El PP y Vox afrontan la formación de Gobierno en Murcia sin aclarar cuál será la política sobre el mar Menor

Tras el acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el PP y Vox en la Región de Murcia, el popular Fernando López Miras será elegido previsiblemente presidente de la comunidad autónoma por tercera vez. Vox le dará sus votos tras el debate que se celebrará esta semana, el miércoles 6 y el jueves 7 de septiembre, y, a cambio, recibirá dos consejerías en el nuevo Gobierno regional: la de Fomento y la de Seguridad, Interior y Emergencias, con rango de vicepresidencia. El líder autonómico del partido ultra, José Ángel Antelo, será vicepresidente, como había exigido. Pero Vox no asumirá las competencias relacionadas con la agricultura ni con el mar Menor, a las que aspiraba y que se han convertido en uno de los elementos clave a la hora de analizar el acuerdo programático entre ambos partidos, aún desconocido.

La ley de protección del mar Menor, aprobada en julio de 2020, ha sido el principal punto de confrontación entre ambas formaciones políticas, tanto durante la pasada legislatura como en campaña electoral y tras los comicios del 28-M. A escasas 48 horas de que comience la sesión de investidura, el partido de Santiago Abascal insistió este lunes en la necesidad de reformar esa ley, mientras que el de Alberto Núñez Feijóo advierte de que no dará “ni un paso atrás”. Y ambos lo hacen asegurando que su interés es el de proteger ese singular ecosistema de la laguna salada, herido de gravedad desde 2016.

El líder de Vox ha afirmado hoy, rotundo, que la protección del mar Menor “es un gran punto de acuerdo con el PP”. Tener una ley que proteja ese ecosistema, ha dicho Antelo, “es una obsesión que compartimos con el PP”, una “obsesión compartida con Fernando López Miras”, con el que “está más que hablado” este asunto. Una postura que sorprende tras las numerosas declaraciones cruzadas de ultras y populares desde los comicios de mayo: el propio Antelo señalaba entre sus requisitos para apoyar la investidura de Miras la reforma, modificación o derogación de la ley actual, punto que llegó a poner por escrito en la propuesta que le hizo al dirigente popular durante el debate de investidura fallido de julio.

En aquella sesión, Miras hizo un guiño a Vox comprometiéndose a ampliar el plazo que tienen los agricultores del entorno de la laguna salada para contratar a una entidad independiente que les fiscalice en el cumplimiento de la ley, pero ese anuncio no fue suficiente para recabar el apoyo del partido ultra. Tras el acuerdo suscrito el pasado viernes para conformar un Gobierno de coalición, las dos formaciones no han hecho público todavía el acuerdo programático en el que supuestamente se abordará este asunto.

El líder regional de Vox ha asegurado, parafraseando el “mantra” de Miras en los últimos meses: “No vamos a dar un paso atrás en la protección del mar Menor, pero sí vamos a dar dos pasos hacia delante en protegerlo”. Solo unos minutos después, también en la Asamblea regional, el portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado, ha insistido en que “no habrá ninguna modificación de la ley del mar Menor que suponga rebajar su protección”. “No lo tenemos pactado con nadie, no está en ningún papel ni está sobre la mesa”, ha asegurado.

A pesar de que ambas posturas han sido opuestas durante meses, en los dos partidos impera ahora la ambigüedad. Vox no ha explicado cuáles son los puntos que quiere modificar de esta ley —a la que acusa de “criminalizar” al sector agrario—, qué pretende suprimir o qué quiere añadir. El PP, por su parte, insiste en no retroceder en la protección, pero no ha negado expresamente que pueda haber cambios en la normativa.

La ley 3/2020 de recuperación y protección del mar Menor se aprobó el 22 de julio de 2020 con los votos favorables de PP, PSOE y Ciudadanos, mientras que Vox votó en contra. La principal novedad de la norma con respecto a medidas anteriores es que establece una franja de especial protección de 1.500 metros en torno a la laguna salada e impone en esa franja importantes restricciones para la agricultura y el uso de fertilizantes. Obliga, además, a reconvertir los regadíos ilegales en áreas de secano o terrenos forestales, prohíbe la apertura de nuevos invernaderos en la franja de protección y obliga a los dueños de explotaciones agrícolas a adoptar medidas para recoger vertidos o instalar medidas de contención de escorrentías como la plantación de setos, entre otras medidas. La norma, sin embargo, no contentó ni a los ecologistas, que la tacharon de insuficiente, ni a los agricultores, que denuncian que solo se ha puesto el foco en esa actividad, sobre la que se han cargado todas las restricciones, obviando la contaminación procedente de otras fuentes como el turismo o el desarrollo urbano.

“Esfuerzo económico”

Y ese es el discurso que ha hecho suyo Vox, que centró buena parte de su campaña electoral en la promesa de modificar la ley para que no siga “criminalizando” al sector agrario, aunque sin especificar cómo. En su rueda de prensa de este lunes, Antelo ha apuntado a que, para mejorar la norma, es preciso poner el foco en la mejora de los saneamientos, que “son muy deficitarios” en las localidades ribereñas. “Hay que hacer un esfuerzo económico” para mejorar esos sistemas, ha dicho. En su programa electoral, Vox contemplaba realizar un “saneamiento separativo” de aguas pluviales y fecales obligatorio en todos los ayuntamientos del entorno, ya que el partido considera que ese es el principal foco de contaminación de la laguna, pese a que diversos estudios señalan que el 80% de la misma procede de la agricultura. Entre las propuestas de Vox, destaca también la apertura de “golas” o canales de conexión entre el mar Menor y el Mediterráneo, una medida desaconsejada por la comunidad científica. El partido ha abogado asimismo en diversas ocasiones por desviar las ramblas que vierten en el mar Menor para que lo hagan en el Mediterráneo.