El norte de Granada es la milla de oro de las plantaciones de marihuana y los enganches ilegales

La zona norte de Granada es la milla de oro de los enganches ilegales para plantaciones de marihuana. En Granada capital, Endesa tiene 1.125 transformadores y de ellos, el top ten del fraude, lo conforman 18 situados en la zona norte, un distrito compuesto por los barrios de Almanjáyar, Cartuja, Campo Verde, Joaquína Eguaras, Rey Badys, Casería de Montijo, La Paz y Nueva Granada. Esos 18 centros de transformación, explica la empresa, acumulan el 97% de las incidencias de la red eléctrica de toda la ciudad. Incidencias que pueden ser cortes de luz o, en su caso extremo, incendios de la instalación derivada de una sobrecarga excesiva. Endesa cifra en 847 millones el coste del fraude por plantaciones de marihuana en España en 2022.

“Regularización y otros conceptos” es una de las líneas que aparecen en las facturas de la luz. Por lo general, apenas unos euros que no llaman la atención, comparadas con el resto de cantidades mucho mayores que aparecen en esas facturas. Esos otros conceptos son un cajón de sastre de costes imposibles de identificar… o casi, porque al menos uno de esos conceptos ya tiene nombre: es el fraude eléctrico. Bajo ese epígrafe se esconde la compensación a las comercializadoras de electricidad por el robo de electricidad que cometen usuarios domésticos, empresas y, cada vez más, las plantaciones de marihuana indoor. El hurto –”pérdidas no técnicas” en el sistema eléctrico español en el argot empresarial– en apartado del cultivo de marihuana lo ha valorado Endesa, a precio de la electricidad del momento, en 847 millones de euros en 2022. Este fraude representa ya el 27% del total de la corriente robada, porción de una tarta que se completa con otros dos pedazos, el del 40% de fraude doméstico y el del 33% industrial. Venga de donde venga, el fraude eléctrico es gratis para el infractor porque se lo pagan quienes tienen contrato en vigor. Es un robo cuya compensación se ha socializado entre quienes no roban.

La defraudación eléctrica, por otro lado, tiene también sus entornos campeones, sus millas de oro. La zona norte de Granada es uno de ellos desde hace años. Un informe actualizado al mes de septiembre de Endesa cifra en un 56% los suministros sin contrato, los enganches ilegales. De 4.875 suministros que la compañía ha detectado, algo más de 2.100 son legales. El resto, alrededor de 2.750, jamás recibirán la factura porque son enganches que roban corriente.

El problema del cultivo en interior de marihuana surgió en Granada hace algo más de una década. En aquel momento, en plena crisis económica de 2008, las administraciones dejaron pasar la situación porque proporcionaba sustento a familias desfavorecidas y, por tanto, generaba una cierta paz social. Con el tiempo, aquellos cultivos aislados trajeron consigo un problema mayor: aparecieron mafias y clanes que quisieron hacerse con más y más viviendas –que se compran y venden en el barrio al margen de la ley– y que incrementaban la superficie de cultivo hasta el infinito, a veces, convirtiendo edificios completos en naves de producción de maría. Un ejemplo es el conocido en la ciudad como Hotel Luz, un edificio que nunca fue hotel ni brilló jamás. De sus casi 40 viviendas, apenas una tenía contrato y cuatro estaban habitadas por personas mayores. El resto, más de 30 pisos, era una secuencia de viviendas-huerto con luz, pero sin contrato que la policía desmanteló hace unos años. Y donde tiene que volver recurrentemente.

La Fiscalía de Andalucía explica en su memoria de 2022 que existen hasta 16 clanes familiares dedicados al cultivo de esta droga en la zona Norte, “donde disfrutan de su espacio de confort, ejerciendo la intimidación sobre los vecinos para extender su territorio y ocultar su actividad, con un control absoluto de los movimientos policiales y defensa frente a otras organizaciones”. En definitiva, un entorno autogestionado.

