El futuro judicial de Puigdemont, entre el Supremo y la amnistía

Tras un inusual pulso entre los fiscales del Tribunal Supremo, la número dos de la Fiscalía General del Estado ha fijado este jueves la opinión definitiva del ministerio público sobre la imputación de Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democràtic. La teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, considera que no hay indicios suficientes para incriminar al expresidente catalán ni al diputado del Parlament Rubén Wagensberg, también aforado, por lo que reclama al Supremo que archive la investigación contra ambos y devuelva el caso a la Audiencia Nacional para que siga instruyendo la causa sobre el resto de investigados.

El escrito de la fiscal responde a la petición que formuló la Sala Penal al ministerio público el 22 de enero para que se pronunciara sobre si el Supremo debe asumir este caso. El alto tribunal está obligado a conocer la opinión de la Fiscalía, pero no a seguirla, por lo que serán los magistrados los que, en los próximos días, decidirán si investigan o no a Puigdemont y por qué delitos. El ponente de esa decisión será el magistrado Juan Ramón Berdugo —uno de los siete miembros del tribunal que dictó la sentencia condenatoria contra los dirigentes nacionalistas por el referéndum ilegal de autodeterminación y la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017—, que someterá su propuesta a la Sala de Admisión.

A partir de ahí, se abren varias posibilidades. La primera, que el Supremo asuma la postura de la Fiscalía y considere que no hay pruebas para sostener una investigación contra Puigdemont y Wagensberg. En ese caso, el tribunal devolverá la causa al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón para que decida si sigue investigando a la plataforma que impulsó las protestas contra la sentencia del procés, pero dejando fuera de esa investigación a los dos aforados.

Pero el Supremo puede contradecir al ministerio público y considerar que sí hay indicios suficientes para abrir una causa contra Puigdemont. En ese caso, la Sala de Admisión deberá decidir si asume la competencia exclusiva del caso Tsunami o si se queda solo con la investigación a los aforados y deja el resto en manos de la Audiencia. García-Castellón defiende en su exposición razonada que sea el alto tribunal el que se encargue en solitario de la investigación, al considerar que las conductas atribuibles a los aforados no son “escindibles” de las que se atribuyen al resto, un criterio que comparte la Fiscalía en el escrito remitido este jueves a la Sala Penal.

La jurisprudencia del alto tribunal establece que “bastará la posibilidad razonable de que los hechos que describe la exposición razonada” hayan ocurrido para que el Supremo abra una investigación. Si lo hace, la Sala de Admisión expondrá en un auto qué indicios la justifican y, según fuentes jurídicas, esa resolución sí se adentrará en si los hechos descritos por García-Castellón encajan en el delito de terrorismo, una decisión sobre la que, aseguran, no se ha deliberado hasta ahora a la espera del escrito de la teniente fiscal.

En el alto tribunal ha sorprendido que Sánchez Conde no haya fijado su criterio sobre los delitos atribuibles a Tsunami y, a pesar de ello, reclame que se devuelva la causa a la Audiencia Nacional, que solo es competente para investigar a la plataforma si hay delito de terrorismo. En el caso de que, como considera el fiscal de la Audiencia, se trate de delito de desórdenes públicos, la causa debería enviarse a Cataluña.

Si el Supremo asume el caso al apreciar indicios contra Puigdemont o Wagensberg, la Sala de Admisión deberá nombrar a un magistrado como instructor. Este juez, designado por turno de reparto, puede citar a declarar a todos los investigados, incluido Puigdemont —huido de España desde 2017—, por si quiere acudir de forma voluntaria a declarar ante el instructor. En el caso más que previsible de que el expresidente rechazara esa invitación, el instructor no podrá actuar contra el líder de Junts sin el permiso del Parlamento Europeo, que tendría que votar si le levanta la inmunidad de la que gozan todos los eurodiputados, como ya ocurrió con la causa del procés.

Las decisiones que tome el Supremo sobre el caso Tsunami van a discurrir, previsiblemente, en paralelo a la tramitación de la ley de amnistía a los encausados del procés, estancada ahora precisamente en cómo blindar la medida de gracia para los imputados por terrorismo. La redacción actual propone amnistiar todos los casos de terrorismo, excepto aquellos que, “de forma manifiesta y con intención directa”, hayan causado violaciones graves de derechos humanos (muerte, torturas o trato degradante). El PSOE sostiene que este texto garantiza la amnistía para los implicados en Tsunami, pero los últimos autos de García-Castellón apuntan indicios de violaciones de derechos humanos como las que cita la ley, lo que llevó a Junts a votar contra la norma para forzar una nueva negociación. El texto definitivo y las resoluciones que vaya adoptando el Supremo determinarán el futuro judicial del expresidente de la Generalitat.