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El fiscal general ve “prematuro” plantear cambios en el Código Penal para perseguir delitos cometidos con inteligencia artificial

Álvaro García Ortiz asegura que la ley española está preparada para perseguir estas situaciones

Almendralejo
Exterior del Colegio Ruta de la Plata de Almendralejo del que una gran parte de las víctimas son alumnas.ROBERTO PALOMO
Reyes Rincón

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, considera “prematuro” plantear una reforma del Código Penal para castigar explícitamente el uso de la inteligencia artificial en situaciones como la ocurrida en Almendralejo (Badajoz), donde menores de varios colegios han intercambiado fotos de niñas del municipio con desnudos creados de forma virtual. Al ser preguntado este miércoles al término de un acto en la Fiscalía General, García Ortiz ha señalado que el Código Penal persigue el hecho delictivo y que el medio de comisión, a veces, puede ser “indiferente”. “Lo importante es que si queremos proteger la integridad moral de los menores, tengamos tipos que la protejan; o, si queremos proteger actos de utilización de menores por apariciones realistas, también los tengamos”, ha explicado el jefe del ministerio público. No obstante, García Ortiz no ha cerrado la puerta a pedir cambios en el Código Penal si se surgen “medios comisivos” contra los que sea más difícil actuar. ”Pero la propia estructura del Código nos permite que el medio comisivo pueda llegar a ser irrelevante”, ha insistido.

En el mismo sentido se ha pronunciado la fiscal de sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada. “Las agresiones de menores a través de la tecnología que están creciendo de forma alarmante tienen una tipificación muy clara en el Código Penal, no habría que cambiarlo”. “Otra cosa es que administrativamente se tomen medidas de otro tipo, como limitar el uso del móvil en los colegios o establecer medidas de control parental sobre los móviles”. Tejada sí considera que “hay un problema serio de denuncia”. “Todo lo que se detecte hay que denunciarlo. Y yo advertiría a padres y educadores de que hay que estar muy pendientes de lo que hacen con los ordenadores”.

La investigación de Almendralejo está todavía en manos de la policía, y la Fiscalía aún no ha recibido los atestados, por lo que no ha iniciado su actuación. No obstante, las unidades de criminalidad informática y de menores están ya recabando datos para intervenir cuando sea necesario. “Son casos preocupantes y repetitivos”, ha lamentado García Ortiz, quien ha mostrado su inquietud por el uso de nuevas tecnologías para la comisión de delitos contra los menores. “Pero hay que dar un mensaje de tranquilidad. Hay elementos normativos suficientes para poder atajar los comportamientos delictivos. Nuestros tipos penales parecen estar adaptados a estas nuevas realidades”, ha recalcado el fiscal.

Los desnudos simulados con inteligencia artificial puede ser susceptibles de un delito de pornografía con menores, ya sea en casos como el de Almendralejo donde una parte de la imagen (la cara de las niñas) es real y otra (el cuerpo desnudo) se ha recreado virtualmente, como en casos donde toda la imagen sea artificial. Pero para que exista un delito, ha explicado la fiscal Tejada, la imagen tiene que ser “realista” y que el contenido sea claramente sexual. “Que o bien sea un acto sexual explícito en el que participa un menor o bien se vean los órganos sexuales del menor con un enfoque sexual”, ha explicado Tejada.

La última memoria anual del ministerio público, publicada hace dos semanas, alerta ya sobre el incremento de los delitos sexuales contra niños y adolescentes. Estos casos se han incrementado en un 116% desde 2017, según el balance de la Fiscalía. “Tenemos elementos de protección y de educación, pero como sociedad hay que hacer una reflexión”, ha advertido García Ortiz, quien ha llamado la atención sobre el hecho de que las víctimas de estos delitos son generalmente niñas. “Eso nos debe llevar a una reflexión de género”.

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El jefe del ministerio público ha puesto el acento en la importancia de la educación y en la implicación conjunta de familias, instituciones y administraciones. “Y, después, si llega el caso, la intervención de la fiscalía con elementos de protección y de punición si hay que utilizarlos”. “Nos enfrentamos a una sociedad nueva en la que el acceso a un mundo afortunadamente libre, pero también desordenadamente libre, nos debe preocupar”.

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Sobre la firma

Reyes Rincón
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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