El Gobierno balear del PP elimina el requisito de saber catalán para el personal sanitario
El anterior Ejecutivo, presidido por la socialista Armengol, instauró la exigencia lingüística para acceder a la mayoría de las plazas
El Gobierno balear, presidido por el PP y con apoyo parlamentario de Vox, ha eliminado a través de un decreto ley la obligación de acreditar un nivel de conocimiento de la lengua catalana que tenía que cumplir hasta ahora el personal de la comunidad, un requisito que había instaurado el anterior Ejecutivo de PSOE, Podemos y Més per Mallorca. El objetivo es “captar nuevos profesionales sanitarios en las islas”. El Ejecutivo considera que ese requisito lingüístico, aprobado por el anterior Gobierno de la socialista Francina Armengol, supone un elemento disuasorio que contribuye a expulsar de las islas a muchos médicos y enfermeros. También ha aprobado un complemento económico para este colectivo, según ha anunciado este lunes la consejera de Salud, Manuela García. El PP balear admite que, además del factor de la lengua, hay otras razones de peso, como el elevado precio de la vivienda, que hacen difícil cubrir todas las plazas del sistema.
El Gobierno de Baleares, dirigido por Marga Prohens, ha dado luz verde a un decreto ley de medidas urgentes para captar y fidelizar a profesionales sanitarios en la comunidad, según indica el Ejecutivo en una nota de prensa. Este decreto establece que se regulan jurídicamente las zonas y especialidades de difícil cobertura y la posibilidad de declarar otras nuevas de muy difícil cobertura, vinculadas a un complemento de mejora retributiva, para garantizar la prestación del servicio sanitario. También elimina el requisito de conocimiento de catalán para acceder a los puestos de trabajo con funciones sanitarias del Servicio de Salud. La citada eliminación era una promesa electoral del PP compartida con Vox.
El anterior Gobierno de la socialista Francina Armengol aprobó en 2018 un decreto por el que daba dos años de plazo a los trabajadores de la sanidad pública balear para adquirir un determinado nivel de conocimiento del catalán como condición para conservar determinados derechos laborales y de promoción profesional. Se exigía un nivel de conocimiento intermedio (entre elemental y medio, el B2) a médicos y enfermeras, y un nivel B1 a auxiliares y otros profesionales. Sin embargo, el sindicato CSIF recurrió la medida al considerar que vulneraba la igualdad en el acceso al empleo público.
Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Baleares como el Tribunal Supremo anularon este decreto del Govern en 2021 y la medida quedó en suspenso. Un año después, el Ejecutivo balear lanzó el proceso de estabilización de plazas para la sanidad pública de las islas sin esa exigencia lingüística, alegando que un elevado porcentaje de estas plazas eran para cubrir puestos con una falta crónica y acuciante de personal. La Ley de Normalización Lingüística, según esgrimió el PSOE, permite eximir del conocimiento del idioma a las categorías deficitarias si hay riesgo de que la prestación asistencial resulte afectada por la falta de profesionales.
Més per Mallorca, socio nacionalista del PSOE en el Gobierno de las islas, criticó duramente la medida y amenazó con dimisiones si no se volvía a exigir el conocimiento del idioma para optar a una plaza pública. Armengol cedió y acordó exigir de nuevo el conocimiento del catalán para acceder a los puestos no deficitarios, reclamándolo finalmente para un total de 34 categorías profesionales (de un total de 40).
El Servicio de Salud comprobó que en la mayoría de las plazas sacadas a concurso había aspirantes suficientes con el conocimiento de catalán exigido, por lo que solo se eximió del requisito de la lengua a quienes optaron a la plazas de difícil cobertura. El Gobierno regional insistió en que, para estas plazas, el catalán no era un requisito, pero el personal quedaba obligado a conocer las dos lenguas oficiales, algo que se intentó garantizar mediante el acompañamiento lingüístico.
Difícil cobertura
Las plazas sanitarias de “difícil cobertura” son aquellas para las que, por razones de índole técnica o geográfica, es difícil encontrar profesionales que realicen el servicio. Para hacer atractivos estos lugares y zonas, la consejería crea ahora un complemento retributivo. En ese grupo entran los puestos del personal estatutario sanitario de las categorías A1 y A2 que trabajan en las áreas de salud de Menorca y de Ibiza y Formentera, aunque el Gobierno autonómico se reserva la capacidad de declarar nuevas plazas, zonas o funciones de muy difícil cobertura.
La resolución del Consell de Govern concretará las cuantías que tienen que percibir estos profesionales, así como la duración de la medida. Estas cantidades podrán llegar hasta un incremento máximo del 300% por encima del complemento actual, han apuntado desde el Ejecutivo.
En cuanto a la eliminación del requisito de conocimiento de catalán, la consejera ha explicado que su departamento procurará que, una vez dentro de la Administración, las personas que no tengan un determinado nivel de catalán puedan formarse o mejorarlo mediante cursos, para facilitar a los ciudadanos el derecho de utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales en sus relaciones con la Administración. También ha apuntado que los procedimientos de provisión de personal valorarán como mérito los diferentes niveles de conocimientos de catalán.
El portavoz autonómico, Antoni Costa, ha asegurado que el Ejecutivo balear trabaja “en todos los ámbitos” para captar y fidelizar a los profesionales sanitarios, con medidas en materia de vivienda. Ha añadido que el Govern considera el requisito lingüístico del catalán en la sanidad como un elemento disuasorio, “pero no es el único, ni mucho menos”. “Me atrevería a decir que la vivienda probablemente es más disuasoria [que el requisito del catalán]”, ha añadido después.
Requisito en Cataluña, mérito en la Comunidad Valenciana
En Cataluña, el catalán es un requisito para el personal sanitario que aspire a obtener una plaza pública. La Generalitat reclama el nivel C1 (alto) de catalán para médicos, enfermeras y auxiliares administrativos; y un B1 a los auxiliares de enfermería y celadores. Los residentes, personal interino y sustitutos, en cambio, están eximidos de cualquier acreditación cuando la contratación es directa del hospital. El Departamento de Salud defiende que entender el catalán es una “garantía” para atender “adecuadamente” a los usuarios que se expresan con él.
En el sistema educativo, el C1 también es un requisito para trabajar como maestro en la comunidad, pero el Ejecutivo de Pere Aragonès prevé reclamar el C2 (el nivel máximo) a partir del curso 2025-2026.
No existen requisitos, en cambio, en el ámbito judicial, aunque jueces que pretenden trabajar en Cataluña sí pueden acreditar el conocimiento de la lengua como un mérito si garantizan que tienen el nivel B2.
En la Comunidad Valenciana nunca se ha exigido a los sanitarios (médicos y enfermeros) el conocimiento del valenciano como un requisito, sino solo como un mérito. El anterior Gobierno de izquierdas (PSOE, Compomís y Unides Podem) sí aprobó hace dos años, en la Ley de Función Pública, que el conocimiento de la lengua cooficial era un requisito para acceder al resto de los puestos de trabajo de la Administración pública autonómica (es decir, en todos los ámbitos salvo el sanitario, en el que permanecía como mérito), en un modelo muy similar al aprobado por el PP en Galicia. Pero ese requisito lingüístico no ha llegado a entrar en vigor, porque no se ha llegado a aprobar el reglamento que debía desarrollarlo. Por tanto, el conocimiento del valenciano continúa siendo un mérito en todos los ámbitos. En cualquier caso, el nuevo Gobierno de coalición PP-Vox ha anunciado en diversas ocasiones que eliminará de la ley el requisito lingüístico.
