Josu Ternera admite en el documental de Évole su implicación en un asesinato amnistiado

El documental No me llame Ternera, dirigido por Jordi Évole, sobre el exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, sigue creando polémica a pesar de que aún no se ha estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián. La última se ha generado al conocerse que el histórico dirigente terrorista admite durante la película su implicación en el atentado que costó la vida, el 9 de febrero de 1976, al entonces alcalde de Galdakao (Bizkaia), Víctor Legorburu Ibarretxe, según ha adelantado El Correo y han confirmado a EL PAÍS fuentes de la productora. Por aquel crimen, llegaron a estar procesados tres miembros de la banda, pero nunca Josu Ternera. No obstante, nadie fue condenado por aquellos hechos, que quedaron englobados en la Ley de Amnistía, aprobada un año después. Tampoco lo podrá ser ahora el exjefe de ETA, que en la cinta recalca que él no fue quien disparó, según fuentes conocedoras del documental.

Urrutikoetxea, de 72 años, se encuentra actualmente en libertad vigilada en Francia, donde fue detenido en 2019 tras permanecer 17 años huido. España lo reclama para juzgarlo, entre otros delitos, por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, de 1987, que dejó 11 muertos (incluidos seis menores y dos embarazadas) y 88 heridos. La Fiscalía le pide 2.354 años de prisión como presunto integrante del “comité ejecutivo” de ETA que decidió colocar el coche bomba que causó esa masacre.

La proyección del documental, programada para el próximo viernes 22, ha provocado un movimiento en contra. Antes incluso de conocerse su contenido, 514 personalidades han firmado una carta para mostrar su oposición a la exhibición de la cinta, al considerar que podría blanquear la figura del etarra. El director del certamen, José Luis Rebordinos, ya ha anunciado que la mantendrá en el cartel. Los dos autores de la película, el propio Évole y Màrius Sánchez, mostraban a este diario su extrañeza por la carta: “Nos sorprende que se opine e incluso se pida que no se proyecte en el festival un documental que ninguna de las personas firmantes ha visto”. Aún no había transcendido, sin embargo, el detalle sobre los términos en los que Urrutikoetxea asume su participación en el asesinato de Legorburu.

Este crimen del edil se produjo en los primeros meses de la Transición, en plena campaña de ETA contra los alcaldes vascos, a los que había lanzado un ultimátum para que dimitieran. Legorburu, que un año antes había sido amenazado por unos encapuchados en la imprenta que gestionaba junto a un hermano, había salido aquel día de su domicilio junto al policía municipal Francisco Ruiz, que hacía las funciones de escolta, cuando fueron ametrallados por al menos cinco terroristas. Uno de los etarras se acercó a los dos heridos y remató a Legorburu. Su escolta quedó herido en el suelo, con 11 impactos de bala. Ese 9 de febrero expiraba precisamente el ultimátum.

Tres de los presuntos autores de aquel crimen fueron identificados, pero habían huido a Francia. La investigación judicial concluía, además, que participaron otros dos etarras a los que nunca se puso nombre. No obstante, la investigación fue archivada en octubre de 1977 tras aprobarse la ley que declara amnistiados “todos los actos con intencionalidad política cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas” llevados a cabo antes del 15 de diciembre de 1976. Entonces fueron amnistiados 65 crímenes de ETA, según un informe del Gobierno vasco. En el documental, Josu Ternera admite que participó indirectamente tanto en aquel crimen como en el atentado que, el 20 de diciembre de 1973, costó la vida al entonces presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco.

La Fiscalía, contra la “censura previa”

La Fiscalía de la Audiencia Nacional también ha tomado la palabra en la polémica sobre la esperada proyección del documental. El ministerio público ha rechazado visualizar de forma previa esta película. La asociación de víctimas DyJ (Dignidad y Justicia) planteó adoptar esta medida excepcional para comprobar si la cinta incurría en un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a las víctimas, pero la Fiscalía considera que impulsar cualquier iniciativa en esa línea supondría un ejercicio de “censura previa”.

