Una asociación de fiscales recurre la decisión del Gobierno de renovar a Álvaro García Ortiz como fiscal general

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha presentado este jueves un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno de renovar, el pasado diciembre, a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, ya que no lo considera idóneo para el puesto y cree que su nombramiento es contrario a la ley, según ha informado la asociación en un comunicado este viernes. Para APIF, García Ortiz “no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España”. El colectivo pone como ejemplo algunas actuaciones de García Ortiz desde que fue elegido para el cargo en agosto de 2022, como el ascenso de su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, a fiscal de sala (la máxima categoría de la carrera), un nombramiento que el Gobierno hizo a propuesta de García Ortiz y que fue anulado por el Supremo.

El portavoz de esta asociación minoritaria de fiscales es el fiscal del Supremo Salvador Viada, quien el miércoles afirmó que hay “un 155 encubierto contra los fiscales” en las causas que afectan al independentismo catalán y que ponen en riesgo la aprobación de la ley de amnistía al procés. El recurso de la asociación ante el Supremo “atiende a lo acordado” en un congreso celebrado el 25 de noviembre y en el que la APIF concluyó que García Ortiz se había mostrado “descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno” y había “faltado al respeto” al Consejo Fiscal al “apropiarse de algunas de sus potestades decisorias”. “Respetando la designación hecha por el Ejecutivo, consideramos que el presente Fiscal General no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un Fiscal General del Estado y no del Gobierno”, recoge el texto del congreso de la APIF, citado en el comunicado.

La APIF recuerda que la sentencia del Supremo que anuló el nombramiento de Delgado como fiscal de sala de lo Militar sostenía que García Ortiz incurrió en una “desviación de poder” para favorecer a su antecesora en el cargo y que todavía queda otro recurso en el Supremo que busca anular la designación de Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, cuyo fallo está fijado para el 12 de marzo. En su comunicado, la asociación de fiscales también incide en que, nada más ser renovado, el fiscal general del Estado decidió “privar” al Consejo Fiscal de la posibilidad de emitir un dictamen sobre la ley de amnistía y que les había pedido el Senado.

En los últimos días, el portavoz de APIF, Salvador Viada, ha acusado a la cúpula fiscal de ejecutar un “155 encubierto” para mantener la línea que conviene al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Viada realizó estas manifestaciones en una entrevista en Onda Cero, en la que hacía referencia a la posición que la fiscalía enviará al Tribunal Supremo sobre el caso Tsunami Democràtic, que investiga los disturbios en Cataluña tras la sentencia del procés en 2019, concretamente en los hechos que afectan a la imputación por terrorismo del expresidente catalán, Carles Puigdemont. La decisión que finalmente tome el Supremo sobre este asunto puede ser clave en la tramitación de la ley de amnistía y en las negociaciones entre el PSOE y Junts sobre el texto de la norma.

El Poder Judicial también expresó su rechazo a avalar el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, una valoración que se debe pedir, pero que no es vinculante. “El Gobierno, al apartarse de este criterio, tan fundamentado, debería de haber dado una explicación muy razonable y convincente para mantener la propuesta del candidato elegido”, valoran.

APIF hace hincapié en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal exige en su artículo 29 que el candidato a fiscal general debe ser jurista de reconocido prestigio, un requisito que, en opinión del colectivo de fiscales, “decae desde el momento que [García Ortiz] ha sido condenado por el Tribunal Supremo, como autoridad que actúa con desviación de poder”. “Por tanto, a nuestro juicio, el nombramiento no es conforme a la ley”, consideran. “No puede trasladarse a la ciudadanía, con el nombramiento del Fiscal General del Estado, cúspide del Ministerio Público, que este queda dentro o en la órbita del Ejecutivo (...) a nuestro juicio no es idóneo para desempeñar conforme a la Constitución las funciones que tiene asignadas, entre ellas, la jefatura de todos los fiscales de España”, añaden.