadáveres a Argelia y Marruecos. La red empezó a investigarse en Cartagena, pero tiene tentáculos en Cádiz, Almería, el resto de la Región de Murcia, Baleares y Alicante, provincias de destino de la inmigración irregular procedente, sobre todo, de Argelia. Clemente está actualmente en libertad y el juez le ha retirado el pasaporte. EL PAÍS, que investiga su modus operandi y el de sus supuestos cómplices desde finales de 2021, ha intentado contactar con él en varias ocasiones. Su abogado no tiene el teléfono operativo y Clemente rechaza hablar con este periódico.
Las imágenes de los cadáveres, su ropa o sus tatuajes eran la principal materia prima con la que los investigados estarían haciendo negocio, pues servían para contactar a las familias que buscaban a sus parientes desaparecidos. Al enviar las fotos a los familiares, sostienen los investigadores, Clemente confirmaba con ellos si trataba de la persona que buscaban y echaba a andar la segunda y más lucrativa parte del negocio: convencerles de contratar con determinadas funerarias los trámites de identificación y repatriación. “Decían a las familias que ellos eran los únicos capaces de repatriar el cuerpo”, mantienen fuentes de la investigación. Les cobraban entre 3.000 y 10.000 euros. La trama se beneficiaba de que en España no existen protocolos claros para la búsqueda de identificación de cadáveres de los inmigrantes que intentan llegar de forma irregular. Aun sabiendo cómo hacerlo, las familias —en el extranjero y sin hablar español— se encuentran con muchísimos obstáculos.
La declaración de Clemente en la que señala a la Guardia Civil reparte la responsabilidad penal por la distribución de información protegida por ley, como son las imágenes de los cadáveres. Las pesquisas, hasta ahora, apuntaban a los funcionarios del Instituto de Medicina Legal de Cartagena como origen de las filtraciones a la trama. Fuentes de la Guardia Civil han defendido la “correcta actuación” de sus agentes sin entrar a avalorar las declaraciones de los detenidos en sede judicial.
Clemente usaba sus redes sociales, con más de 150.000 seguidores, para divulgar imágenes explícitas de cuerpos, ropa, joyas, cicatrices o tatuajes de los fallecidos para ayudar a las familias de los inmigrantes a identificar a sus desaparecidos. Lo hacía en nombre de la ONG para la que trabaja, el Centro Internacional para la Identificación de Migrantes Desaparecidos (CIPMID). Durante años pidió públicamente donativos y, según los testimonios recogidos por EL PAÍS, también pedía dinero en privado a las familias.
Entre esas imágenes había fotos de muertos recién hallados en la playa, un material al que muy pocos tienen acceso. En el levantamiento de un cadáver está presente la Guardia Civil, un secretario judicial, un médico forense y el conductor del furgón que debe llevarse el cuerpo al Instituto de Medicina Legal. En una de esas imágenes publicadas, que ha ido recopilando EL PAÍS antes de que las borrase, pueden verse varias joyas (un brazalete, pendientes y anillos) fotografiadas sobre una plantilla de la Guardia Civil.
Por lo que se desprende de la investigación, no parece que Clemente obtuviese los mayores beneficios. El cabecilla de la trama, es, según las pesquisas de la Guardia Civil, Rachid S. el dueño de una funeraria en Murcia. En el registro de su casa y sus coches se encontraron casi 70.000 euros.
Contactos privilegiados
No es la primera vez que Clemente presume de sus contactos con las fuerzas de Seguridad. Lo hacía informalmente, pero también consta por escrito y lo usaba para ganar credibilidad ante las familias. Preguntado en 2021 por si él era el autor de las imágenes que estaba enviando a los parientes de los desaparecidos, este respondió: “No, lo hizo la policía judicial. Nosotros somos una ONG de búsqueda de personas desaparecidas. De los fallecidos la Guardia Civil nos remite la autopsia y fotos para buscar a la familia”.
Clemente, a punto de cumplir 27 años, ya había hablado con la Guardia Civil sobre sus contactos privilegiados. En unas diligencias sobre un caso de una supuesta red criminal que traficaba con refugiados sirios y operaba en Argelia y Almería, la Guardia Civil de Almería lo citó para declarar como testigo el 4 de octubre de 2022. Según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, los agentes le interrogaron sobre el origen de la información que publicaba. Clemente les explicó que gracias a la “visibilidad” que había conseguido en sus redes sociales tenía un gran número de contactos y amistades, entre ellos familiares de los inmigrantes que parten hacia España. Pero añadió que “otras veces” eran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las que “recurren directamente” a él, como delegado de la ONG en Almería, “para que colabore en la identificación de cuerpos hallados en el mar procedentes de la inmigración”.
Este miércoles, la ONG para la que Clemente trabaja ha publicado un comunicado en X (antes Twitter) para negar “categóricamente las falsedades que buscan desprestigiar” el trabajo de la organización y “menoscabar la confianza” que han depositado en ellos las familias. “EL CIPMID es una organización sin ánimo de lucro que colabora estrechamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cumpliendo escrupulosamente con los protocolos de actuación”, asegura. En su comunicado, la ONG niega que exista ninguna investigación en su contra y que las acusaciones contra ella son falsas. Amenaza con tomar “medidas legales” si en 48 horas no se retira lo que califican de “infundadas acusaciones”.
La Guardia Civil, de momento, no está investigando a la ONG, sino a Francisco Clemente, que trabaja para la organización. Esto puede comprobarse fácilmente en la web de la ONG donde todavía aparece como su colaborador en Almería y en la marca de agua con el nombre del CIPMID que Clemente ponía en algunas de las fotos de cadáveres que divulgaba.
De hecho, en las diligencias de la Guardia Civil en las que Clemente declaró como testigo en 2022, dejó claro que su colaboración para la identificación de cuerpos, que llevaba a cabo en sus redes sociales, la hacía “siempre a través de autorización y por medio de la persona que se encuentra por encima de él, llamada Mari Ángeles”. Mª Ángeles Colsa Herrera, es la fundadora del CIPMID y EL PAÍS intentó contactar con ella este lunes antes de publicar el nombre de su organización, pero esta no respondió. La propia cuenta de la ONG también publicó en su Facebook fotos de cadáveres.