La Fiscalía se pronuncia de forma contundente: “La Constitución reconoce y protege, entre otros, el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica”, según consta en un escrito firmado este jueves por Marta Durántez, teniente fiscal de la Audiencia Nacional, que añade: “El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa y solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”.

El ministerio público incide en que no existe ningún “indicio” de delito que avale esa visualización previa. “La posible limitación del derecho constitucional a la libertad de prensa en ningún caso puede basarse en hipótesis o suposiciones”, apunta Durántez. La teniente fiscal añade que, de aprobar esa iniciativa, se estaría dando luz verde a una “investigación prospectiva” basada en las circunstancias de la persona entrevistada, expresamente prohibida por la legislación.

Dignidad y Justicia envió una carta a la Fiscalía General del Estado, rubricada por su presidente, Daniel Portero, diputado del PP en la Asamblea de la Madrid e hijo de Luis Portero, quien fuera fiscal jefe de Andalucía, asesinado por ETA en 2000. En su misiva, pedía la visualización previa del filme y recordaba que Ternera “fue un miembro activo de ETA, responsable (de forma directa o indirecta) de muchos de los atentados de la banda terrorista con resultado de muerte”. “Se trata de un criminal fugado de la justicia española, que no se puede tratar de blanquear ni humanizar. Se mire por donde se mire, es un terrorista sanguinario que segó la vida de un montón de inocentes y que nunca ha mostrado el más mínimo signo de arrepentimiento de todo lo que hizo, dejando un reguero de sangre y víctimas en un pasado que no está tan lejos”, remachaba.

Situación procesal

Josu Ternera, que nunca podrá ser procesado por el asesinato de 1976, tiene en la actualidad una causa pendiente en Francia. En ella se le imputa un delito de asociación de malhechores con fines terroristas ―el equivalente al delito de integración en organización terrorista del Código Penal español― por su presunta pertenencia a ETA entre 2002 y 2005. Se trata de unos hechos por los que Josu Ternera ya fue condenado en ausencia en 2010 a siete años de cárcel, pero el exjefe etarra lo recurrió tras su arresto. El Tribunal de Apelación de París le dio la razón y ordenó devolver el sumario al juez de instrucción para que comenzase de nuevo todo el proceso, al considerar que las pesquisas judiciales estuvieron viciadas por unas “investigaciones minimalistas” iniciales y una orden de detención final “irregular”.

En España, su panorama judicial es más complejo. Cuando fue detenido en 2019, la Audiencia Nacional reclamó su entrega por cuatro sumarios. Además de por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza, la justicia gala ya ha autorizado su extradición para que sea juzgado por la financiación de ETA a través de las herriko tabernas, unos locales a los que acuden simpatizantes de la izquierda abertzale radical. De las otras dos causas, una se corresponde con el sumario abierto por un delito de crímenes de lesa humanidad, en el que están encausados otros exjefes de ETA. Francia rechazó esta petición al estimar que ese delito no existe en el código penal galo. La cuarta causa es por el asesinato en Vitoria, en 1980, de Luis María Hergueta, directivo de la empresa Michelin. Francia aceptó en primera instancia conceder la entrega por este atentado, pero Josu Ternera recurrió y los jueces franceses aún deben pronunciarse.

Además, Urrutikoetxea es uno de los 23 antiguos miembros de las sucesivas cúpulas de la banda que están siendo investigados por la Audiencia Nacional al reactivarse en los últimos meses ocho causas para tratar de dilucidar la presunta responsabilidad de todos ellos como “autores mediatos por dominio” —una especie de inductores intelectuales de los crímenes al tener el control total de la organización— de crímenes cometidos cuando ocupaban un puesto en la dirección de ETA. En el caso de Josu Ternera, el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal admitió contra él, en enero de 2022, una querella por el coche bomba en la T-4 del aeropuerto de Madrid que mató a dos personas y que puso fin a la tregua de la banda en diciembre de 2006. En todos estos casos, Ternera ha negado su participación.