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Maremoto político en Formentera: acusaciones de chantaje, sobresueldo, ruina y un gobierno en el aire

La coalición liderada por el PP que gobierna el Consell de la isla pide la dimisión del presidente, el independiente Llorenç Córdoba, al que acusa de exigir más ingresos por sus apuros económicos

El diputado parlamentario de Sa Unió, Llorenç Córdoba, interviene durante una segunda sesión de investidura de Marga Prohens como presidenta de las Islas Baleares, el  4 de julio de 2023, en Palma de Mallorca.
El diputado parlamentario de Sa Unió, Llorenç Córdoba, interviene durante una segunda sesión de investidura de Marga Prohens como presidenta de las Islas Baleares, el 4 de julio de 2023, en Palma de Mallorca.Isaac Buj / Europa Press (Europa Press)

El pasado 27 de noviembre el Consell de Formentera envió una escueta nota de prensa a los medios de comunicación de las islas. El presidente de la institución, el independiente Llorenç Córdoba, exponía crípticamente que se plantea dejar de apoyar “incondicionalmente” al Gobierno de las Baleares, liderado por Marga Prohens, del PP. Su voto no es clave en el parlamento autonómico para cambiar la actual mayoría de la derecha, porque este bloque suma al menos 33 escaños (25 de los populares, siete de Vox, y el correspondiente a Formentera que ganó Sa Unió), por 25 la oposición, más un diputado ahora no adscrito que se presentó por el partido ultra, pero sí es decisivo en Formentera. Por eso, en la pequeña y paradisiaca isla de 12.200 residentes empadronados se ha desatado un maremoto político con acusaciones cruzadas de chantaje, ruina económica y sobresueldos. El Gobierno insular conservador está en el alambre.

Córdoba es el único diputado de Formentera en el Parlament y, además, preside El Consell, la principal institución insular en representación de Sa Unió, la coalición de derechas formada por PP y Compromís per Formentera que el pasado mayo arrebató el poder a la izquierda después de 15 años. Sa Unió logró nueve representantes (contando a Córdoba) y la oposición, ocho. No hubo más aclaraciones, ni más información tras la sorpredente amenaza de Córdoba. Muchos relacionaron su postura con el escándalo que salpicó al ejecutivo autonómico, que nombró como alto cargo a un amigo del consejero de Hacienda, Antoni Costa, que estaba siendo investigado por una presunta agresión sexual.

Los rumores corrieron hasta que este miércoles los ocho consejeros de la coalición del gobierno de Formentera destaparon la caja de los truenos. En una comparecencia pública, los miembros de Sa Unió reclamaron la dimisión de Córdoba, que no está afiliado ni a PP ni a Compromís, después de conocer que tras la amenaza de retirar su apoyo al Gobierno regional estaba la negativa del PP a pagarle un sobresueldo. “El presidente Córdoba ha creado una cortina de humo mediática para sacar un beneficio personal. Comenzó a tener más sentido cuando nos comunicó que su situación económica era muy delicada, nos dijo literalmente que estaba arruinado y que había estado pidiendo aquí y en Palma que le encontrasen otro sueldo para ayudarlo” afirmó Óscar Portas, portavoz de los consejeros de Sa Unió.

Córdoba percibe alrededor de 80.000 euros anuales de sus sueldos como presidente del Consell y diputado autonómico a lo que se suman las dietas y, según sus excompañeros, pretendía cobrar entre 3.000 y 4.000 euros más en sobresueldos. Un extremo, el de la petición de sobresueldos, que ha confirmado este jueves el vicepresidente del Ejecutivo balear, el popular Antoni Costa, que ha subrayado que Córdoba presionó a la presidenta Prohens para obtener sobresueldos.

”Pedimos que presente sus dimisiones como presidente y como diputado. Pedimos disculpas a la ciudadanía de Formentera por no haber sabido ver hasta dónde podía llegar Córdoba” señaló Portas. Los consejeros anunciaron que ya se ha tramitado la expulsión de Córdoba de Sa Unió, por lo que pasará a ser consejero no adscrito, y le han dado de plazo hasta el lunes para que renuncie a sus cargos. Si no lo hace, presentarán una moción de censura. “Si llega el lunes y no ha renunciado nos tendremos que sentar con la oposición y lo que se pondrá sobre la mesa, evidentemente, será una moción de censura”. Sin embargo, ésta solo tiene visos de prosperar si PSOE y Gent per Formentera, los grupos en la oposición que suman los mismos consejeros que Sa Unió tras la expulsión de Córdoba, la apoyan.

