El PSOE forma un bloque transversal frente al PP y Vox tras pactar con PNV y CC

Los socialistas cerraron definitivamente en la madrugada de este viernes los apoyos que garantizan la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Tras resolver en Bruselas el acuerdo con Junts, el PSOE dio un estirón final a sus negociaciones con el PNV, culminadas después de la medianoche, y que, junto al apoyo de Coalición Canaria, aseguran al presidente en funciones el respaldo de 179 de los 350 diputados del Congreso, todos menos los de la derecha. PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro se quedarán solos contra la candidatura de Sánchez con 171 votos negativos. Sánchez ha incrementado el perímetro de sus apoyos con Coalición Canaria, cuya ejecutiva se ha sumado finalmente a las formaciones que brindarán el sí al líder socialista. La sesión de investidura será la semana próxima.

Sánchez y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, solemnizaron su pacto la mañana de este viernes en el Congreso de los Diputados. El dirigente vasco detalló luego los acuerdos ante la prensa, muy satisfecho por los resultados obtenidos. El PSOE se compromete a aplicar en el plazo de dos años una muy antigua reivindicación del PNV: el traspaso de todas las competencias previstas en el Estatuto de Gernika y que nunca se han llegado a concretar en cuatro décadas. Son una treintena y entre ellas figura una muy destacada: el régimen económico de la Seguridad Social, una cuestión a la que se había resistido durante la última legislatura el ministro responsable, José Luis Escrivá. El Gobierno también accede a que en el País Vasco los convenios laborales autonómicos tengan primacía sobre los estatales, algo a la que se opuso hace dos años y que provocó el rechazo del PNV a la reforma laboral.

Frente a la seguridad con que Ortuzar explicó los acuerdos, el PSOE no tardó en enfriar el alcance de lo pactado sobre el régimen económico de la Seguridad Social. La cuestión no figura entre las transferencias que se van a concretar en tres meses, subrayó la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, e incluso en el plazo mayor de dos años “va a ser difícil” que se lleve a cabo. La también vicesecretaria general del PSOE se permitió enfatizar que su partido y el propio PP han pactado varias veces este asunto con la formación vasca sin que nunca se llegara a concretar.

Los socialistas han accedido a abrir otro proceso negociador sobre la pretensión nacionalista de ir más allá del actual Estatuto. Ahí el PNV planteará fórmulas que permitan “el reconocimiento nacional de Euskadi” y el establecimiento de una “relación bilateral” con el Estado. Los nacionalistas sostienen que eso es posible en el marco de la Constitución, ya que esta reconoce en sus disposiciones transitorias los “derechos históricos” del País Vasco. Ese objetivo implicaría la elaboración de un nuevo Estatuto avalado por la mayoría del Parlamento de Vitoria, según explicó Ortuzar. Para este proceso ambas partes se han dado también un plazo de dos años.

“En momentos como este de máxima complejidad e incertidumbre política”, afirmó el líder del PNV, “todas las fuerzas políticas debemos actuar con la máxima responsabilidad y altura de miras”. El dirigente vasco, que negoció el acuerdo junto a su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, destacó que el PSOE ha ido más allá en sus garantías que en el pacto suscrito hace cuatro años por ambas fuerzas para facilitar la anterior investidura de Sánchez. Entonces, explicó Ortuzar, el PSOE prometía “estudiar” las reivindicaciones nacionalistas. Esta vez, según él, se ha introducido un matiz semántico para subir un escalón en los compromisos, ya que el PSOE no solo habla de “estudiar”, sino de “negociar”. En el tramo final de la pasada legislatura, el PNV se quejó a menudo de que el Gobierno de Sánchez incumplía algunas de las cuestiones pactadas.

El propósito del PNV es que el entendimiento con el futuro Ejecutivo se prolongue durante toda la legislatura, siempre que los socialistas mantengan sus compromisos. “Me fío de la palabra del presidente Sánchez, pero nuestro compromiso está ligado al cumplimiento leal de los acuerdos”, manifestó Ortuzar. El dirigente peneuvista admitió el complejo panorama que presenta la legislatura ante la heterogeneidad de lo que se presume como base parlamentaria del futuro Gobierno y porque “van a hacer falta todos los votos durante todo el tiempo”. Lo ilustró con una metáfora muy vasca: “Vamos todos en la misma trainera y tenemos que intentar que no choquen las palas”. Aun así, garantizó que el PNV estará “a las duras y a las maduras”, incluso para tomar “medidas impopulares” que, según él, pueden ser necesarias.

Ortuzar dejó muy claro el abismo que se ha abierto entre su partido y el PP ante el acercamiento de los populares a Vox. Las manifestaciones de estos días contra la futura ley de amnistía le han parecido un “horror”. “Creía que esa nostalgia franquista había desaparecido”, afirmó con tono alarmado. Y aprovechó para resaltar que las reacciones de los populares en las últimas semanas no hacen más que “reafirmar” la decisión que su partido tomó al día siguiente de las elecciones del 23-J de no negociar nada con el PP mientras esta formación mantenga acuerdos con Vox, cuya actitud política calificó de “claramente antidemocrática”.

Los socialistas han llegado a los 179 apoyos para la investidura al sumarse también Coalición Canaria con una serie de compromisos e inversiones de la llamada agenda canaria, que son los mismos que esa formación firmó el pasado 22 de agosto con el PP para la investidura fracasada de Alberto Núñez Feijóo. El sí de la diputada canaria Cristina Valido es un solo voto pero con relevancia simbólica para Sánchez, ya que sus postulados están muy lejos del independentismo. De hecho, CC pactó en las islas con el PP para desalojar al PSOE del Gobierno autónomo, votó a favor de la fallida investidura de Feijóo y está en contra de la amnistía a los encausados por el procés catalán.

Tras suscribir el acuerdo con María Jesús Montero, tanto la diputada Valido como el secretario de Organización de CC, David Toledo, comparecieron para destacar que habían “firmado con la cabeza más que con el corazón” y sobre todo pensando en obtener del Gobierno “inevitable” de Sánchez una serie de compromisos, inversiones y obras en infraestructuras para Canarias en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Cuantificaron esos compromisos en unos 1.000 millones de euros cuando la previsión de las cuentas anteriores se había quedado en 800. Algunas de esas partidas, sin embargo, ya estaban establecidas en convenidos anteriores. Los dos dirigentes subrayaron que han optado por sumarse al bloque para “toda la legislatura” de Pedro Sánchez cuando vieron que su investidura iba a prosperar y para no distanciarse de posibles beneficios acordados con el Gobierno centra. Los concretaron en la crisis migratoria, la reconstrucción de la isla de La Palma tras el volcán, la crisis hídrica en La Graciosa y otras medidas.

Toledo sostuvo que la actual crisis migratoria es para Canarias más importante y más de Estado que la ley de amnistía para los partidos independentistas catalanes. CC, en cualquier caso, refrendó ante los negociadores del PSOE que no apoyará las medidas de gracia, uno de sus grandes escollos en esta negociación por los recelos internos que despierta en la propia formación. CC recalcó que en el pacto hay muchas promesas que ya se suscribieron con el PP, pero especificó como la más relevante que el Gobierno reformará la ley del Menor para imponer la obligatoriedad de que las administraciones tengan que asumir a los menores inmigrantes que se les asigne aunque no lleguen a su territorio.