Las varas de medir del comisario Reynders

La carta del comisario Didier Reynders al Ejecutivo pidiendo explicaciones sobre la ley de amnistía en ciernes resulta insólita. Primero, porque empieza refiriéndose a la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, pidiendo cuentas de ese fallo al Gobierno. Puede hacerlo, claro. Pero no sabemos si se ha dirigido a esa entidad, cuya mayoría es la que se empecina en bloquear la renovación y ceder sus puestos, prolongando su cargo sin base moral (ni seguramente legal) ninguna. Ni tampoco al partido que, según le consta al comisario belga, condiciona o determina ese bloqueo institucional.

Segundo, porque alude a unos estándares europeos para este tipo de instituciones que no están codificados, pues distintos países de la UE las eligen mediante diferentes procedimientos.

Tercero, porque desde acabada la II Guerra Mundial, los hoy Estados miembros de la UE han puesto en marcha, en conjunto, más de 50 amnistías. La última, en Portugal, con motivo de la visita del papa Francisco: ¿Es que esa protección dispensa lo que en otros casos se percibe como “culpa”, la de derramar la gracia sobre delincuentes? Nadie desde la Comisión ha mostrado “graves preocupaciones” por ellas. Tampoco Reynders, quien seguro no desea incurrir en resoluciones asimétricas o sectarias.

Cuarto, porque en su carta pide información sobre una norma que no ha visto la luz: la Comisión lo hace, en asuntos presupuestarios, mucho más reglados y en los que su competencia es mucho más sólida, cuando existen ya proyectos formales, no cuando los Gobiernos todavía no los han acordado ni mucho menos culminado. Esta intromisión, reclamando lo que no existe, es pedir la luna. O intentar juzgar intenciones, ese método propio de la Inquisición, institución bastante ajena al Estado de derecho. La impecable cortesía de Reynders (“le agradecería si me pudiera proporcionar información detallada”, inquiere) ampara, sin embargo, un requerimiento ultra vires, ese tipo de actos que se ejecutan careciendo de la autoridad precisa para realizarlo, pues no se dicta respondiendo a ningún acto jurídico.

Quinto, porque es cierto que la Comisión, como el Parlamento o el Consejo, pueden y deben velar por el cumplimiento del Estado de derecho en los Estados miembros. Este es uno de los principios democráticos de la Unión gloriosamente consagrado en el artículo 2 del Tratado, y su competencia la recoge el artículo 7. Pero solo cuando haya un “riesgo claro” de “violación grave” del mismo. ¿Acaso lo ha habido en alguna de las otras 50 normas de amnistía? ¿Hay precedente alguno de reclamar explicaciones sin siquiera un borrador sobre la mesa? Sería deseable que el comisario no se guiase a la hora de detectar esos peligros por el criterio del caduco y corrupto CGPJ, algunos de cuyos miembros cooptan jueces que luego dictaminan en litigios donde intervienen sus antiguos despachos. Ni por el PP de Esteban González Pons, que tanto trata de influirle, pues es alto cargo de un partido que no condenó con presteza el acoso a un partido rival, sino días después. ¿Qué transparencia está dispuesto a ofrecer ante el Parlamento Europeo sobre quienes difunden insidias contra el Reino de España?

Y sexto, porque como se dice en español, en casa de herrero, cuchara de palo. Los comisarios solo deben tener una patria: Europa. Pero Reynders nunca se olvida de proteger las violaciones jurídicas del Pacto de Estabilidad, del tope al déficit y la deuda del Reino de los belgas, por ejemplo, cuando era su ministro de Finanzas y su viceprimer ministro. O sus conculcaciones del Estado de derecho. Un país condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hasta 2018, por violación de los mismos en 615 ocasiones; contra solo 112 veces España. O cuyos presuntos incumplimientos de la legislación comunitaria (elevados al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el quinquenio 2013-2017) que cuadriplican los registrados en España: 0,05% por millón de habitantes, contra 0,23% de Bélgica. Y cuyo comportamiento en el asunto de las euroórdenes dictadas por la Justicia española a quienes ahora se pretende amnistiar, orilló la normativa europea y paralizó su aplicación. Expedientes todos ellos de los que el hoy comisario tampoco ha destacado proporcionando “información detallada”. Quizá porque ese conflicto de interés no le conviene a su trayectoria política nacional.