Ataque personal

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Tras la comparecencia de sus antiguos compañeros, Córdoba contraatacó con una concentración en apoyo a su persona que reunió a una veintena de formenterenses en la noche del miércoles frente a la sede del Consell en Sant Francesc. Allí anunció que no pensaba dimitir y que todo formaba parte “de un chantaje” orquestado desde el PP de Mallorca en colaboración con Sa Unió. “Lo que han dicho los consejeros es falso. El ataque personal se ha visto perfectamente” afirmó Córdoba, que calificó de “estafa a los ciudadanos” que la coalición presentara a un independiente, un veterinario de 50 años conocido en la isla, para ganar las elecciones y a la primera de cambio “lo retiren de la forma más rastrera posible”.

Las postura de PP y Compromís de no ceder el liderazgo de la lista en las pasadas elecciones insulares les llevó a designar a un candidato independiente. Frente a la sede del Consell, Córdoba detalló que el Parlamento regional contempla una asignación de 2.700 euros para los gastos de funcionamiento del grupo mixto Sa Unió, del que él es el único diputado. Un dinero que, denunció, le están reclamando desde el PP y Compromís alegando que es para los partidos políticos mientras él considera que es para los gastos del grupo parlamentario. “Creo que no dejo de ser un trabajador público, no se le puede pedir que pague de su bolsillo los gastos que corresponden a su trabajo”.

El presidente del Consell admitió que necesita compensar los gastos que le supone desplazarse a Mallorca, a pesar de reconocer que tiene un sueldo y unas dietas “que están muy bien”. “No me estoy muriendo de hambre, no estoy desnutrido, estoy intentando pagar los estudios de mis hijas en el sitio donde creo que sea mejor. El tema de arruinado es una palabra que la han querido utilizar por lo que crean” sostuvo Córdoba, quien insistió en que en las jornadas en las que la presidenta del Gobierno regional le llama desde Palma y se tiene que desplazar a Mallorca lo paga de su dinero. “Me duele por mi familia, mi mujer y mis hijas no tienen que ir con la cabeza baja por una cosa que no ha hecho su padre, que ha hecho lo que tiene que hacer, que es ir a Palma a pedir lo que necesita Formentera. Si en Palma están cabreados, es que he hecho bien mi trabajo” zanjó Córdoba.

Presidencia en el aire

La situación política en el Consell ahora mismo está en el aire. Sa Unió cuenta con ocho consejeros, los mismos que PSOE y Gent per Formentera, los grupos en la oposición que perdieron la presidencia de la institución en las pasadas elecciones. Córdoba es ahora mismo un consejero no adscrito, por lo que Sa Unió no puede destituirle si no cuenta con el beneplácito de toda la oposición, que está lejos de prestar sus apoyos.

Alejandra Ferrer, portavoz de Gent per Formentera, principal partido de la oposición con cinco consejeros, habla de “acusaciones muy graves” de las que todavía no han visto pruebas. Para ella, los miembros de Sa Unió están “tirando por los suelos” la institución insular que ahora está “casi sin gobierno” cuando apenas han pasado cinco meses desde el arranque de la legislatura. “Son los miembros del equipo de gobierno los que tienen que demostrar que pueden gobernar, no pueden trasladarnos a nosotros la responsabilidad de que haya gobierno en Formentera” dice Ferrer, quien también se muestra preocupada por las consecuencias que estas acusaciones pueden tener sobre el implicado en una isla tan pequeña como Formentera, en la que casi todo el mundo se conoce.

Los tres consejeros del PSOE tampoco están por la labor de apoyar una moción de censura impulsada por los consejeros de Sa Unió. El portavoz de la formación en la isla, Rafael Ramírez, coincide con Ferrer en que todavía no se han puesto las pruebas contra Córdoba sobre la mesa. “No podemos tomar decisiones sin valorar las pruebas” ha señalado el socialista, que lamenta la situación de ingobernabilidad que atraviesa la principal institución de la isla.

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