Juan Antonio Sánchez, responsable de eDistribución, la filial de redes de Endesa, explica que es casi imposible detectar los enganches ilegales y más difícil aún clausurarlos. Eso no significa que no se detecte el fraude. La diferencia entre la potencia de electricidad que circula por los 18 transformadores que dan servicio a esta zona y la que realmente miden los contadores de las viviendas con contrato es hasta un 1.000 por ciento mayor, según Endesa. Por cada kilovatio pagado en el barrio, otros 10 viajan sin contrato. Sánchez cuenta que los clanes hacen esas conexiones ilícitas desde los bajos de los edificios y en el interior, tirando paredes “y si hace falta muros maestros” si es necesario. Con esas excavaciones buscan la entrada de los cables de suministro al edificio y ahí los conectan y comienza el robo del fluido. Eso provoca un problema no solo de coste económico para los demás, sino de seguridad para el propio edificio. Problema, además del propio fraude, es de seguridad. Enganchan varias viviendas, con una demanda de potencia muy superior a la capacidad que, por su sección, tienen los cables. Endesa se apoya en sendos estudios de la Universidad Politécnica de Cataluña para considerar que un invernadero de interior demanda una potencia equivalente a 77 viviendas de unos 100 metros cuadrados. Frente a los casi 3.500 kilovatios por año que consume una vivienda de esa superficie, un cultivo ilegal a cubierto en el mismo espacio consume más de un cuarto de millón de kilovatios en un año.

A pesar de que los centros de transformación en la zona Norte, explica la empresa, están sobredimensionados en hasta 3 veces la potencia necesaria a la vista de los suministros legales, los cortes de suministro y las incidencias son una constante en la zona como consecuencia de los enganches ilícitos y de la manipulación en las casetas de transformación. El responsable de eDistribución cuenta un caso ocurrido en julio pasado en uno de esos 18 centros de transformación. “Estos cuentan con unos fusibles que, cuando se alcanza un nivel de consumo determinado que pone en peligro la infraestructura, salta para evitar incendios o problemas similares. Pero alguien manipuló los fusibles para que aguantaran tres veces más y así aguantaran más sin saltar. Los fusibles aguantaron, pero no otros elementos y se prendió fuego. No ocurrió una desgracia de milagro”, comenta, “pero cualquier día va a pasar algo malo”.

Y lo que empezó en la zona Norte de Granada se ha ido extendiendo a otros lugares. Sánchez recuenta problemas similares ya en Almería, Cádiz o Cataluña. Y dentro de la provincia, el recuento de pueblos con saqueo eléctrico es extenso: el 35% de los suministros eléctricos de Pinos son ilegales, el 47% en Iznalloz, el 25% en Atarfe.

Rápida recuperación

Las mafias del cultivo de marihuana tienen fácil capacidad de recuperación. En Endesa recuerdan el caso de una intervención policial a las 7 de la mañana en un edificio en el que 28 enganches ilegales llevaron al centro de transformación a su límite, a 200 kilovatios. A las 12 de la mañana, los técnicos habían desconectado todos los suministros y la demanda energética cayó a cero. Poco después, agentes y electricistas volvieron a sus casas. A las tres de la tarde, la nueva remesa de cultivo estaba ya en marcha a juzgar por los 150 kilovatios que marcaban los contadores de la empresa. Los agentes volvieron a la mañana siguiente y encontraron 18 cultivos de marihuana en marcha que consumían, de nuevo, 200 kilovatios.

Soluciones legales

Endesa le ha dado vueltas al problema y solo ve una solución al fraude eléctrico: reformar el código penal. Juan Antonio Sánchez explica que han hecho un análisis comparativo de cómo está esa figura en los códigos penales de países vecinos (Francia, Italia, Portugal y Alemania) y en todos ellos, cuenta, “hay penas de prisión, mientras que en España es de tres a 12 meses de multa. Esto en España es un delito leve que se solventa la mayoría de las veces con una multa de 1.200 euros, por lo que les sale rentable a los cultivadores y defraudadores. Si se modifica la ley y se penara con cárcel más de uno se lo pensaba”. En Francia, por ejemplo, la pena es de tres años de prisión y 45.000 euros de multa, en Italia de 1 a seis años de prisión y en Alemania hasta cinco años de prisión.