Dos funcionarios de pueblos de Alicante, implicados en empadronamientos masivos de inmigrantes

La documentación aportada por decenas de personas procedentes del extranjero indicaba que en varios domicilios de dos pueblos del interior de Alicante, Pinoso (8.084 habitantes) y L’Alguenya (1.351) no podía caber más gente. Todos ellos, con tarjeta sanitaria, el permiso de residencia por reagrupación familiar en proceso y, en algunos casos, con el papeleo para solicitar ayudas sociales en marcha. En diciembre del año pasado, agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Policía Nacional de Alicante detectaron este empadronamiento masivo y abrieron una investigación que se ha saldado con 14 detenciones, entre ellas, las de dos funcionarios de los respectivos ayuntamientos afectados que inscribían a los nuevos residentes y elaboraban informes falsos, acusados de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Los otros 12 son supuestos beneficiarios de la trama, al igual que más de una veintena de investigados, entre los que también se encuentran otros dos funcionarios municipales no detenidos. Los tres cabecillas de la trama están identificados, pero huyeron a Marruecos en el transcurso de la operación policial, por lo que se ha emitido una orden de detención contra ellos por si vuelven a pisar suelo español.

El inusitado, según los investigadores, crecimiento de la población extranjera de estas dos localidades, situadas en el interior de la provincia y dedicadas principalmente a la agricultura, sobre todo vitivinícola, fue lo que destapó el caso. La investigación comenzó con el chequeo en el registro de la propiedad de los domicilios aportados en la documentación falsa. En algunos casos, los propietarios desconocían el movimiento que se generaba en sus viviendas. En otros, cuentan fuentes policiales, los cabecillas de la trama “coaccionaban a los dueños, que generalmente eran personas mayores” para que permitieran el empadronamiento de desconocidos en sus casas. Después, los agentes detectaron un patrón similar en todos los expedientes. Los supuestos empadronados solicitaban la tarjeta SIP del Servicio Valenciano de Salud, tramitaban su permiso de residencia por reagrupación familiar y pedían ayudas sociales.

Las pesquisas condujeron hacia el líder de la trama, quien facilitaba los permisos de alquiler a cambio de una cantidad de dinero que oscilaba entre los 200 y los 1.500 euros. Junto a sus dos cómplices, todos ellos fugitivos desde el pasado mes de julio, se encargaba también de poner en contacto a sus clientes con los funcionarios de los ayuntamientos en los que se habían inscrito como residentes. El de Pinoso, detalla la Policía, realizaba las inscripciones, mientras que la de L’Alguenya elaboraba informes falsos para que los supuestos residentes pudieran obtener la residencia. Otros dos funcionarios de los respectivos consistorios, que pasaron a disposición judicial pero no fueron detenidos “por no tener el mismo grado de implicación” en la trama, están acusados de “mirar para otro lado y no denunciar los hechos”, declaran los investigadores.

Con la red identificada y el método bien definido, la policía inició un proceso de detenciones que todavía no se ha frenado. Sobre los tres cabecillas pesa una orden de detención por la que serán detenidos si vuelven a España. Los arrestados pasaron el pasado mes de agosto a disposición de un juzgado de Novelda, del que salieron en libertad con cargos, en todos los casos, y quedan pendientes de juicio. La Policía sigue identificando presuntos involucrados en la red de falsedad documental, cuyo número se sospecha que seguirá creciendo.