El Tribunal General de la UE frustra los planes de campaña de Puigdemont y deja en manos del Supremo la iniciativa para actuar contra el ‘expresident’
Llarena preguntará a la Fiscalía antes de lanzar una nueva euroorden contra los eurodiputados
La sentencia dictada este miércoles por el Tribunal General de la UE (TGUE) vuelve a poner sobre el alambre la situación judicial de Carles Puigdemont. En cuanto el Tribunal Supremo dicte una nueva orden europea de detención contra él, y a la espera del recurso anunciado ya por la defensa del expresidente catalán ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Puigdemont regresa al punto de partida en el que estaba antes de adquirir la condición de eurodiputado y, con ella, el blindaje de la inmunidad. Es decir, no puede moverse de Bélgica sin arriesgarse a ser detenido porque la euroorden regirá para toda Europa. Con una sola excepción: podrá viajar cuando se dirija al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regrese de este, lo que, según todas las fuentes consultadas, le exime de cualquier riesgo para asistir en particular a las sesiones en Estrasburgo (Francia).
La justicia europea ha dado este miércoles uno de los mayores golpes a los intereses de Puigdemont y a dos de sus exconsejeros en la Generalitat y ahora también eurodiputados, Toni Comín y Clara Ponsatí, desde que, en octubre de 2017, salieron de España rumbo a Bélgica tras saber que la Fiscalía se iba a querellar contra todo el Govern por la organización del referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración de independencia. Ahora, como entonces, la iniciativa vuelve a estar en poder de la justicia española que, a través del magistrado del Supremo Pablo Llarena, tiene que lanzar nuevas euroórdenes, ya que las anteriores quedaron sin efecto tras la reforma penal que derogó la sedición y modificó el delito de malversación. Una vez que el instructor del procés actúe, se iniciará un proceso en el que la justicia de Bélgica (país donde residen los tres eurodiputados) tendrá que pedir información a España sobre el caso y decidir si los entrega o no.
Llarena preguntará a la Fiscalía antes de actuar, como ha hecho en ocasiones anteriores cuando ha activado las euroórdenes contra los líderes independentistas. Previsiblemente, solo pedirá la entrega de dos eurodiputados, Puigdemont y Comín, porque la tercera, Clara Ponsatí, solo está procesada por desobediencia y ese delito no implica cárcel. En el caso de Puigdemont y Comín, las órdenes de detención se dictarán por malversación y desobediencia, ya que ambos estaban también procesados por sedición, pero este delito dejó de existir tras la reforma legal pactada entre el PSOE y ERC. El instructor del procés tiene además pendiente dictar una nueva orden de detención contra Lluís Puig, el único de los huidos a Bélgica que no es eurodiputado, y las fuentes consultadas señalan que podría hacerlo de forma simultánea.
No obstante, la pérdida de la inmunidad de Puigdemont no implica que este vaya a ser entregado próximamente a España, aunque acerca esa posibilidad. Llarena se ha topado ya en varias ocasiones con el muro de la justicia belga, un país muy reacio a entregar a delincuentes perseguidos por España y que ya impidió la entrega del propio Puigdemont antes de que hubiera sentencia sobre el procés. Pero el Supremo cuenta esta vez con dos apoyos jurídicos: la sentencia dictada este miércoles y la dictada por el TJUE —la instancia superior del sistema judicial europeo con sede en Luxemburgo— en enero pasado en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por Llarena. En esa ocasión, los jueces europeos limitaron las opciones de Bélgica de rechazar la entrega al advertirle de que solo puede hacerlo si constata de forma objetiva que el sistema judicial español tiene deficiencias sistémicas y existe riesgo real de que se vulneren los derechos fundamentales de los procesados. Y la existencia de esas deficiencias generalizadas en la justicia española fueron ya descartadas en una vista que se celebró en el TJUE en abril de 2022. “No existe un problema sistémico de Estado de derecho en España”, señaló entonces el abogado de la Comisión Europea, que advirtió que si “no hay deficiencias sistémicas o generalizadas, (...) será innecesario en la mayoría de los casos pasar a la segunda etapa del análisis”, en referencia a las consecuencias de esas deficiencias para el caso concreto de los líderes independentistas huidos.
La sentencia de este miércoles respalda también la actuación de la justicia española al concluir que no se persigue a Puigdemont, Comín y Ponsatí para dañar su actividad como diputados ni hubo intencionalidad política por parte del Tribunal Supremo al procesarlos. Por una parte, recuerda el TGUE, los hechos que se les atribuyen ocurrieron mucho antes (en 2017) de que adquirieran su condición de europarlamentarios (junio de 2019). “Fueron procesados el 21 de marzo de 2018, es decir, en un momento en que la adquisición de la condición de diputado europeo era hipotética”, recuerda el tribunal, que añade que ese procesamiento afectaba también a otras personas que no eran miembros del Parlamento. La sentencia confirma también la autonomía del Tribunal Supremo para actuar contra los líderes independentistas y descarta admitir, como pretendía la defensa de Puigdemont, que el alto tribunal no fuera competente para emitir el suplicatorio. “Al examinar un suplicatorio de suspensión de la inmunidad, no corresponde al Parlamento [Europeo] analizar la legalidad de los actos judiciales españoles, pues esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales”, argumenta el TGUE.
La justicia europea le recuerda al expresidente catalán que la inmunidad “no puede constituir un derecho fundamental reconocido a los diputados europeos, pues se concede exclusivamente en interés del Parlamento”. “La circunstancia de que una decisión de suspensión de la inmunidad modifica la situación jurídica del diputado en cuestión por el mero hecho de suprimir la protección que le confiere el Protocolo número 7 [el que regula la inmunidad], restableciendo, en lo que a él respecta, la condición de persona sujeta al Derecho común de los Estados miembros y exponiéndolo, sin necesidad de ninguna medida intermedia, a medidas previstas en ese Derecho común, en especial a la detención y a las actuaciones judiciales (...), es irrelevante a este respecto”, señala el TJUE.
La derrota de Puigdemont, no obstante, no es definitiva, porque su abogado ya ha anunciado que recurrirá ante el TJUE. Tiene dos meses y 10 días para presentar el recurso y va a pedir también medidas cautelares para que le devuelvan la inmunidad de forma temporal mientras se decide sobre el fondo del asunto, lo que suele llevar entre seis y ocho meses. Si el TJUE acepta la medida cautelar (como ya hizo mientras el TGUE deliberaba y redactaba la sentencia conocida este miércoles) el expresidente catalán recuperaría su blindaje y las euroórdenes volverían a quedar congeladas prácticamente hasta el final del mandato actual de la Eurocámara, tras las elecciones europeas de junio de 2024.
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